México SA

El rosario de Larrea

Comisión quedó corta

Solución económica

Carlos Fernández-Vega

C

on todas las pruebas en la mano para proceder de forma contundente, al final de cuentas los diputados sólo se animaron a desnudar las viejas cuan nefastas prácticas de Germán Larrea y su Grupo México, y lo que en un principio manejaron como una exigencia del Legislativo, a la hora de las decisiones simplemente se convirtió en un llamado a la autoridad para que ésta proceda a suspender actividades en Buenavista del Cobre y evalúe cancelar la concesión otorgada a ese corporativo depredador.

Es decir, para corregir la funesta conducta de la citada empresa y su dueño (cuyo filósofo de cabecera es William Cornell Greene), los diputados no encontraron mejor fórmula que hacer un llamado a la misma autoridad que la ha solapado a lo largo de los años, que le ha permitido violar de manera permanente las leyes ambientales, laborales y sanitarias, que sin chistar le renueva y/o incrementa las concesiones federales y que le amplía su campo de negocios, como en el reciente caso del petróleo.

Entonces, no parece el mejor de los resultados, porque la comisión especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi sólo descubrió el hilo negro y encuerólas reprobables prácticas de Germán Larrea y su Grupo México (y de muchas otras empresas del ramo), las mismas que de tiempo atrás son conocidas y padecidas no sólo por los habitantes y trabajadores mineros de Cananea, sino por todos aquellos que hayan cometido el pecado de morar o laborar en las zonas de la República en donde ese corporativo tiene intereses, y son muchas y muchos.

El informe elaborado por la citada comisión de kilométrico nombre es un rosario de acusaciones en contra de Grupo México, quien vulneró cerca de 30 leyes de conservación ecológica y ambiental, así como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral para América del Norte, y las 46 NOM (Norma Oficial Mexicana) expedidas por Semarnat en materia de Cuidado de Aguas Residuales, Prevención de Contaminación de Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales, así como de Control de Residuos Peligrosos, entre otros.

Por si fuera poco, “Grupo México se condujo con falsedad desde un primer momento… no ha realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre… el tubo (…) delcual emanaba la sustancia (tóxica) derramada no ha sido arreglado… la mina no debe estar en operación, pues no se tiene certeza de dónde se están depositando los desechos tóxicos… Las condiciones observadas dentro de la mina, las plantas procesadoras y las prácticas de trabajo reportadas (…) muestran una clara situación en la que el lugar de trabajo está llevándose deliberadamente hacia el colapso”.

Además, “la falta de mantenimiento preventivo, fallas en la reparación de equipos y corrección de peligros visibles, y una falta obvia de prácticas de limpieza han creado un lugar de trabajo en el que los trabajadores se ven expuestos a altos niveles de polvo tóxico y vapores ácidos, a operación de equipos sin suficiente mantenimiento, y a trabajar simplemente en un ambiente peligroso… No existen las condiciones técnicas, de responsabilidad estricta y de conducta preventiva y de restauración, por parte del causante del derrame para que reanude sus operaciones en su totalidad, por lo que la suspensión de actividades de Buenavista del Cobre debe ser inmediata”.

Eso y mucho más, en el entendido de que el estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales. La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses. La empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre SA de CV, lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región. También incumple con los derechos laborales establecidos en la Constitución, pues así lo pone de manifiesto el conflicto laboral con la Sección 65 del Sindicato (nacional de mineros) y la restricción de la mina para contratar a trabajadores de Cananea y/o ligados a ex trabajadores miembros de la sección sindical 65.

Un rosario, pues, pero parece que a los diputados no les alcanzó para exigir el retiro de la concesión y actuar en consecuencia en el peor desastre ambiental de la industria minera del país (Guerra Abud dixit)”. En cambio, como en el gobierno federal, los legisladores encontraron una solución meramente monetaria: la creación de un fondo de desarrollo regional, solventado por la empresa, que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora (salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividadesproductivas y económicas) como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad.

Dicho fondo. Detalla el informe, sería independiente del fideicomiso anunciado por el gobierno federal, con cargo a GrupoMéxico, por 2 mil millones de pesos.

El problema es que la advertencia de la citada comisión se limita a una entidad de la República (el estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales. La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses), cuando en los hechos se registra a lo largo y ancho de la geografía nacional.

De ello da idea un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que explica de qué se trata todo esto: durante el periodo 2007-2012 (Felipe Calderón en Los Pinos) los ingresos por derechos sobre minería registraron un monto de 15 mil 231millones de pesos, lo que representó 2.2 por ciento en relación con el valor de la producción minera de 693 mil 67 millones de pesos.

Lo anterior se traduce en que por cada dólar que produce el negocio de la minería en el país, las arcas nacionales a duras penas obtienen dos centavos. Y México es un país con enorme riqueza minera, pero ni sus habitantes ni el erario obtienen mayor beneficio. En cambio, entre los mexicanos marca Forbes los cuatro primeros lugares corresponden a empresarios de la minería (entre otras riquezas acaparadas).

Las rebanadas del pastel

Pero bueno, ¿en serio los legisladores creen que con su informe la autoridad hará algo al respecto y Grupo México dejará de contaminar?

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