Astillero

 Edomex: Angélica, en el reparto

 Eruviel, mariscal electoral

 Al INE, consejeros de facción

 ¿Quién dio refugio a Tarín?

Julio Hernández López

DESPEDIDA. Arturo Zamora Jiménez, del PRI, con Miguel Barbosa Huerta, uno de los 12 legisladores que abandonaron la bancada del PRD, durante la sesión del Senado de ayer, en la cual se concedió licencia al priísta, quien asumirá su cargo en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares  Foto Marco Peláez

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ambién Angélica Rivera Hurtado (presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF) ha aparecido en el estado de México como parte de la caravana dadivosa que ha montado el gobierno federal en el contexto de las elecciones que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende ganar al costo (literal) que sea. Ya estuvo antes en esa entidad, el pasado 7, acompañando al secretario de Salud y presunto precandidato presidencial, José Narro, y, desde luego, al gobernador Eruviel Ávila, en una jornada de asistencialismo con tufo electoral.

Pero ayer, a cuatro días de que inicie la batalla mexiquense por la preciada gubernatura, la esposa del principal ocupante de Los Pinos se asomó de nuevo, ahora en Tecámac, para participar en una feria de regalos con dinero público que permitirá a los operadores priístas amarrar la voluntad votante de quienes han recibido anticipadosestímulos y apoyos a cambio de copias de credenciales de elector y, desde luego, de la vigilada concurrencia a las urnas en junio próximo (famosas a escala nacional son sus brigadas de acción electoral, afinados equipos de defraudación por fases).

El descaro y la contundencia de la operación priísta en el estado de México es un adelanto evidente de lo que Los Pinos pretende hacer en 2018. No hubo recato a la hora de decidir que un primo de Enrique Peña Nieto sea el aspirante oficial a la continuidad grupal y familiar. No ha habido reparo alguno respecto de la abierta utilización de recursos públicos para fortalecer la estrategia de compra del voto. Así que a nadie deberá sorprender la avalancha de prácticas sucias que se acelerará conforme se acerque el momento de la crucial elección presidencial de 2018.

El propio Eruviel Ávila está siendo progresivamente favorecido por esta sublimación de lo que en la jerga electoral se identifica con la figura del mapache (la pigmentación oscura, alrededor de los ojos y en la zona de los cachetes, da a ese mamífero carnívoro un parecido a la imagen caricaturizada del delincuente con antifaz). No hay en estos días (salvo el propio Peña Nieto) un priísta de primer nivel con tal exposición mediática y tal movilidad práctica: Ávila está convertido en mariscal de campo de los ejércitos federales enviados a la conservación del coto tricolor. Ello le inserta en la paupérrima baraja de aspirantes a la candidatura presidencial priísta o, en dado caso, podría llevarle a la presidencia del PRI en sustitución del taxista Enrique Ochoa Reza que, desde hace rato, se mantiene en un funcionamiento meramente inercial, o a la coordinación ( mapachosa) de la campaña de quien resulte candidato a relevar a Peña Nieto.

Lo que sucede en el estado de México está inscrito en la abundancia de hechos delictivos, relacionados con políticos y autoridades, que exhiben la podredumbre del sistema y la clase política actuales. No son sucesos aislados ni constituyen excepciones. Por el contrario, forman parte de un patrón generalizado, de un modelo de conducta que practica la gran mayoría de quienes llegan a alguna posición de poder, conforme a las actuales reglas y circunstancias.

Basta un rápido repaso de las principales noticias de cada uno de estos días (que constituyen una cuenta regresiva rumbo a la elección de 2018) para encontrar la muestra de esa putrefacción. Un ejemplo claro de esa construcción sucia de las formas de ejercicio del poder se ha dado en la Cámara de Diputados a la hora de designar a tres nuevos consejeros electorales. Con el voto en contra de la bancada de Morena y la abstención de cinco perredistas, fue aprobada la terna de nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Lo de menos son los nombres, el historial e incluso las buenas intenciones que pudieran tener esos nuevos consejeros. El problema es estructural: Tania Paola Ravel llega al cargo porque así lo quiso el PRI; Jaime Rivera Velázquez, en nombre del PAN, y Claudia Beatriz Zavala Pérez, por gracia del PRD. El método es de un pragmatismo absoluto: los tres principales partidos (hasta ahora, por sus resultados de 2015, el PRD sigue siendo considerado en ese nivel) negocian los nombramientos de consejeros (y cuanta designación pase por sus votantes dedos) y éstos ejercen sus funciones con riguroso apego a los intereses de sus promotores.

En esos tianguis legislativos se utilizan vías alternas: pueden adquirirse votos para piezas mayores a cambio de varias piezas menores, algunas incluso en ámbitos de los poderes ejecutivos y judiciales. Cuando los acuerdos quedan cerrados (planchados, se dice) se procede a la rutina de las votaciones, que producen los resultados previamente decididos. Y así sigue dando vueltas la rueda de la fortuna política, con los mismos intereses a bordo (aunque cambien los nombres de los pasajeros) y la gran masa popular en la planicie, observando el espectáculo.

Otro espectáculo polémico fue el ofrecido por el aspirante a rendir protesta como diputado federal, el chihuahuense Antonio Tarín, quien se resguardó en la Cámara de Diputados para evitar que lo aprehendieran a partir de acusaciones en su contra por peculado y otros delitos que se habrían cometido en la red de corrupción de César Duarte Jáquez como gobernador de la entidad norteña.

Es fuerte y fundada la presunción de que al priísta chihuahuense (suplente de un titular que falleció en un accidente carretero) lo protegieron en San Lázaro al permitirle que se refugiara ahí mientras se tramitaba y le era entregado un amparo contra la acción policiaca. La presidenta de la mesa directiva de esa cámara, María Guadalupe Murguía (panista, de Querétaro), dijo que nadie había mostrado orden de aprehensión contra Tarín. El jurista Diego Valadés tuiteó que “no existe argumento jurídico alguno que permita que una persona se ‘refugie’ en la Cámara de Diputados durante 30 horas (…) Nadie puede ingresar a la Cámara de Diputados y permanecer allí el tiempo que se le antoje. Esto no favorece la imagen del Congreso”. ¡Hasta el próximo lunes!

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