México SA

Trump agrede a México

Respuesta en silencio

Unidad para el olvido

Carlos Fernández-Vega

C

omo si se tratara de un asunto trivial, de un tema intrascendente en la de por sí complicada relación México-Estados Unidos, el inquilino de Los Pinosacordó (versión oficial) con el energúmeno que despacha en la Casa Blanca no hablar más en público del muro fronterizo (y muchas cosas más), cuya construcción ya fue ordenada por Donald Trump.

México vive uno de los momentos más tensos en la historia bilateral, con graves riesgos para la soberanía y la seguridad nacionales, pero Peña Nieto acordó atender en silencio tan delicada situación, totalmente apartado de los reflectores y la rendición de cuentas, como si los mexicanos no tuvieran el derecho de saber, puntualmente, cómo y de qué forma intentará resolver el entuerto y doblegar a quien en apenas una semana le propinó tremenda paliza.

En lo oscurito, pues, pero eso sí, el inquilino de Los Pinos y sus aduladores exigen a los mexicanos un patriotero pacto de unidad (un cheque en blanco y borrón de memoria) para que Peña Nieto mágicamente resuelva la crisis bilateral. Pero no sólo es el muro. Trump ha dejado en claro que el migratorio es un asunto de seguridad nacional, y con ese pretexto intenta arrasar a propios y extraños, comenzando por los mexicanos.

Hasta ahora la respuesta pública del gobierno peñanietista ha sido inversamente proporcional a la feroz embestida de Trump. El resultado ha sido catastrófico para el inquilino de Los Pinos, que se suma al tétrico balance de sus cuatro años de estancia en la residencia oficial. Es previsible lo que vendrá, con o sin pacto de unidad.

En vía de mientras, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer analizó (Juan José Li Ng y Carlos Serrano) el tema que ahora desde Los Pinos pretenden mantener en silencio, y de sus resultados se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

La construcción del muro fronterizo es la prioridad migratoria. El presidente Trump pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que de forma inmediata se realicen pasos para planear, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera con México. Sin duda, su construcción fue una de las principales promesas de campaña, la cual pretende cumplir.

Ordenó al DHS que identifique y reasigne recursos federales para destinarlos al muro fronterizo, y que en las solicitudes presupuestales para los años subsecuentes se incluyan partidas para esta obra. Adicionalmente, pidió un estudio sobre la situación actual de la seguridad en la frontera de México con Estados Unidos, que permita tener un mejor panorama para la implementación y construcción del muro. Trump reiteró que México, de forma directa o indirecta, va terminar pagando al 100 por ciento la construcción.

La orden ejecutiva solicita a los secretarios de Estado entregar al presidente en un máximo de 60 días un reporte que integre todos los apoyos directos e indirectos que recibe y ha recibido México de Estados Unidos durante los últimos cinco años. Consideramos que la cuantificación de estos apoyos tiene como finalidad reasignar una parte importante de estos recursos para el financiamiento del muro y así argumentar que México estará pagando por esta obra. Uno de los apoyos directos más importantes es el que otorga la agencia USAID. Entre 2011 y 2015 Estados Unidos autorizó mil 979 millones de dólares de ayuda a México, de los cuales se ejercieron mil 596 millones.

Sujeto a la disponibilidad de recursos económicos Trump busca contratar 5 mil agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza y así reforzar las acciones de vigilancia y detención de migrantes no documentados en la frontera México-Estados Unidos. En 2016 la Patrulla Fronteriza contaba con cerca de 20 mil agentes; la adición de 5 mil representaría un crecimiento de 25 por ciento en su plantilla laboral.

Adicionalmente, se contratará a 10 mil oficiales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de buscar, investigar y detener a migrantes no documentados en el interior del país. Estos oficiales son los principales responsables de la separación de familias y de la deportación de migrantes con más años de arraigo en Estados Unidos. El ICE tiene un estimado de 5 mil oficiales de migración, por lo que este decreto triplicaría el tamaño de su personal.

Hasta donde las leyes lo permitan, se facultará a los estados y autoridades locales en Estados Unidos para que puedan realizar las funciones de los oficiales migratorios. Así, las autoridades estatales y locales, con consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), podrán realizar actividades de investigación, aprehensión y detención de extranjeros, siendo esas acciones adicionales y no sustitutas de las que obligadamente realiza el nivel federal.

En una primera instancia, dentro de lo que permiten las leyes, la orden ejecutiva busca limitar las aportaciones y recursos federales a aquellos agentes (estados, ciudades, universidades, organizaciones, etcétera) que abiertamente protegen a los migrantes no documentados. Deja a cargo del DSN la discreción de poder indicar cuáles son las jurisdicciones santuario para los migrantes no documentados.

Se reinstala el programa migratorio de Comunidades Seguras. Este programa permite que el ICE tenga la información de los datos biométricos de todas las personas que se encuentran en algún centro de detención o cárcel en Estados Unidos. Ante la sospecha de que alguna persona puede estar en situación migratoria irregular, la autoridad migratoria puede iniciar las averiguaciones y, de proceder, realizar la deportación.

Se realizará una mejor revisión de las solicitudes y se aplicarán criterios más estrictos para otorgar asilo, aunque no se detalla si habrá restricciones o cuotas al respecto. Actualmente, en Tijuana se encuentran varados miles de migrantes haitianos que esperan turno para presentar su solicitud de asilo ante los oficiales de migración estadunidenses. Al parecer no se observan cambios significativos en la política vigente de Estados Unidos respecto a este asunto.

De forma similar, se aplicará mayor rigor en el análisis de la condición de los menores migrantes no acompañados que se acogen a la ley Willian Wilberforce sobre protección de trata de personas. Se asignará más personal y recursos para acelerar los juicios de deportación, de solicitud de asilo y la resolución de casos de menores migrantes no acompañados.

Y lo que falta. Todo en lo oscurito.

Las rebanadas del pastel

De plano no tienen remedio: Virgilio Andrade, el fallido quitamanchas de la casa blanca (la de aquí), reaparece como director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

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