La constitución y el agua

Bernardo Bátiz V.

T

odavía hay incertidumbre sobre cuál será el desenlace del proceso para elaborar y poner en vigor una constitución para la Ciudad de México, el camino ha sido difícil, tortuoso, cuesta arriba. Un repaso de lo que ha sucedido no deja dudas sobre las dificultades; primero, la asamblea no es nítidamente democrática ni en su totalidad está integrada por representantes populares. Sesenta electos se sientan a la mesa, debaten, pugnan, hablan y suben y bajan al lado de 40 designados.

Otra realidad que se impuso es que los partidos que en un momento triste de la historia reciente firmaron el llamado Pacto por México coincidieron en aislar a los 22 de Morena en la parte alta del salón de sesiones que hemos denominado La Montaña. El trabajo propiamente legislativo ha tenido también alguna mancha; se exige una mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes para tomar una decisión válida, con lo cual, partidos que cuentan con un apoyo popular minoritario, por tener en sus bancadas ademas de diputados electos otros no electos, gozan de un poder de veto que es evidentemente inequitativo, están sobrerrepresentados.

Se adoptó un mecanismo complicado para el trabajo en comisiones y se fijó un plazo caprichoso para la conclusión del documento. No sabemos aún en qué acabará la constitución; es evidente que el tiempo fijado con torpeza no es suficiente, también se rumora que hay quienes quisieran estorbar su aprobación; a pesar de todo ello y sorteando todos estos obstáculos la redacción del texto va quedando y algunos avances son indudables.

La constitución, desde luego, no será para siempre y para todos un documento prístino; en algún momento requerirá de afinaciones o reformas; no será como un poeta describió a la patria impecable y diamantina, su texto es el resultado de trabajos de un grupo heterogéneo, de origen partidista diferente, mujeres y hombres, jóvenes y viejos; las convicciones políticas y los puntos de vista son muy variados, pero si se concluye será la ley suprema de la ciudad y contendrá derechos civiles, sociales y políticos para los gobernados y organizará los poderes de la nueva entidad. Para cada uno de los que están construyéndola algo será muy bueno y algo no tanto; desde fuera será elogiada o criticada, según criterios e intereses de los que la juzguen.

Todo será puesto en tela de juicio y tendrá que pasar por la piedra de toque de su aplicación, entonces se verá más claro, surgirán, ya han surgido, las polémicas. Pongo el ejemplo del agua. Para algunos ha sido un gran avance; se logró que por primera vez en una constitución se defina que no puede ser privatizada y que es un bien público, dentro del texto quedó la prohibición de que sea una mercancía y se le considera un derecho. Sin embargo, para otros críticos los artículos referentes al líquido vital se quedaron cortos y podrían haber sido más contundentes.

Para mí y para muchos de mis compañeros y compañeras se trata de un gran logro; el agua es nuestra, la recibimos del cielo a través de la lluvia, brota de los manantiales y se almacena en las presas; para otros, nos quedamos cortos y debimos exigir más, lo malo es que no legislamos en forma individual, sino que constituimos un complicado colectivo en el que cada cabeza es un mundo.

Para que se vea objetivamente lo que se logró transcribo las disposiciones que se refieren al agua, que según González Martínez y la física más elemental, toma siempre la forma de los vasos que la contienen y, según la biología, representa un alto porcentaje de nuestro ser material.

Los dos textos claves son los siguientes, los transcribo para que cada lector o cada persona interesada emita su propio juicio.

En el artículo 14, denominado Ciudad solidaria, inciso F, numeral 3, quedó aprobado lo siguiente: El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

En el artículo 21, denominado Ordenamiento territorial, en el inciso B, tituladoGestión sustentable del agua, numeral 4, se asentó lo siguiente: El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.

Eso es lo que dirá la constitución, si logramos que se expida. La duda será: ¿pudiéramos haber logrado algo más? Sí, si la hubiéramos elaborado sólo los que pensamos igual. Por lo pronto, quedaron puntos fundamentales; el servicio no podrá ser privatizado, los principales servicios públicos relacionados con ella serán prestados por el gobierno de la ciudad y la gestión del agua no tendrá fines de lucro. No digo más.

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