Luis Javier Garrido
El proceso de ocupación militar de México por Estados Unidos como vía para apoderarse de los recursos estratégicos del país, puesto en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, compromete seriamente los destinos y el bienestar de la nación mexicana, pero muy poco se ha hecho para detenerlo, y se está llegando a un desastre sin paralelo en todos los órdenes.
1. La información publicada en los primeros días de este agosto de 2011 por la prensa estadunidense y mexicana sobre las dimensiones del proceso de militarización de México orquestado por el Pentágono, que ha abierto una muy tibia discusión en el ámbito legislativo, se conocía desde hace tiempo, y había sido analizada en esta columna, pero a pesar de su gravedad no suscitó entonces una vigorosa respuesta política y social, de ahí que las últimas informaciones, de las cuales cuatro son significativas, adquieran un nuevo relieve histórico.
2. La violencia existente en el país desde hace cuatro años, como ya se sabe, ha sido generada esencialmente por el gobierno del PAN y sus grupos paramilitares de todo tipo, en vistas a pretender “justificar” el uso anticonstitucional de las fuerzas armadas mexicanas en una supuesta “guerra contra el narco”, que no lo es, pero este escenario hechizo no convence ya a nadie, y la escalada actual en esa misma dirección está generando una repulsa cada vez mayor.
3. El número de militares y agentes policiacos estadunidenses, encubiertos y no encubiertos, que operan ya en territorio mexicano, es cada vez mayor y escapa a cualquier estimación oficial, en particular por el hecho de que están siendo imbricados, junto con los que se llama “contratistas privados”, en la que se pretende sea la primera base de Washington en suelo mexicano, como diversas notas lo afirmaban hace meses. La primera información que ha generado un enorme escándalo fue la publicada el domingo 8 por The New York Times, en la que se reitera que agentes del Pentágono, la CIA, la DEA y otras agencias operan no nada más a partir del centro de inteligencia ubicado en Reforma 225 sino desde una base militar que se supondría es mexicana, ubicada en algún ignoto lugar del norte de México, pero que ellos ya controlan en vistas a hacer prevalecer sus intereses, de manera que se puede establecer que existe, bajo una simulación, una base militar estadunidense en México.
4. Estados Unidos tiene al menos 14 bases militares en América Latina y el Caribe, bajo la autoridad del Comando Sur, con las que espía y controla a 19 países del continente, y que son estimadas como centros de “movilidad estratégica” y “guerras relámpago”, por lo que esta base encubierta constituye un nuevo problema continental, sobre todo porque los militares mexicanos ahí comisionados, y bajo las órdenes de oficiales de Washington, han sido formados en el Instituto de Cooperación Hemisférica (antes Escuela de las Américas), que ahora funciona en Fort Benning (Georgia). El Times reconoce que Washington ha adiestrado al menos a 4 mil 500 agentes de la Policía Federal y a un número indeterminado de marinos y militares.
5. Hay que tener presente, por otra parte, cómo se enfrenta el problema en otros países del continente, y bastan dos ejemplos. En Ecuador, el presidente Rafael Correa se negó a refrendar en 2009 el acuerdo para el funcionamiento de la tristemente célebre base de Manta, lo que obligó a Washington a trasladarla a Colombia. Y en Brasil, siendo Lula presidente rechazó en 2010 la pretensión del gobierno de Obama de establecer bases en la zona amazónica, y ahora ante la pretensión del derechista general Nelson Jobim (ministro de la Defensa) de apoyar esta vía, la presidenta Dilma Rousseff forzó su renuncia y nombró para sustituirlo a Celso Amorim, miembro del ala izquierda del Partido de los Trabajadores (PT), a pesar de la inconformidad de jefes de las fuerzas armadas, imponiendo así la autoridad del poder civil y la lógica de la legalidad.
6. Es muy significativo por ello que al presentarse esta situación de militares y agentes de Washington actuando impunemente en México, como si nuestro país fuese un protectorado, en abierta violación a la legislación mexicana, durante una entrevista con el diario angelino La Opinión, el presidente Barack Obama, escudándose en la Iniciativa Mérida, pretendiese al día siguiente de la nota del Times que sólo se trata de una “asistencia técnica” y se encubriese diciendo que es a México a quien “compete hacer cumplir sus leyes en sus fronteras”, según reporta David Brooks en La Jornada del martes 9.
7. Las evidencias se multiplican sobre el entreguismo antinacional del gobierno del PAN, y con ellas va la claudicación de la “clase política” nacional. La segunda nota que ha marcado el escándalo creciente es la publicada por La Jornada el día de ayer, en la que se confirma que no sólo parte del personal naval, militar y policiaco mexicano se halla sometido a las agencias estadunidenses, sino que altos funcionarios del gobierno indigno de Calderón, como Marisela Morales (procuradora general de la República) o Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública), tienen compromisos de subordinación con Estados Unidos, y actúan como sus simples empleados, confirmándose además que los supuestos operativos antinarco del gobierno son ordenados por la administración de Obama en función de sus intereses.
8. La cereza en el pastel de la estrategia que Washington impuso a Calderón a cambio de convalidar su llegada a Los Pinos por la vía del fraude es la de las revelaciones en La Jornada de ayer del acuerdo entre Estados Unidos y México para sustentar políticas similares a las de Afganistán e Irak, suscrito hace 19 meses. La administración de Bush hijo pactó con Calderón las condiciones para apoyarlo a espaldas de los legisladores de ambos países, pero fue con el gobierno de Obama con el que Calderón aceptó el ingreso masivo de militares estadunidenses a México. La carta de entendimiento entre él y Obama, que es más que un tratado, fue llamada así para burlar al Senado, y lo más sorprendente es que ahora que conocen la información los legisladores mexicanos sigan actuando como cómplices timoratos.
9. No sorprende por lo mismo la nota de El Universal de ayer en la que señala que la Casa Blanca, a fin de evadir la discusión pública, y pasando por encima del Congreso, haciendo suyas las políticas de la ultraderecha, discrecionalmente aumentó los recursos para el “apoyo militar” a México en 400 por ciento entre 2007 y 2011, con lo que éste pasó de 15 a 71 millones de dólares (a pesar de la crisis).
10. En un país en el que la “clase política” se halla corrompida y en el que las fuerzas de oposición y las propias instancias del Estado son incapaces para detener los actos de traición de un gobierno empeñado en servir a intereses oligárquicos, el pueblo ciudadano debe movilizarse y reiterar una y otra vez a Calderón y a sus cómplices que: “¡Ya basta!”
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