n esta cuarta entrega sobre lo que está pasando en Tamaulipas, quiero referirme nuevamente al (mal) uso de las instituciones del Estado para fines personales del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ante un intento desesperado de salir impune de los diversos delitos que lo relacionan a él y a sus compinches, y emprender una persecución en contra de la oposición que gobierna la entidad, que data desde antes de las elecciones del 5 de junio, como es el caso del presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, de Morena.
Al respecto, se tiene constancia del intento de compra de regidores para destituir al alcalde, de la emisión de órdenes de aprehensión en su contra y del cambio arbitrario de un juez de control especializado en justicia penal para adolescentes a un juzgado ordinario por una semana. En esa semana, este juez emitió acuerdos que pretendían tender una ilegal destitución, omitiendo la observancia de amparos y la presunción de inocencia, y con ello intentar suspender de esta manera sus derechos político-electorales, lo que eventualmente dejaría en una situación de ingobernabilidad a los habitantes de dicho municipio. Afortunadamente, hay jueces federales que están haciendo su trabajo y están permitiendo que el alcalde pueda seguir en su cargo.
Por otro lado, los datos no nos dejarán mentir sobre el estado crítico en que se encuentra la entidad en temas que particularmente afligen a la sociedad mexicana, pero que de manera alarmante acontecen en ese estado fronterizo. Recientemente, recordemos, se dio a conocer que nuestro país superó los 100 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas, y Tamaulipas tiene 12 mil 71 de los casos, la segunda entidad que con más reportes de desaparición se tienen al día de hoy, y las acciones no se vislumbran.
En ese sentido, el informe emitido en abril de este año por el Comité contra la Desaparición Forzada en su visita a México da cuenta de distintos indicadores que apuntan a una situación donde imperan la impunidad y la revictimización, así como el llamado a adoptar de forma urgente una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, con especial atención en aquellos focos rojos que se tienen identificados, como es Tamaulipas. Pero esta realidad de profunda preocupación no pareció importarle nunca al gobernador García Cabeza de Vaca.
Para muestra, el informe refiere la situación de inseguridad y el impacto de ésta sobre los servidores públicos a cargo de las búsquedas e investigaciones, lo que ha obligado a la Comisión Nacional de Búsqueda a suspender varias acciones en algunos estados, entre ellos Tamaulipas. Asimismo, entre las entidades federativas que presentan una seria crisis forense y concentran 71.73 por ciento de los cuerpos no identificados, se encuentra dicha entidad.
Finalmente, quiero hacer mención de que en el contexto de mi participación como asesor en el procedimiento de entrega-recepción en Tamaulipas he estado recibiendo información por posibles hechos de corrupción ocurridos en la gestión de García Cabeza de Vaca como presidente municipal de Reynosa, donde tan sólo la auditoría superior del estado presentó 39 denuncias en su contra ante la fiscalía general de Tamaulipas por malos manejos durante su administración, las cuales fueron detenidas por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
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