Ostula también es Michoacán

Magdalena Gómez

L

a campaña oficial en curso que tiene aparentemente en Michoacán su centro de operaciones, adolece de distorsiones básicas. No sólo intenta sin éxito suplir la carencia de un proyecto nacional de combate al llamado crimen organizado, sino que privilegia una región de la entidad y olvida a otras que, como Santa María Ostula, son parte de la misma. Así, se opera sobre un concepto de autodefensas que tiende a uniformar lo que es diverso y coloca en sus orígenes y composición una visión que no se compadece de las auténticas policías comunitarias surgidas al calor de un Ya Basta definido en asambleas del pueblo. Si de parte federal se pasa por encima del poder constituido en Michoacán, a cuya reiterada conformidad con tal invasión de facultades, se suma ahora la aceptación implícita de una regionalización del conflicto, que en los hechos delinea la clásica fórmula de la autodefensa buena y la autodefensa mala.

Viene al caso tal situación ante las recientes declaraciones desde el proyecto autonómico en Cherán y con mayor razón el llamado enérgico desde Ostula, que demanda solidaridad externa, pues en la entidad la mirada y el énfasis están en otro lado.

Desde el 26 de julio de 2008 se emprendió una lucha por el respeto a la propiedad comunal de la tierra de Santa María Ostula, Michoacán. Un año después del enfrentamiento con pequeños propietarios y sus pistoleros, el 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula lograron la recuperación de mil 300 hectáreas de las que agricultores y ganaderos mestizos los habían despojado a lo largo de 40 años. Dos semanas antes, el 13 y 14 de junio, fue promulgado el Manifiesto de Ostula,aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena. En él se anotó que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Por ello, reivindica que los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales, y de su cultura y sus territorios.

El saldo de la resistencia comunal se mide en el número de asesinatos impunes, inclusive de autoridades de la encargatura o integrantes de la policía comunitaria. Se truncó el proceso de negociación con el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria y se impuso la violencia, mientras continúa un juicio agrario. Estos días, los comuneros decidieron hacerse presentes y el pasado 8 de febrero, coordinados con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera municipal de Aquila, tomaron el control de la tenencia de Ostula en contra de los grupos del crimen organizado que desde finales de 2011 asolaban la región, a pesar de la fuerte presencia de destacamentos de la Marina Armada de México a lo largo de toda la costa michoacana. Dos días después, el Ejército Mexicano desarmó a la Policía Comunitaria de Ostula y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, ante lo cual reaccionaron logrando negociar la devolución de sus armas. El 13 de febrero, con la presencia de más de mil 200 comuneros, la Asamblea General de Santa María Ostula y sus 23 encargaturas, máxima instancia de decisión comunal, resolvió reorganizar su policía comunitaria y nombró comandante general al comunero Semeí Verdía; en un contexto de amenazas de policías ministeriales.

El proceso descrito nos muestra la experiencia de organización comunitaria contra el despojo, similar a otras regiones del país, dónde la creación de la policía comunitaria se constituye en un mecanismo que expresa la necesidad de garantizar el respeto a sus derechos históricos, que han sido violentados sin que el Estado dé cuenta de su garantía.

Por otra parte, Ostula coloca de nueva cuenta la necesidad de la defensa territorial, cuya dimensión, como sabemos, se elude actualmente en la Constitución, de manera que la tradicional vía agraria, con sus claroscuros, sigue siendo el muy largo camino que los pueblos transitan con su vocación histórica por la legalidad. Así se organizan para defenderse igual en tribunales que en espacios interamericanos, pero a la vez se ven obligados a crear su policía comunitaria. Es ciertamente muy alto el costo que han pagado y por ello lanzan al Estado el desafío de que restablezca el estado de derecho en toda la entidad michoacana y evite colocar en el mismo saco a las autodefensas que a las policías comunitarias que responden a una lucha en defensa de su autonomía como pueblos. No hay muchos motivos para esperar un viraje de fondo desde el Estado, pues estamos rodeados de despropósitos, ante la complejidad de las luchas de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios, realizarán un foro sobre la llamada armonización legislativa.