Ley de movilidad
Criminalizar la protesta
Presiones panistas
Miguel Ángel Velázquez
H
oy, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal habrá de escuchar la propuesta sobre movilidad para mejorar algunos de los problemas de tránsito de todo tipo que sufre la ciudad de México.
Parece que el asunto borda sobre problemas tan importantes como las marchas de protesta en las calles de la ciudad que tanto odian la derecha y repudian los malos gobernantes, porque los exhiben con ideas que cuando menos en el enunciado saltan de la lógica y atraviesan terrenos casi demenciales. Por ejemplo, se garantizará el derecho a la libre expresión y al libre tránsito sin afectar a terceros.
Este punto, que es uno de los pocos que se conocen, pero que es toral para lo que los profesionales de la política llaman
vida democrática, pretende prohibir y sancionar sin llamar a los argumentos de la propuesta por su nombre, pero eso de que hay que hacer una marcha sin molestar a terceros resta la fuerza que aún tienen esas expresiones de protesta.
Y ello porque precisamente una de las intenciones de esas manifestaciones es que los terceros miren de cerca las injusticias que algún poder ha cometido contra ellos, y muy probablemente es allí donde más les ha fallado y por donde más han sido atacados los que llegan a la ciudad en son de protesta.
La idea sería que esa parte de la población que no está metida, por ejemplo, en los problemas de la minería, se entere cuando menos de que en ese sector se está cometiendo alguna injusticia, y que los gobiernos de aquí o de allá consienten tal situación. Lo normal sería que esa gente alejada de la problemática, de cualquier índole, al saber de la injusticia se sume a la protesta, porque con sus propias modalidades esa u otra injusticia se cometerá en su contra.
Los terceros, entonces, tendrían que sumarse a la protesta porque cualquier día ellos serán las víctimas de un sistema originalmente injusto, y si no el día que ellos requieran levantar la voz para ejercer su derecho a la protesta, el silencio habrá sido decretado.
Y eso parece que es lo que tanto ha buscado la derecha partidista, es decir, el PAN. Por eso todavía anoche, a eso de las 21 horas, no había ningún acuerdo para que la ley transitara sin modificaciones a lo que hoy se tiene escrito, que es el inicio de la criminalización de la protesta callejera.
Pero bueno, si de lo que se trata es hacer caso a la esquizofrenia de la derecha azul, el decreto del silencio que impone el panismo habrá de convertir las calles de la ciudad en arenas de lucha, porque mientras la injusticia sea la prioridad de los gobiernos, la protestas en la calle seguirán ocurriendo, aunque se les haya prohibido.
Por eso el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, deberá poner especial atención en las intenciones de la derecha, que a fin de cuentas lo que requiere del gobierno es su desprestigio, su debilidad, y que sea tarde, muy tarde cuando se dé cuenta de que le falló a la historia de su ciudad.
De pasadita
Larga de comentar es la inquietud que muchos trabajadores de diferentes delegaciones han sentido después de una reunión en la que sus jefes, los delegados, prometieron despedirlos por no haberles informado de las decisiones que se tomaron para el arreglo de algunas calles de sus colonias, dentro del programa de Mejoramiento Barrial.
La reunión estuvo presidida por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la que acudieron el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez. El asunto es que se acusó a la funcionaria de realizar obras que no enteró a los jefes delegacionales, pero vaya sorpresa cuando supieron que los funcionarios que obedecen sus órdenes sí estaban enterados del programa, de las obras y de las fechas en que se iban a realizar. Además, firmaron de conformidad. Vaya resbalón. Ya les comentaremos más del asunto.
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