Bernardo Bátiz V.
L
a Constitución de la Ciudad de México es impugnada por el sistema, el Ejecutivo federal, el Poder Judicial de la capital, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Senado, todos pretenden detener el avance que esta Carta Magna significa para la historia del derecho mexicano; su promulgación constituyó un verdadero cambio de rumbo que contrasta frontalmente con la línea de reformas neoliberales que se han impuesto en el país desde hace ya más de 25 años.
Esa legislación retrógrada comenzó con la privatización de la banca nacionalizada, llevada a cabo por el gobierno de Carlos Salinas, el cual entregó las instituciones de crédito a los bolseros, enriquecidos con la especulación y el alza artificial de intereses, situación que terminó en la entrega de los ahorros de todos los mexicanos a los grandes bancos extranjeros, convertidos hoy en
la banca mexicana.
Algo parecido sucedió con ferrocarriles, puertos, aeropuertos y carreteras; minas y recursos naturales, todo en manos privadas. Siguieron los litorales, cuando se suprimió la prohibición a extranjeros de adquirir inmuebles en costas y fronteras. El colmo fue la entrega de las áreas estratégicas de la economía, electricidad e hidrocarburos.
Hasta las papas fritas, cerveza, tequila y mezcal son ya negocios de empresas trasnacionales.
Nos quedan pocas cosas; el agua entre ellas, pero ya le echaron el ojo encima. En algunas ciudades del país captación y distribución está ya en manos de particulares y en la Ciudad de México, en este momento, sufrimos un bombardeo mediático encaminado a convencernos de que si queremos agua hoy y en el futuro, tendremos que pagarla a una o varias empresas que se encarguen de proporcionarla.
En tiempo de sequía, quienes sueñan con el negocio, nos repiten hasta el cansancio, en la radio, en la televisión y en los principales periódicos, que estamos al borde de una catástrofe en esta materia y con ello preparan el terreno para convencernos de que el Estado, en nuestro caso representado por el Gobierno de la Ciudad, no puede resolver el problema, por lo que tendrán que estar a cargo los
súper héroes: los empresarios y el gran capital.
En una campaña política, los vecinos me interrogaron sobre el tema.
No hay agua en esta colonia, sí hay les respondí, ahí va en ese camión rojo, embotellada o enlatada, pintada de negro y azucarada y así da vuelta por las calles calurosas de nuestra capital, para venderse en pipas, garrafones, envases de todo tipo y tamaño, con sabores artificiales o sin ellos, energizada o simplemente endulzada.
El paso siguiente puede ser entregar, como se hizo con el petróleo, las presas, las plantas de tratamiento, las redes de distribución que ya existen y que han sido pagadas por nosotros, con nuestros impuestos y derechos, a una o a varias empresas
salvadorasque nos aseguren que no nos faltará el vital líquido. No es cierto, el agua no falta, abunda en la naturaleza, literalmente cae de cielo, es de todos y para todos, y eso es lo que tenemos que defender.
Una de las razones por las que se combate a la Constitución de la Ciudad, estoy seguro, se encuentra en el inciso f) del artículo 9, Ciudad Solidaria, que determina en sus tres numerales lo siguiente:
1.- Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable, suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud. 2.- La ciudad garantizará la cobertura universal de agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
Y lo mejor:
3.- El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
Esto es lo que les duele, que la Constitución prohíbe lucrar con este derecho. Más claro ni el agua.
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