Obedeceré el mandato ciudadano: AMLO

Santa Lucía va; mi gobierno no estará al servicio de una minoría, señala

▲ El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriú, fijó su postura sobre el nuevo aeropuerto.Foto Jesús Villaseca

Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Martes 30 de octubre de 2018, p. 2

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos y anunció la construcción, en tres años, de un aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía con el que, aseguró, se resolverá el problema de la demanda en definitiva, para 40 o 50 años. Dijo estar ciento por ciento seguro de que esa es la solución y aclaró que a partir de ahora no habrá toma ni secuestro del gobierno por el poder económico.

El político tabasqueño consideró normal la depreciación del peso en las horas posteriores a la consulta sobre el aeropuerto y tras su anuncio.

No hay nada que temer, expuso, y consideró que la caída de la moneda, este ambiente de zozobra, de miedo que crearon, no puede atribuirse a la consulta.

Además, reviró con amplitud las críticas de los empresarios: Yo no engaño a nadie, tengo autoridad moral. El gobierno no estará al servicio de una minoría. Prevalecerá, les guste o no, el interés general. ¡Imagínense, el Estado supeditado a los mercados financieros! Desde ahora hay una frontera entre el poder político y el económico.

En una conferencia de prensa de casi una hora, López Obrador ofreció a los empresarios liquidar los contratos vigentes de las obras en Texcoco, o bien que participen en el proyecto de la nueva terminal en Santa Lucía que, anunció, será administrada por el gobierno federal a través del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM).

Afirmó que desde el punto de vista técnico es viable el proyecto en Santa Lucía y que sus operaciones no interferirán con las del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, además de que el plan integral costará menos de 100 mil millones de pesos. A partir de ahora se iniciará el estudio para el rediseño del espacio aéreo en el valle de México.

En este punto se refirió al estudio que entregó recientemente la empresa francesa NavBlue sobre la viabilidad de Santa Lucía, y reveló que pidió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que nos ayudara a que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen.

López Obrador leyó un fragmento de una carta donde Macron señala que respondió a la petición con rapidez para dar muestra de la prioridad que Francia le da a la relación con México. Ante algunas versiones de que ello constituía un respaldo de ese país a la opción de Santa Lucía, el próximo canciller, Marcelo Ebrard, aclaró que la misiva sólo se refiere a la expectativa de mejorar la relación, pero el gobierno francés no ha tenido nada que ver con la decisión del aeropuerto.

Asimismo, López Obrador resaltó que la decisión es una muestra de que su gobierno no admitirá presiones de nadie.

Una vez que la clase empresarial salió a cuestionar el resultado de la consulta –que decidió por Santa Lucía y suspender Texcoco–, el presidente electo preguntó:

¿Quién manda? ¿No es el pueblo, los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el cambio. Entonces se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté sólo al servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos y estoy seguro que se entenderá. Cuesta trabajo, porque no termina de desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico.

Con todo, añadió, su percepción es que los empresarios aceptarán un acuerdo. Lo que he percibido es una disposición a un arreglo, porque no van a perder, es decir, no ha habido una oposición al gobierno electo ni al procedimiento de consulta, declaró.

Ratificó que los intereses de las empresas e inversionistas están a salvo. Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos e inversiones. Además, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación, acotó.

En la conferencia, López Obrador estuvo acompañado de Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien encargó el diálogo con los empresarios y contratistas; el que será jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y el ingeniero y contratista José María Riobóo.

El presidente electo precisó que Riobóo sólo es asesor y no podrá participar en la licitación de Santa Lucía. Incluso afirmó que la suspicacia sobre su intervención en favor de ese proyecto la crearon los que están en favor de Texcoco.

–¿Cuál es su papel? –se insistió.

–No tiene nada que ver, más que su apoyo, que lo agradecemos mucho. No va a ser contratista. Cuento con su apoyo, claro que no lo ven con buenos ojos los que tienen intereses creados y están acostumbrados a otro tipo de gobierno.

Ya eso se terminó. Lo que le digo a los contratistas y funcionarios corruptos es que se vayan acostumbrando, que hagan un ejercicio mental, todo un proceso de readaptación.

López Obrador se comprometió a que en tres años estarán construidas las dos pistas adicionales en Santa Lucía, así como un carril confinado del AICM a la base aérea, y que el proyecto aeroportuario del valle de México quedará integrado con el de Toluca, que está subutilizado y al que se facilitará el traslado con el tren.

Informó que negociará una disminución de la tarifa por el uso de aeropuerto (TUA) en Toluca, con objeto de reducir las tarifas aéreas.

Celebró incluso que con la decisión en favor se Santa Lucía se salva el lago Nabor Carrillo y no se va a ahuyentar a los patos, a las aves. Por la construcción (en Texcoco) se le tenía que quitar el agua al lago, a los patos. Explicó que se estudiará el destino de los terrenos de la obra detenida, aunque consideró que podría dedicarse a un gran centro ecológico, deportivo.

Jiménez Espriú informó que iniciará un diálogo de inmediato con el gobierno de Enrique Peña Nieto, contratistas y participantes clave, para la suspensión ordenada y legal de la obra en Texcoco.

Afirmó que se respetarán los derechos de todos, en particular de inversionistas y tenedores de bonos, especialmente de certificados fibra E, que financian, en parte, el proyecto.

Explicó que también se cumplirán los compromisos y gastos no recuperables de los contratistas, calculados en 40 mil millones de pesos, que se obtendrán del fideicomiso que opera el GACM.