Sábado 2 de marzo de 2019, Ciudad de México. El gobierno federal inició con la apertura de 90 años de expedientes sobre persecuciones políticas, violaciones a derechos humanos y actos de corrupción de las extintas Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En nombre del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas de persecución del “régimen autoritario pasado” que, dijo, limitaba las libertades, perseguía a luchadores sociales y “estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía”.
Manifestó que esta acción es en homenaje a esas víctimas, a quienes “siempre recordaremos con mucho respeto, más a los que fueron asesinados... No vamos a callarnos, ni vamos a solapar actos autoritarios, represivos, todo eso se termina”, subrayó en su conferencia de prensa matutina.
Con las reservas de la ley para la protección de los derechos humanos, datos personales y por procesos judiciales en curso, en una primera etapa podrán ser consultados los documentos –de 1985 para atrás– clasificados como confidenciales y de seguridad nacional que durante años custodió, bajo estrictas medidas de seguridad, el desaparecido Cisen en el Archivo General de la Nación (AGN). Ni el director de la institución ubicada en el Palacio de Lecumberri podía acceder a ellos.
Posteriormente, se darán a conocer los archivos que las dependencias federales, incluidas las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, entreguen al AGN, debidamente clasificados, conforme a los lineamientos que se informarán antes de un mes. En Palacio Nacional, el Presidente instruyó al director del Archivo, Carlos Ruiz Abreu, que la próxima semana se abra su expediente sobre el espionaje de que fue objeto.
“No va a quedar ningún archivo secreto” en la memoria histórica, aseguró, y al hacer referencia a la participación de las fuerzas armadas en los hechos de 1968, recordó que éstas se ciñen a las órdenes del Presidente. En su momento, sostuvo, Gustavo Díaz Ordaz lo aceptó y “hay testimonios de que antes del Ejército, la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial”.
Reveló que en documentos de dirigentes sociales aparece que los policías tenían la concepción que se trataba de “un grupo de jóvenes subversivos que querían destruir el estado de derecho y acabar con las instituciones, y que había que darles un escarmiento, porque existía esa mentalidad autoritaria… era la información que manejaban en la Secretaría de Gobernación para tomar decisiones políticas, en los sótanos del poder”.
El Presidente manifestó que quienes fueron afectados por la persecución y represión tienen derecho a presentar denuncias y a exigir indemnizaciones al Estado, “siempre y cuando existan leyes para eso”.
Ruiz Abreu, en su oportunidad, informó que desde la época de Venustiano Carranza se ordenará, clasificará, digitalizará y describirá toda la documentación, porque había sido archivada por “policías”. Este proceso estará a cargo de especialistas, con la colaboración de becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro.
No será una “apertura simulada”, como ocurrió en 2002 con la documentación sobre delitos contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos, dijo a su vez Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. “La instrucción es darle máxima publicidad, poniendo por delante el interés público de conocer la verdad”, remarcó.
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