Bernardo Bátiz V.
N
o habrá transformación, ni avance, ni regeneración del tejido social, si no se resuelve el problema de la educación en México, que dista de ser un asunto fácil o secundario; es central y complejo, tiene muchas aristas y complicaciones. Por lo pronto, la Cámara de Diputados aprobó la derogación de la llamada reforma estructural que el gobierno de Enrique Peña Nieto y los poderes fácticos interesados en el tema, impusieron mediante el llamado Pacto por México. Como es una reforma constitucional, están pendientes la aprobación del Senado y la de la mayoría de los congresos locales; pareciera que no habrá obstáculo alguno.
El problema hoy se centra en críticas que se hacen de frentes opuestos. Por su lado, los empresarios, señalan que persisten los riesgos de venta de plazas y de corrupción; los maestros de la CNTE, por su parte, consideran que no se abrogó la reforma peñista y que por tanto seguirán luchando hasta conseguir que no quede rastro de esa modificación a las leyes educativas.
En épocas pasadas, que parecen lejanas, el debate era entre la Iglesia y el Estado; ¿quién educa y para qué? Los liberales del siglo XIX, resolvieron el asunto con una congruencia impecable, el artículo 3º de la Constitución del 5 de Febre-ro de 1857, dice sencillo y claro:
La en señanza es libre; esto significó que todos podían enseñar y todos podrían educarse sin límites legales ni constitucionales; era la libertad de cátedra para los educadores y para los educandos, la libertad para estudiar si esa era su decisión.
El Constituyente de 1917 fue un poco más allá, cambió el enfoque; reconoció que la educación es un problema de la sociedad en su conjunto y en la redacción inicial del precepto, reiteró
la enseñanza es libre y será laica la que se dé en establecimientos oficiales, pero prohibió a las corporaciones religiosas dedicarse a educar; declaró laica la educación que imparta el Estado y agregó que sería gratuita la enseñanza primaria impartida en establecimientos oficiales.
La reforma de 1934 reconoció un punto fundamental: corresponde al Estado la función social de educar, pero suprimió la libertad de educación y la de cátedra al declarar que
la educación será socialista en sus orientaciones y tendencias. En ese momento provocó un gran debate nacional y fue tan álgido que estuvo a punto de iniciarse otra guerra cristera.
Pronto las aguas retornaron a su cause y la reforma en el gobierno de Ávila Camacho convirtió al ar-tículo tercero, bien redactado y conciliador, en una especie de de-claración de principios de la República Mexicana. Fue cuando quedó en nuestra Constitución el hermoso párrafo:
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia; se estableció también que el criterio que orientará a la educación es este:
será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Casi un poema.
Íbamos aparentemente bien, pero durante el siglo XX, en pleno apogeo del PRI, poco a poco, el debate sobre la educación dejó de ser ideológico y se hizo pragmático. Los problemas alrededor de este tema central para el país se tras- ladaron a otros ámbitos; se trató entonces del sindicato, las plazas, el control político, los operadores electorales y en el centro, en primer lugar, el dinero, luego el dinero y siempre el dinero. Aparecieron los líderes convertidos en señores de horca y cuchilla y el control de los trabajadores de la educación desde las directivas del sindicato.
La CNTE fue durante mucho tiempo la única resistencia a este nuevo concepto del problema, en el que la escuela y los educandos quedan en segundo término y las posiciones políticas y el manejo de las cuotas sindicales se convierte en el centro de las pugnas gremiales. La resistencia de la CNTE fue la que impidió que la reforma estructural de Peña Nieto y sus aliados se impusiera en el país; les debemos eso. Con el triunfo de Morena y su candidato presidencial, las co-sas cambiaron y si bien la reforma constitucional que va en camino de ser aprobada puede ser motivo de críticas de un extremo y de otro del espectro político, lo cierto es que la intención de fondo es terminar con la gran corrupción que ha prevalecido en el sindicato oficial y encauzar el problema a partir de valores y patriotismo. De ahora en adelante, se podrá seguir discutiendo sobre el artículo tercero, pero lo importante será, la restauración de las escuelas, su equipamiento, el pago justo puntual y suficiente a los maestros y el reconocimiento pleno a sus derechos como trabajadores al servicio del estado. No se ha resuelto todo, pero el enfoque, ahora, es el correcto.
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