Palabras de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila
Boletín 00-051
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Ciudad de México, 29 de enero de 2018.- Palabras de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, durante la presentación: el Plan Nacional para la Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y Democracia.
Buen día a todas y todos.
Señor, licenciado Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional.
Integrantes del presídium. Amigas y amigos, respetable auditorio, muchas gracias nuevamente como lo ha dicho don Andrés Manuel a los medios de comunicación por su presencia.
Celebro encontrarnos aquí, con motivo del Plan Nacional para la Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y a la Democracia.
Nuestra sociedad se encuentra sedienta de justicia, se encuentra quebrantada por haberse vulnerado su bienestar y su tranquilidad. Actualmente pasamos por un momento en el que la delincuencia, la corrupción y la impunidad se han desbordado.
Nos corresponde a todos procurar un régimen en el que se respete a las instituciones, un régimen en el que se respete el Estado de Derecho, y como lo acaba de decir don Andrés Manuel, Estado Constitucional Social Democrático de Derecho, para así garantizar, porque solo así se garantizan las condiciones que permitan el óptimo desarrollo político, social y económico de nuestro querido país, a través de la configuración de alternativas que permitan alcanzar este objetivo y este accionar que debe de guardar, por cierto, congruencia con el propio sistema jurídico del que emana a través del equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y las acciones de gobierno, siempre dentro del marco de la Constitución y de las leyes.
Necesitamos un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho ¿para qué? Un Estado de Derecho para la libertad, en el que la libertad sea el pilar de nuestra sociedad, sea el motor del sistema político, social y económico, porque sin libertad, no habrá Estado de Derecho.
Libertad en todos los ámbitos: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad de credo, libertad para ejercer el voto.
Un Estado que garantiza las libertades, es un Estado promotor del pluralismo, de la inclusión, del respeto al otro, de la tolerancia, necesitamos un Estado de Derecho para ser realidad el principio de la igualdad, pero no solamente de esa igualdad exaltada como valor democrático que generalmente se ha entendido como igualdad ante la ley, sino de una igualdad que rompa con el esquema que hace corresponder una creciente concentración política y una creciente concentración económica.
Una igualdad que encare los retos de una sociedad plural, y voy más allá, necesitamos una igualdad material que rompa con los estereotipos y avance en el principio de la no discriminación e inclusión social.
Necesitamos un Estado de Derecho para garantizar un régimen de derechos humanos en el que su protección y promoción no se agote en el ámbito interno, sino trabajar también para su desarrollo en el ámbito internacional, derribando fronteras, a través de nuestras embajadas y consulados, en la protección da los derechos de nuestros connacionales.
Necesitamos un Estado de Derecho que termine de una vez, por todas, con la corrupción. Las mediciones internacionales sobre la percepción de la corrupción, posicionan a México como uno de los países más corruptos del mundo y en Latinoamérica, encabeza desafortunada y deshonrosa lista.
Para ningún mexicano es desconocido que el daño causado por la corrupción no es solo de índole económico; el cálculo anual que particulares y empresas destinan para actos de corrupción oscilan en los 37 mil millones de pesos, según un estudio de “México Evalúa”.
Eso sin considerar, los negocios que al amparo del poder público, se realizan, día a día, en conductas relacionadas con licitaciones públicas y asignaciones directas o a través de empresas fantasmas.
El quebranto al erario no sólo representa una afectación a las finanzas, no sólo se configuran conductas ilícitas y delitos, sino que el daño social que provoca, es irreparable, el desvío de recursos públicos para beneficios personales ha agraviado a los beneficiarios de programas sociales, de salud, de educación, de cultura, de deporte, a los programas de capacitación, a la seguridad social, a la estructura laboral y a los salarios en general, además de lo mucho que se ha afectado a la inversión tanto privada como extranjera.
La corrupción nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida: la corrupción es el jinete apocalíptico que cabalga las desventuras políticas, económicas y sociales en nuestro amado país.
La vigilancia del gasto público, es un tema que fortalecer, porque la Ley de Egresos establece los fundamentos en los que se planea ejercer el presupuesto anual para las dependencias federales y locales, pero también para las entidades federativas, sin embargo la Secretaría de Hacienda, de manera discrecional, calcula –cuantitativa y cualitativamente- los recursos presupuestables y a qué ramo serán destinados, pero lo grave es que en muchos de los casos, una vez recibidos por las entidades federativas, por los Poderes públicos y órganos de gobierno estos pueden, como han sucedido en los escándalos más relevantes de corrupción, desviar os recursos para fines completamente distintos, sin ningún tipo de sanción para sus infractores.
La Auditoria Superior de la Federación se ha visto rebasada en su labor de auditoria frente a la inacción de la Procuraduría General de la República. Son decenas de gobiernos locales que han realizado diversas conductas ilícitas, distrayendo el dinero de los mexicanos para fines personales o de índole político electoral.
Se repite hasta el cansancio el discurso de una guerra contra la corrupción, pero en los hechos la gente percibe riqueza mal habida, soberbia enaltecida por el despilfarro público. La lucha contra la corrupción, en múltiples ocasiones, ha sido una simulación que empaña cualquier esfuerzo institucional.
La Fiscalía General de la República tiene que ser una prioridad en la agenda republicana. Nunca más utilizar a la justicia como un arma de persecución política, sino una Fiscalía General autónoma, independiente, independiente precisamente del Ejecutivo Federal –-tal y como lo mandata el artículo 102 apartado A de nuestra Constitución- tiene que ser un órgano del equilibrio del poder, con todas las facultades legales para que con su operación, la población se sepa representada y vuelva a creer en la procuración de justicia y en las instituciones porque, como órgano de representación social que es, debe de luchar contra el abuso de los poderoso, beneficiarios de la impunidad y de la corrupción, y contra de los criminales que acechan a la sociedad.
Una Fiscalía, no como una institución justiciera, sino como una Fiscalía al servicio de la igualdad, de la equidad, de la no discriminación, de la transparencia, de la, pero principalmente debe ser una institución que respete los derechos humanos de todos los mexicanos.
Necesitamos un Estado de Derecho para que nuestro sistema de justicia penal sea un pacto federal para continuar propiciando el principio de presunción de inocencia, de debido proceso, de la garantía de audiencia, de legalidad, con los que se abatan la frustración, desesperación de las víctimas por la ausencia de justicia.
Requerimos ministerios públicos altamente capacitados, una auténtica policía investigadora que persiga los delitos con profesionalismo y certeza para que la procuración de justicia sea pronta y expedita.
Los servidores públicos de la Fiscalía deben regirse como la mandata la Constitución por los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez y de respeto a los derechos humanos, siendo responsables de toda la falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones como lo mandata nuestra Constitución.
Necesitamos un Estado de Derecho para resolver, de fondo, el problema carcelario en el país que nadie ha volteado a ver. Los procesados y sentenciados internos del Sistema Penitenciario Nacional están en el absoluto abandono. No existe en México la readaptación, y mucho menos la reinserción social; la corrupción produce muchos otros delitos al interior de los centros de reclusión.
Necesitamos un Estado de Derecho que retome los causes de la legalidad, los principios de igualdad y de libertad fundados en la ley, requieren de una creciente capacidad del Estado para imponer la legalidad. El principio de legalidad significa el respeto irrestricto a la ley, de lo contrario tendremos una puesta escenográfica de autoritarismo disfrazado de democracia.
Necesitamos una Estado de Derecho para contar con una auténtica democracia republicana y confianza institucional. Porque somos una República representativa, democrática, laica y federal como lo señala el artículo 40 de nuestra Constitución Federal, en donde el poder recae en el pueblo, que mediante su voto elige libremente a quien lo representará.
Nuestra democracia debe de estar en contra del fascismo, de los regímenes dictatoriales y de los gobiernos autoritarios, porque es a través de esta representación en los Poderes público y en las instituciones en que el pueblo toma sus decisiones, y en ello, no hay nada de populismo; todo lo contrario, hay republicanismo, República, como en Roma “res”-publica, la cosa pública, en donde todos participamos democráticamente eligiendo a nuestro gobierno.
Requerimos fortalecer y renovar nuestras instituciones. De ahí que las instituciones cumplan con la obligación de transparentar su actuación, de actuar de cara a la sociedad, a la que se deben, de rendir cuentas de los recursos de que disponen de proporcionar la información a los ciudadanos – y esto lo considero muy importante- para el escrutinio público de cada una de ellas.
Porque la información y la rendición de cuentas, generan confianza. Sin la confianza de las personas cualquier cambio institucional, cualquier transformación democrática, cualquier acción de gobierno, por más disfraz de legitimidad que tenga, vendrá a ser un mero acto panfletario, ideologizante y populista.
Necesitamos un Estado de Derecho con instituciones fuertes e independientes en el campo de la administración de justicia.
Las instituciones del sistema de justicia deben de velar por la transparencia, así como el esfuerzo constante para hacer que las personas tengan esperanza en sus juzgadores, y reconocer, en ellos las cualidades apropiadas para el desempeño del honroso cargo de juzgar.
La justicia debe ofrecer algo más que un método de resolución de conflictos, algo más que un medio para dirimir controversias: debe volverse escucha del pueblo, pues urge, sin lugar a dudas, volver a los tribunales verdaderos órganos de atención ciudadana que escuchen las justas quejas de la población y la defiendan contra el arbitrario.
La justicia constituye, hoy más que nunca, la base de un orden social duradero. Debemos avanzar en el fortalecimiento de los derechos humanos de la víctima, considerando que son la parte más débil de nuestro sistema penal y que por ello, el Estado tiene la obligación de prestarle apoyo total y protección inmediata, a fin de garantizar sus derechos, como de manera categórica lo establece nuestra Constitución.
Necesitamos que nuestro sistema de justicia penal, sea realmente garantista, en el que se respeten tanto los derechos de la víctima, como los del inculpado, partiendo de la presunción de inocencia de este último, que fomente a favor de éstos el acceso a la justicia, como signo de seguridad jurídica.
A los jueces les corresponde transformar el sistema de impartición de justicia basado en la protección de los derechos humanos, asumir una función realmente jurisdiccional. Tomar una postura garantista y no de meros aplicadores de la ley. Los jueces deben ser juristas, técnicos, pero principalmente agentes de la paz social y de la convivencia.
Porque la justicia, la justicia se construye en cada juicio, en cada momento de reflexión y en cada pausa que dé a la resolución de los asuntos; en los pequeños detalles que constituyen la singularidad del caso, en cada pequeña batalla ganada contra la injusticia.
Con absoluto respeto, el juez tiene que ver en el justiciable, a ese ser humano, que acude deseoso, sediento de resolver un problema que podríamos estar viviendo alguno de nosotros.
La violencia desenfrenada, la inseguridad y la corrupción, son los temas que más nos preocupan como mexicanos, pero todos tienen un nexo entre sí: los tres son producto de la impunidad.
Los tres suceden cotidianamente, porque el Estado de Derecho está fragmentado, la legalidad no forma parte del ejercicio del poder, por el contrario, en muchas regiones del país, los criminales han controlado las comunidades y las poblaciones enteras, se ve a la extorsión como forma de vida, al secuestro como sinónimo de la incertidumbre y del azar.
¿Cuántas personas han hechos fortunas ilícitamente? ¿Cuántas generaciones han aprendido estas conductas? ¿Cómo desterrar a la violencia y la inseguridad con instituciones débiles y corruptas?
Hay esperanza. Retomemos la cultura de la legalidad desde la infancia, pero sobre todo don Andrés el ejemplo del líder, las conductas desde la cúspide piramidal, se imitan, se derraman función de la ley gravitacional.
Debemos plantearnos un nuevo escenario nacional donde la cultura de la legalidad prevalezca e impacte en beneficio de la armonía, la paz social y la efectiva función de la seguridad, para que éstas tengan identificación en todos los planos de la sociedad, para que así, individualmente, los acoplemos en cada uno de los ámbitos que como personas y ciudadanos, nos corresponde participar.
En el contexto de las necesidades sociales, se deben atender las exigencias que la realidad nos demanda, conforma a los imperativos legales y constitucionales, porque solamente así, podremos llegar a la mejora de lo social y a la paz que tanto anhelamos.
México es un país lleno de riquezas naturales, sociales y culturales, pero lo más valioso es su gente, su capital humano; no podemos afectar el prestigio de ser mexicanos en el extranjero, no debemos permitir que el país se nos escape de las manos y permitir que los malos servidores públicos se sigan enriqueciendo de él.
Defendamos la patria mano a mano, en paz, pero con energía. Muchas gracias.
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