Luis Hernández Navarro
N
i un peso más!, gritan los manifestantes a los automovilistas que cruzan la garita El Chaparral, al tiempo que levantan las plumas de la aduana de México y permiten el ingreso de los carros sin revisión de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Los conductores responden tocando el claxon en señal de apoyo.
Los ciudadanos de Baja California están furiosos. Protestan contra el gasolinazo y contra la Ley del Agua que privatiza los recursos hídricos. Gritan:
ya basta, estamos hartos. Exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto. Le prenden fuego a la bandera de Estados Unidos. Sus movilizaciones no cesan.
La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos responde cerrando de manera intermitente la garita El Chaparral. Informa:
Todos los viajeros que deseen entrar a México en vehículo, deben hacerlo a través del cruce fronterizo de Otay hasta nuevo aviso. El cruce San Ysidro continúa abierto en ambas direcciones (norte y sur) para los peatones, al igual que el cruce PedWest.
Sin duda, los funcionarios estadunidenses deben estar
felicescon el estallido de la inconformidad popular en su frontera sur. Por eso cierran parcialmente garitas...
Desbordado y nervioso, el gobernador Francisco Vega responde a través de un video, anunciando una serie de ajustes económicos: cancelación del remplacamiento, eliminación de aumentos salariales, reducción de las cuotas por el pago del agua. En lugar de disminuir, la protesta popular crece.
Y, preocupado por el desbordamiento del descontento popular en la manifestación más numerosa en la historia de la entidad realizada el pasado 15 de enero, el mandatario busca montarse en la protesta. “Esta noche de domingo –declara–, un domingo histórico en que miles de bajacalifornianos salieron a las calles a manifestarse.”
En Mexicali, inconformes mantienen tomados los accesos de entrada y salida al palacio municipal, el Congreso del estado y la oficina de recaudación de rentas del gobierno estatal. Otros liberan las casetas de cobro, como la de Tijuana-Tecate, y dan paso libre a los automóviles.
Pero, a pesar de la explosión de furia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pide a los diplomáticos que participan en la 28 Reunión de Embajadores y Cónsules, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar en el exterior que las cosas están en calma y se enfrentan los retos con gobernabilidad.
México está en paz, tranquilo y echado para adelante, asegura.
La solicitud del secretario muestra que la imagen de México en el exterior no es buena. Y pone en entredicho la idea de que las oleadas de rabia plebeya que precipitaron el saqueo de más de 100 grandes almacenes estén auspiciadas por el gobierno. ¿De verdad las autoridades habrían querido enviar a los inversionistas extranjeros el mensaje de que el país vive un clima de zozobra e inestabilidad social?
Más de dos semanas después de iniciadas, las protestas contra el gasolinazo no cesan. Y cada declaración presidencial no hace más que avivarlas. Van mucho más allá de lo que acontece en Baja California. El pasado 15 de enero se efectuaron marchas en 28 entidades. Y se atizan con el descontento adicional generado por el aumento al precio de la tortilla y el costo del transporte público. En las redes sociales hierve la indignación de los inconformes. También en las calles. Las estaciones de servicio que despachan combustibles registran un marcado desplome de ventas.
Como sucede en Baja California, en el resto del país quienes toman las plazas públicas no son sólo los más pobres o quienes tienen tras de sí una tradición de protesta. Marchan también profesionistas y comerciantes, las clases medias.
Los inconformes han hecho a un lado a los partidos políticos de todo signo. Cuestionan a quienes buscan unirse a las movilizaciones con sus emblemas partidarios. Los bajan de templetes cuando quieren tomar la palabra a nombre de sus institutos políticos. Tanto el PRD como Morena han debido replegarse a efectuar actos convocados exclusivamente por ellos para que sus militantes se sumen.
El sol azteca ha debido callar a sus mandatarios. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, no ha vuelto a declarar que el gasolinazo no debe ser pretexto para descalificar al gobierno, y que el asunto es tema del Congreso, como lo hizo al arrancar el año.
Organizaciones campesinas nacionales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el movimiento urbano popular y redes ciudadanas apuestan por dar al descontento un cauce organizado. Parte de las movilizaciones del pasado domingo 15 de enero en 28 estados fueron un termómetro para conocer hasta dónde camina la apuesta por convertir una protesta espontánea en una convergencia de enojos sociales organizados. El resultado es desigual, pero, en lo esencial, sigue predominando la espontaneidad de las protestas por sobre su organización.
Parte de las fuerzas convoca a celebrar el próximo 21 de enero la primera asamblea nacional de las resistencias ciudadanas y sociales contra el gasolinazo. Sus consignas son: no al aumento de combustibles, abajo las reformas estructurales, alto a la carestía, fuera Peña Nieto, que se vayan todos. El domingo 22 de enero han sido emplazadas nuevas movilizaciones en todo el país. Y el 5 de febrero, magnos actos para conmemorar el aniversario de la Constitución.
Hasta hace poco tiempo, algunos de quienes protestan eran parte del voto duro del PRI. Ya no lo son más. Su malestar tendrá inevitablemente consecuencias electorales. La pérdida de apoyo del partidazo en sus enclaves sectoriales y territoriales tradicionales tiene síntomas de ser una hemorragia imparable. Algunas estimaciones indican que la merma es de alrededor de 10 por ciento de ese voto duro.
Por lo pronto, nada parece indicar que con el paso de los días el descontento se vaya a evaporar. Los anuncios de que se aplicarán pequeños recortes salariales a funcionarios y políticos no satisfacen a nadie. Por el contrario, exasperan más los ánimos. Al grito de
¡ni un peso más!, la tempestad continuará.
Twitter: @lhan55
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