Constitución y desigualdad

Luis Linares Zapata

E

ste miércoles 5 de febrero, tanto el Congreso como el Ejecutivo federal y los partidos políticos que participaron en las recientes reformas legislativas (llamadas estructurales) deben una explicación a la nación. Y la deben porque recientes hallazgos apuntan, con claridad, no hacia una visión abarcante propia que las explique, sino a las exigencias de intereses concentradores dictados por las cúspides hegemónicas. El conjunto de cambios legislativos y de políticas públicas (austeridad) obedece, ciertamente, a una estrategia de los centros de poder mundial que los esparcen por doquier. Aquí en México encuentran gustosos aliados en el oficialismo local que los hacen, por completo, suyos. Una estrategia globalizada donde los intereses de la mayoría de los mexicanos no están considerados o, mejor dicho, son, en efecto, contrariados. Así como la Constitución de 1917 respondió a las pulsiones revolucionarias de carácter social, la nueva que emerge hoy en día no encuentra el envolvente requerido que la haga aceptable al ciudadano.

Los retoques efectuados a la Constitución de 1917 durante los últimos 30 años la han trastocado por completo. El pacto político que la hizo posible se ha desdibujado de arriba abajo. La nueva Constitución, sin embargo, carece de ese referente que la sostenga y le dé sentido colectivo. Los cambios sufridos no han sido menores. Tocan los aspectos neurálgicos que daban coherencia e integralidad a la de 17. En este nuevo ensayo se afectaron los temas agrarios (ejido), los educativos (tercero), los del trabajo (123), las relaciones con las iglesias y, sin tapujos, se eliminaron las condicionantes a la intervención privada (artículo 27) en el importante campo de la energía. Respecto a las leyes para regular las telecomunicaciones, la alharaca inicial aprobatoria devendrá, en las leyes secundarias en proceso, en protecciones a la indudable concentración actual. También se sospecha que se incluirá una trabazón de normas para condicionar a los nuevos postulantes que pretendan las dos cadenas por licitar. Además, a la intentona de modificar, aunque sea levemente, los muchos privilegios fiscales del gran capital, seguirá, como ya se han iniciado, una serie de disculpas, compensaciones y arrepentimientos oficiales por las afectaciones reclamadas por los patrones.

La reciente publicación de Oxfam, rigurosa organización dedicada a estudiar las desigualdades, no ha recibido la atención debida. Es explicable el silencio que los medios de comunicación imponen a los datos y las conclusiones que ahí se establecen en atención a sus propietarios. Pero los estudios no dejan lugar a dudas sobre la perversa concentración de la riqueza en el mundo. Baste decir que el 1 por ciento de la población acapara la mitad de ella y la otra mitad se reparte entre el 99 por ciento restante. Para que tal aberración sea factible hay que destacar otro de los resultados que publica Oxfam: 65 por ciento de los trabajadores estadunidenses consideran que su Congreso aprueba leyes que benefician a los más ricos. En otra encuesta, esta aplicada en varios países (España, Brasil, India, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos), se concluye que la gran mayoría de sus habitantes afirma que las leyes son hechas para favorecer a los más ricos. Ni para dónde hacerse con las evidencias publicadas. La captura de las instituciones que rigen los destinos de los diversos países por parte de las élites económicas es total. Pocos, contados, son los regímenes de gobierno que escapan a la situación en que la desigualdad no sólo campea, sino que se ensancha. Si acaso Dinamarca o China y, durante la década pasada, aparecen algunas naciones de Sudamérica que han reducido las terribles desigualdades que los afectan. El resto cae bajo el dominio de ese uno por ciento que no ceja en el empeño de agrandar sus privilegios y riquezas. La nueva Constitución que viene dibujando la élite neoliberal mexicana tiene como motivo esencial resguardar a tales miembros de la sociedad y agrandar su participación en el reparto de los bienes y las oportunidades. Los datos que se irán encontrando en el futuro no harán sino confirmar esa inocultable pretensión.

La concomitante aberración será el incremento de la pobreza.