Desfiladero

¿Seguridad nacional?

Jaime Avilés

Con veladoras, habitantes de Monterrey exigieron ayer que termine la violencia luego de que el pasado jueves un comando incendió el casino Royale, con un saldo de más de 50 muertos Foto Xinhua

Si en estos momentos ya estuviera vigente la Ley de Seguridad Nacional, reformada tal y como la quieren los diputados del bloque PAN-PRI-Chuchos-Panal-Verde Ecologista, Felipe Calderón podría ordenar –mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación– la suspensión de las garantías individuales, por ejemplo, en Monterrey, tras el ataque al casino Royale, donde el jueves murieron decenas de personas.

¿Cómo se traduciría esto en los hechos? Habla Enrique Ibarra Pedroza, miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa de la Cámara de Diputados, y dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco.

–El Ejército podría tomar el control de Monterrey; entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz.

–¿La Ley de Seguridad Nacional legalizaría la tortura?

–No solamente. Haría legal todo lo que es ilegal.

–Pero las fuerzas armadas ya están haciendo todo esto: ponen retenes, matan civiles inocentes y los presentan como sicarios, como ocurrió a tres profesionistas en Jalapa; los policías entran a las casas rompiendo todo, como le pasó a Efraín Bartolomé en el DF, o como les sucede a los más pobres en el estado de México o en Tamaulipas; marinos uniformados se llevan a plena luz del día a tres miembros del Frente Democrático Campesino, en Campeche, y los desaparecen.

“Los altos mandos –señala el diputado Ibarra Pedroza– están presionando para que se apruebe la ley porque les preocupa el futuro. Los abusos que tropas y mandos medios cometen actualmente están tipificados como crímenes de lesa humanidad, y estos delitos pueden ser juzgados hoy, mañana o dentro de 20 o 30 años, porque no prescriben. En pocas palabras, los altos mandos temen que más adelante, cuando las circunstancias cambien, un tribunal los juzgue y los condene”.

–¿Entonces, quieren que se aprueben las reformas a la ley para usarlas como disculpa, como atenuantes, para pretextar que “sólo cumplían órdenes” si llegan a ser juzgados?

–Sí, pero no olvidemos que en México los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Y de acuerdo con ellos, los militares también pueden ser juzgados y condenados por tribunales internacionales.

Como legislador federal e integrante de la bancada de Morena, Enrique Ibarra ha dado una eficaz y discreta batalla jurídica en las comisiones a las que pertenece, a fin de evitar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, por las que ya votaron en favor, “en lo general”, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas, menos la que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

–¿En qué consisten, exactamente, las reformas que están pendientes de ser discutidas y aprobadas en lo particular?

–La reforma tiene dos ejes. Uno propone modificar el artículo 129 constitucional, que señala que “en tiempos de paz, las fuerzas armadas permanecerán en sus cuarteles”. Si la reforma entra en vigor, las fuerzas armadas estarán facultadas para realizar tareas de seguridad interior fuera del marco jurídico vigente. El otro eje tiene que ver con el artículo 29, que se refiere a la suspensión de las garantías individuales. La última vez que se suspendieron en México fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ante una situación como la de Monterrey, el Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como “zona de afectación”, o sea, suspender las garantías individuales, y para ello sólo tendría que publicar un decreto en el Diario Oficial.

–Pero como nadie lee el Diario Oficial, sería casi un decreto clandestino.

–Exacto. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.

–¿Como un trámite burocrático?

–Cumplirían con la ley si mandan su informe a la Cámara de Diputados y lo meten por oficialía de partes. Esto es incompatible con una sociedad democrática. No nos engañemos: se pretende legalizar una dictadura militar.

–¿Las reformas a la ley se aprobarán el mes próximo?

–No lo sé, pero el asunto es muy grave, y como miembro de la Comisión de Defensa, en varias ocasiones he planteado que los secretarios de Defensa y Marina comparezcan ante el pleno del Congreso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Gozan de fueros especiales?

¿Llegó Spielberg?

Atrás quedaron los tiempos en que Genaro García Luna montaba modestos espectáculos, como la captura de Florence Cassez o la supuesta detención de La Barbie. Ante el fracaso de sus telenovelas, la inminente llegada del nuevo representante de Hillary y los “acuerdos” secretos dictados por Obama a Calderón, que ahora permiten y hacen visible la abierta intervención militar de Estados Unidos en México, García Luna al parecer fue sustituido por una especie de Spielberg del terror en 3D, que ha comenzado a trabajar intensamente.

Si esta hipótesis se confirma, su debut se produjo el sábado pasado en el estadio Corona, de Torreón, donde miles de aficionados fueron víctimas del pánico causado por pistoleros invisibles. Al día siguiente sobrevino una balacera en un centro comercial de Morelia. Ambas noticias dieron la vuelta al mundo.

Luego, en Tepic, fue asesinado un nieto de Ricardo Pozas Horcasitas; en Veracruz, mensajes de Twitter impulsaron a miles de madres de familia a sacar a sus hijos de las escuelas; en Ciudad Juárez, unos matones que iban pasando por una avenida dispararon porque sí contra un grupo de personas que esperaban el camión, y en Culiacán fue asesinado Humberto Millán, periodista que incomodaba al gobernador Malova. Entonces, como cereza del pastel, seis paramilitares provocaron la matanza de Monterrey.

Cinco estados donde el supuesto Spielberg aplicó la magia de Hollywood son gobernados por el PRI (Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chi- huahua y Nuevo León) y dos por el PRD (Michoacán y Sinaloa, donde cogobierna, pero no cuenta, el PAN). En el caso de Nuevo León, la moraleja es obvia: el gobernador Rodrigo Medina, que vive en McAllen, Texas, y despacha por teléfono, pero es menos que un cero a la izquierda, tiene que renunciar, pero Peña Nieto no lo deja, porque si se va antes de octubre habría nuevas elecciones en la entidad, y no sólo arrasaría el PAN, sino que los votos para el copetón mexiquense en aquellos desiertos del noreste serían mínimos.

Por lo tanto, la población de Monterrey tal vez seguirá sufriendo ataques que huelen a terrorismo de Estado, como el del casino Royale, hasta que Medina se vaya. Y lo mismo pueden sufrir los michoacanos, hasta que se convenzan de que su martirio acabará si, y sólo si, eligen gobernadora a Cocoa Calderón Hinojosa.

Lo otro, lo obvio, fue lo que dijo Poiré al leer un comunicado en Los Pinos sobre la matanza de Monterrey: ojalá que el Congreso apruebe, “por fin”, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Con las palabras de su vocero, el régimen firmó los charcos de sangre que se espesan por todo el país.

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