El aeropuerto y la consulta

Julio Muñoz Rubio*

E

l debate que se ha venido dando a raíz de la convocatoria a una consulta acerca de la pertinencia de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México se ha venido agudizando. Sin entrar en este momento en consideraciones sobre la validez legal de tal consulta, me parece pertinente hacer un comentario sobre dos grandes grupos que han expresado su opinión recientemente.

1. Por un lado están quienes, escondiendo o manifestando su aval a la construcción del aeropuerto niegan la validez de la consulta bajo el argumento de que estos asuntos deben ser decididos por los expertos y conocedores en la materia. El populacho, la masa, la chusma carece de la más mínima preparación para opinar. Puede aplaudir, silbar, insultar o festejar, pero nunca podrá decidir porque su natural falta de preparación le impide siquiera entender el ABC de asuntos aeroportuarios. Según esta opinión, los habitantes de Texcoco, especialmente los de San Salvador Atenco lo que tienen que hacer es esperar pasivamente a la decisión de sus superiores intelectuales, la cual a fin de cuentas sería la mejor que se tome independientemente de si les trae beneficios a aquellos o no.

Este argumento es sostenido por técnicos asociados a los grupos empresariales beneficiados por la construcción del aeropuerto. Es la típica visión expertocrática que tantas limitaciones a la libertad y a la justicia acarrea, desde el momento en que deposita toda la confianza y la capacidad de decisión en una élite autonombrada ilustrada.

Pero las demandas del grupo expertocrático no tienen cabida ni siquiera dentro de su propia lógica. Las evidencias, mostradas por científicos independientes y no al servicio de los poderes fácticos, sobre los efectos negativos de la construcción del aeropuerto en Texcoco, han proliferado grandemente en los meses y años pasados. El margen de duda razonable alrededor de esto –que en ciencia casi siempre existe– implica que tiene que aplicarse el principio precautorio y suspender las obras de ese mega proyecto.

Estas evidencias y la legitimidad de las exigencias de los pueblos circunvecinos al proyectado aeropuerto, de defender sus tierras, fuentes de ingreso y relaciones con el medio que les rodea, debe alertar a no caer en las burdas maniobras expertocráticas.

2. Por el otro lado se encuentra una amplia gama de personas y grupos que han dado, con sus diferencias, la bienvenida a la mencionada consulta. Dentro de ella preocupa la afirmación de algunos sectores, simpatizantes del nuevo gobierno, de que se trata de un ejemplar ejercicio democrático; la aplicación de un derecho que el PRI y el PAN nos habían conculcado durante décadas; que es gracias a la llegada del nuevo gobierno que podremos ejercerlo, y este es el primer caso.

Metodológicamente esto no es necesariamente acertado y depende de la materia de la consulta. Para el caso del aeropuerto ese punto de vista parte de una fuerte confusión: es cierto que toda decisión democrática tiene que ser mayoritaria para que sea democrática, pero no se puede derivar de ello que toda decisión mayoritaria es, por sí misma democrática, eso es cometer una falacia enorme. Ninguna decisión que se ostente como democrática puede poner en tela de juicio los derechos y garantías individuales de nadie ni promover privilegios, por mayoritaria o incluso unánime que sea.

Este punto es grave: plantea el precedente de que toda decisión sobre derechos humanos sería susceptible de ser tomada en una consulta o referéndum. De hecho recordemos que AMLO ha anunciado desde hace muchos años que pondría a referéndum el derecho de las mujeres a abortar y el de la comunidad diverso-sexual a contraer matrimonio y adoptar hijos y de manera más pasajera el de si deben comercializarse los alimentos transgénicos. Esta idea de que la gente decida es en primer lugar una caricaturización de demandas populares sobre mecanismos de toma de decisiones (en particular una caricaturización de la legítima consigna zapatista de mandar obedeciendo) y en segundo lugar una evasión de la responsabilidad que al gobierno le corresponde de tomar decisiones que protejan los derechos humanos y además en el caso del aeropuerto, en defensa de todos aquellos que no pueden defenderse ni opinar: los animales y las plantas que serán exterminados con la construcción de tal inmueble.

La consulta sobre el aeropuerto no puede quedarse en un simple sondeo de opinión, con la decisión final tomada en esferas ajenas a los intereses de los pobladores y que ignore los efectos ambientales. Tal consulta, en cambio, debe dar pie a un fuerte movimiento contra la innecesaria megaobra. Para todo ello una ciencia al servicio del pueblo es indispensable.

* Investigador del CEIICH de la UNAM