Desfiladero

México 2010: la crisis, a las puertas de la olinarquía

Jaime Avilés

México está destruido. País presidencialista, carece de presidente. República ilusoria, no puede recuperar su estabilidad por medio del equilibrio de poderes, pues en el Ejecutivo no hay nadie; el Legislativo es una sala de espera, donde todas y todos afilan cuchillos, y el Judicial, un teatro, bastante sórdido, que se limita a dar espectáculos pornográficos. Esto se derrumba: necesitamos construir una salida de emergencia.
Junio fue el mes más sanguinario del felipato: mil 200 personas fueron asesinadas y, con sus restos, la pila de cadáveres rebasó la barrera sicológica de los 25 mil muertos. La ONU puso de relieve que, al margen de esta carnicería, a lo largo del año pasado el narcotráfico metió al país alrededor de 25 mil millones de dólares (cifra mil veces mayor a la que ganó el Vasco por darnos cuatro gloriosos puntos en Sudáfrica), mientras los traficantes de indocumentados, en el mismo periodo y según la misma fuente, aportaron 6 mil millones de dólares a las cuentas bancarias del hampa.
La alianza histórica del PRI y del PAN, sellada en 1988 con el fraude electoral que llevó a la Presidencia a Salinas, ratificada en 1998 entre Zedillo y Calderón con la aprobación del Fobaproa, refrendada en 2000 con el ascenso de Fox al poder, en 2004 con el desafuero de López Obrador, en 2006 con el golpe de Estado que incrustó a Calderón en Los Pinos, y en 2008 con la privatización encubierta de Pemex, es la causante de esta catástrofe.
La destrucción del régimen de bienestar social, iniciada en 1982 por De la Madrid, arrojó a la pobreza a millones de personas, en las ciudades y en el campo, y preparó las condiciones ideales para el auge del narcotráfico; el traspaso de las riquezas de la nación a las manos de unos cuantos, que consumaron Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, auspició el nacimiento de la oligarquía que hoy nos domina y nos desangra, pero que, dados sus estrechos vínculos de negocios con el crimen organizado, debe, en justicia, ser caracterizada como olinarquía.
A escasas horas de las elecciones que se celebrarán mañana en 14 estados del país, la olinarquía mexicana se encuentra a las puertas de una crisis de cúpula, que puede atizar aun más la violencia y poner en riesgo la permanencia de Calderón al frente de eso que algunos todavía llaman “gobierno federal”. ¿En qué consiste esta crisis?
El PRI ganará de calle en Quintana Roo (por falta de candidato opositor), en Chihuahua (donde se dará la abstención más alta, debido al terror que existe), y en Tamaulipas (donde el triunfo será del recién asesinado doctor Rodolfo Torre); además, tendrá una ventaja menor, pero que no pondrá en duda sus victorias, en Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Veracruz, mientras, por lo contrario, sudará la gota gorda en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
En Oaxaca, la intromisión del gobierno de Ulises Ruiz ha contaminado el proceso desde su origen; las cuatro veces que han echado a andar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no ha funcionado; existen múltiples anomalías en los nombramientos de funcionarios de casillas, lo que aunado a la compra de votos, reparto de despensas y materiales de construcción garantiza, desde ya, que la contienda no será equitativa, transparente ni justa, y asegura de antemano un conflicto poselectoral profundo y duradero.
En Puebla, los pronósticos no son menos apacibles. Mario Marín, el góber precioso, se defenderá como gato bocarriba contra el ataque de la poderosa maquinaria electoral que manejará en su contra Elba Esther Gordillo. Como en Oaxaca, donde las huestes de Jesús Ortega han cometido tantas tropelías como las de Ulises (los chuchos no saben hacer otra cosa que pudrir elecciones), en Puebla habrá también una batalla campal de mapaches: fraude contra fraude.
Por último, en Sinaloa, el riesgo estriba en que el desenlace de los comicios provoque una ruptura en la clase política estatal, que podría tener gravísimos efectos en el panorama nacional, pues la alianza PRI-Vizcarra-Toledo Corro tiene en contra la que apoyan Calderón y los ex gobernadores priístas Juan S. Millán y Francisco Labastida en favor del neopanista, y priísta de toda la vida, Mario López Valdez, alias Malova.
Las repercusiones de estos tres escenarios de conflicto serán distintas, mas no por ello menos delicadas. A los conflictos poselectorales que estallarán en Oaxaca y Puebla se añadirá la absoluta falta de autoridad moral, que desde el sainete de Iztapalapa arrastran consigo la presidenta del tribunal federal electoral, María del Carmen Alanís, y los seis magistrados que bailan al son que ella toque, dependiendo de lo que Manlio Fabio Beltrones pida.
Si el órgano electoral de Oaxaca no funciona, y si el tribunal federal no goza de credibilidad ninguna, ¿cómo se va a resolver la lucha de fraudes contra fraudes en aquella entidad, donde el vacío de poder puede propiciar que resurja la violencia y con ella la represión de las corporaciones armadas? Estas previsiones cuentan igual para Puebla. En cambio, en Sinaloa, una eventual escisión en el bloque del Pacífico podría redibujar, con un costo en vidas humanas enorme, el mapa de la lucha contra los cárteles de la otra costa del país.
Ulises Ruiz y Mario Marín ocultan numerosos esqueletos en los roperos de sus respectivas casas de gobierno, y Calderón fue más que tolerante con ellos y les permitió hacer y deshacer a su antojo, mientras lo reconocieran como supuesto ganador de las elecciones de 2006 y lo respaldaran en todas sus acciones de “gobierno”, a cambio de una impunidad que hoy amenaza con arrebatarles para dejarlos al desnudo.
Esa posibilidad fue la que le puso los nervios de punta a Beatriz Paredes, cuando en su discurso del martes tronó contra Calderón, al recordarle su origen espurio y amenazarlo con que sólo dialogará con “liderazgos legítimos”? ¿Quiso decirnos que si el PRI no gana las 12 gubernaturas que están en juego mañana lo desconocerá como titular del Ejecutivo? ¿Y entonces?
¿A qué liderazgos legítimos pretendió referirse? ¿Al de Enrique Peña Nieto, gobernador de la entidad que cuenta con el más alto número de asesinatos de mujeres (incluido el de Paulette) y la burocracia más corrupta de la República?
El país está destruido y necesita una salida de emergencia, que sólo puede abrirse con un acuerdo de fondo entre todos los actores políticos y la sociedad civil. Una salida de emergencia que no fuimos capaces de instalar a tiempo y que, sin embargo, habremos de diseñar sobre la marcha si, después de lo que suceda en las elecciones de mañana, la olinarquía se embarca en una guerra de todos contra todos.
Muy puntuales, por su parte, después de resolver mal (sin señalar culpables) el caso de Atenco, los 11 ministros de la Suprema Corte se fueron ayer un largo mes de vacaciones, a comer y beber en los mejores hoteles del mundo, azotando la puerta en las narices de los militantes del SME, que llevan casi 60 días en huelga de hambre, en espera de que el máximo tribunal anule la extinción de Luz y Fuerza del Centro y les restituya sus fuentes de trabajo. ¿Cómo será el México que encontrarán a su regreso?
¿Quedará piedra sobre piedra?