México SA

Peñalandia se hunde

Tres recortes al hilo

Pensiones en la mira

Carlos Fernández-Vega

Desde la izquierda, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y el presidente Enrique Peña Nieto, durante la firma de un acuerdo para fomentar la gastronomía nacional. Imagen de archivo    Foto José Antonio López

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ara confirmar que todo marcha bien en el México feliz y prometedor que cotidianamente pregona, el gobierno peñanietista, por medio de su ministro del (d) año, anuncia, con ocho meses de anticipación, el tercer recorte presupuestal al hilo en lo que va del sexenio, en cuyo arranque aseguró quevienen, de eso estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos (EPNdixit).

Lo que originalmente se presentó como un asunto pasajero (Luis Videgaraydixit) en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en algo permanente. Cuando en octubre de 2014 anunció el primer recorte presupuestal (alrededor de 124 mil millones de pesos para el ejercicio de 2015), el ministro dijo que el tijeretazo se practicaba con gran responsabilidad y en el momento adecuado, pues ya no dependemos de los ingresos petroleros.

Lo repitió en 2015 –palabras más o menos–, al anunciar el segundo recorte (132 mil millones en números cerrados para el ejercicio 2016) y lo reitera ahora con miras al ejercicio 2017 (tercer recorte por cerca de 175 mil millones), en el que todo apunta a una caída en prácticamente todos los renglones de las finanzas públicas –especialmente el ingreso petrolero, del que ya no depende–, excepto el relativo al costo de la deuda que para el próximo año se incrementa en casi 100 mil millones de pesos (15.4 por ciento respecto al presente, en términos reales).

A paso veloz crece la deuda pública y en igual medida se incrementa el costo financiero de ella (intereses voluminosos, mínima amortización de capital y pago de comisiones por todas partes). De hecho, en lo que va del gobierno peñanietista (incluidas las proyecciones para 2017) dicho costo se ha incrementado más de 70 por ciento.

El panorama se oscurece aún más cuando la Secretaría de Hacienda proyecta que en 2017 (quinto año de gobierno peñanietista, cuando, según su oferta original, el producto interno bruto debería crecer 5 por ciento de forma sostenida) la plataforma de producción petrolera se reducirá 5 por ciento y la de exportación 20 por ciento, con un precio promedio por barril de apenas 35 dólares, en el mejor de los casos.

En materia petrolera la Secretaría de Hacienda, por medio de sus precriterios de política económica para 2017, reconoce que para ese año el volumen de exportación de crudo mexicano (a duras penas 873 mil barriles por día) sería similar al registrado 37 años atrás, es decir, en 1980, cuando en el México de la abundancia (JLP dixit) se festejaba la explotación de Cantarell en la sonda de Campeche.

La presunción oficial –una justificación totalmente baladí– es que las finanzas públicas ya no dependen de los ingresos petroleros (Videgaray dixit, 22 de agosto 2015), y prueba de ello es que suman tres los recortes presupuestales al hilo.

Entonces, lo delicado del asunto no es lo que ya pasó, sino lo que sucederá en 2017 con la caída de caídas en el precio petrolero, la plataforma de producción y la de exportación, porque lo que 37 años atrás fue la panacea (en ese entonces México era uno de los principales exportadores de crudo y 30 dólares por barril lo convertían en un país de gran potencial económico) hoy es el anuncio del hundimiento, porque nadie se tomó el tiempo de encontrar alternativas reales a la enorme dependencia de las finanzas públicas del ingreso proveniente del oro negro. Tampoco apareció la mente brillante que detuviera la dilapidación de esos recursos.

Por el lado del crecimiento económico, la tecnocracia insiste en su tesis –fallida, desde luego– de que en 2017 se avanzaría entre 2.6 y 3.6 por ciento (la misma proporción estimada para 2016). Hay que recordar que en este renglón el gobierno peñanietista (Videgaray en este caso específico) no ha dado una. De todos sus cálculos, todos han sido rebasados ampliamente por la realidad, y en el mejor de los casos, sólo en él, el promedio anual de crecimiento no pasaría de 2 por ciento, con todo y las reformas estratégicas que harían de México una nación del primer mundo (tampoco es el primer sexenio que lo promete).

Cuando en diciembre de 2012 todo eran sonrisas y abrazos en el equipo que recién llegaba a Los Pinos, para 2013 el gobierno peñanietista prometió un crecimiento económico de 3.9 por ciento, pero en los hechos de milagro concretó 1.1 por ciento. Ese año, el de las reformas estructurales, lo animó a pronosticar una proporción igual para 2014, año en el que a duras penas libró 2.1 por ciento. Ya con dichas reformasaprobadas y en operación, el equipo no se amilanó y para 2015 consideró que 3.7 era un porcentaje factible en materia de crecimiento, pero la realidad no permitió más allá de 2.5 por ciento.

Ya con la tienda en el suelo, la geniocracia optó por considerar una banda de crecimiento que ocultara su mediocridad y para 2016 estimó un nivel de entre 2.6 y 3.6 por ciento de crecimiento, pero apenas transcurrido el primer trimestre del presente año los recortes a dicha estimación ya la ubican en 2.4 por ciento, y descontando. Y para 2017, con un recorte anunciado de 175 mil millones de pesos, aseguran que la economía autóctona seguirá al alza.

Así, el fallido gobierno de Enrique Peña Nieto se sumará (de hecho ya está considerado en el inventario) a los igualmente fracasados de sus cinco predecesores que todo prometieron y todo incumplieron (especialmente en el renglón social), es decir, desde la renovación moral a la solidaridad y de allí al bienestar para la familia, al cambio, al para vivir mejor y al México en movimiento (de Delamadridlandia a Peñalandia).

Las rebanadas del pastel

Por los cuatro puntos cardinales, en todos los rincones, un día sí y el siguiente también, el gobierno federal pretende quitarse de encima su responsabilidad constitucional y borrar del mapa los derechos de los trabajadores con opción a jubilarse por medio de la Ley (IMSS) 1973. Hacienda y la Consar trabajan en ello; el Legislativo también participa, y ahora el Judicial aporta lo suyo: una nueva jurisprudencia laboral (8/2016) que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en febrero pasado indica que el tope máximo para el pago de ese derecho es de 10 salarios mínimos y no de 25, como se establece ahora, con lo que se reaviva el plan de reducir pensiones (La Jornada, Susana González).

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