La lucha magisterial y el fin del mexican moment

Luis Hernández Navarro

A

unos días de que rinda su primer informe presidencial, Enrique Peña Nieto vive la más grave crisis política de su sexenio. Las protestas de decenas de miles de indignados maestros democráticos en la ciudad de México y en 20 estados han chocado con la incapacidad del conjunto de la clase política para ofrecer una salida constructiva.

Gobierno federal, legisladores y partidos políticos no hallan cómo salir del brete en que se metieron al aprobar la contrarreforma educativa y las leyes secundarias en la materia. Colocados a la defensiva, sin rumbo, se dedican a tratar de solucionar, día a día, sin una visión de largo plazo, los desafíos de las acciones magisteriales.

Por lo pronto, el movimiento produjo ya sus primeras bajas. El anuncio de que, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), México emergía en la arena internacional como un jugador de grandes ligas, bautizado por sus publicistas como MeMo, el mexican moment, se hundió con los bloqueos magisteriales al Palacio Legislativo, el Senado y el aeropuerto capitalino. El optimismo auspiciado por el columnista del New York Times Thomas Friedman se esfumó entre movilizaciones sociales y la caída de la economía.

La crisis magisterial ha evidenciado la inexperiencia de los políticos que hoy conducen el país. Rehenes por decisión propia de los intereses empresariales y los grandes medios de comunicación electrónicos, aprobaron una contrarreforma educativa que es copia y calca de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Lo hicieron sin consultar a los directamente afectados, los maestros, en tiempo récord: 11 días.

A partir de entonces han venido estallado, uno tras otro, focos de inconformidad magisterial en 21 entidades. En lugar de procurar una solución de fondo desde el principio, el gobierno respondió administrándolos, amenazando a sus dirigentes, diciendo mentiras, auspiciando campañas de desprestigio en su contra y ganando tiempo. Apostó a que el paso del tiempo se diluiría el potencial contestatario de la movilización.

Los legisladores de casi todos los partidos se comportaron con una enorme arrogancia. De­cidieron sobre las vidas de cientos de miles de maestros sin ni siquiera escucharlos. No atendieron las documentadas críticas que ellos y muchos especialistas hicieron a la nueva norma. Rehuyeron el debate. Desairaron mayoritariamente los 10 foros acordados entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Se­cretaría de Gobernación. Despreciaron y se burlaron de los maestros.

Los partidos que integran el Pacto por México acordaron la contrarreforma en lo oscurito. Le impusieron al Legislativo sus acuerdos. Se reunieron en una sola ocasión con la CNTE, en un encuentro auspiciado por la Secretaría de Gobernación. Finalmente, optaron por hacer oídos sordos y avanzar en la aprobación de las leyes secundarias, diciendo falsamente que habían incorporado las observaciones de los maestros democráticos.

Lo hicieron, además, forzando el alcance de las modificaciones al artículo tercero constitucional. En ellas se estableció que la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación tenían como fecha límite el 26 de agosto para su aprobación. Sin embargo, no existe una sola referencia a que se tenga que elaborar una ley sobre el servicio profesional docente, y, mucho menos, una fecha límite para hacerlo.

De manera absolutamente esquizofrénica, el gobierno federal defendió la contrarreforma difundiendo dos mensajes opuestos. Por un lado, divulga la versión de que con la nueva norma no habrá afectaciones a los derechos de los maestros, que éstos no tienen nada que temer y que, quienes protestan lo hacen porque están mal informados. Pero, simultáneamente, a través de Emilio Chuayffet y sus comunicadores, dice que la reforma pone un freno a privilegios indebidos de los docentes y su sindicato, y que su inconformidad se debe a la pérdida de esas canonjías.

Al mismo tiempo, para enfrentar el descontento magisterial se ha orquestado una campaña de satanización que ofende profundamente a los mentores. No es nuevo. Las televisoras llevan años denigrando a los profesores. Sólo que ahora le han subido el volumen a sus denuestos. Los acusan de secuestrar a la niñez y a la educación, de ser vagos e irresponsables, de tener grandes privilegios, de negarse a ser evaluados. Por supuesto, nada de esto es cierto. La CNTE no defiende prebendas, sino derechos ganados desde hace décadas y la educación pública.

Ese humillante bombardeo mediático es eficaz para aislar a los profesores de las clases medias pero tiene como resultado inevitable indignarlos y radicalizarlos. Lejos de desmoralizarlos, ha hecho que saquen la casta y que reafirmen su convicción de que la contrarreforma no tiene que ver con la educación sino con acciones punitivas hacia ellos.

Aterrados ante una protesta que, en lugar de retroceder se extiende cada día, los empresarios, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI, exigen mano dura contra los maestros insumisos o amenazan con usarla. Exigen al gobierno de la ciudad de México que use la fuerza pública para meterlos al orden. Deberían saber que un movimiento social en ascenso que es reprimido, se expande y radicaliza. La APPO en Oaxaca surgió de un paro y plantón de docentes que el gobernador Ulises Ruiz quiso desalojar de la plaza pública a toletazos.

El conflicto magisterial torpedeó ya el mexican moment y lastimó severamente el Pacto por México. Si la clase política quiere evitar que el costo sea mayor, lo peor que puede hacer para resolverlo es apelar a la mano dura o pretender que se desgaste con falsas promesas. Con las reformas energética y hacendaria en el horizonte inmediato más le valdría buscar una salida negociada. Nada la obliga a aprobar una ley del servicio profesional docente, cuya redacción no está contemplada en la reforma al tercero constitucional. A menos que busque hacer del resto de esta administración un infierno.

Twitter: @lhan55