Impunidad y corrupción, a galope // Estado de México, primer lugar
Carlos Fernández-Vega
C
oncluye el sexenio de Enrique Peña Nieto con los más elevados niveles de corrupción e impunidad, durante el cual las dos avanzaron a galope tendido, y ante la perspectiva de la amnistía que decretaría el gobierno entrante, los grupos de poder se frotan las manos, pues quedarían libres de toda acción judicial en su contra, es decir, impunes.
De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la corrupción cuesta a México hasta 10 por ciento del producto interno bruto, proporción equivalente a cerca de 2 billones de pesos, en un círculo vicioso que, desde luego, incluye a la impunidad.
Para dar una idea de qué se trata, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados divulgó un informe temático, fechado en noviembre del presente año, con base en el índice global de impunidad México (IGI-Mex) 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap, que incorpora una medición de la dimensión de los derechos humanos como complemento al índice de los estados), y de él se toman los siguientes pasajes.
México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El primero, en México, aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. Nuestro país ocupa el cuarto lugar del índice global de impunidad, y encabeza la lista de países del continente americano con el más alto registro en la materia.
Al mismo tiempo aumenta la cifra negra y la tasa de violencia se mantiene en niveles muy altos. La cifra negra se refiere a los delitos no denunciados y sigue en un porcentaje muy alto. Incluso aumentó casi un punto porcentual en dos años, al pasar de 92.8 a 93.7 por ciento, lo cual confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de que fueron víctimas.
Las entidades de la República con el promedio más alto de delitos no denunciados son: Guerrero (97.48 por ciento), estado de México (95.45), Ciudad de México (94.72), Tamaulipas (94.65), Jalisco (94.24) y Tlaxcala (94.21), lo que ni lejanamente quiere decir que el resto no reporte altos índices de impunidad.
El promedio nacional del índice de impunidad (IGI-Mex 2018), tomando en cuenta a las 32 entidades, aumentó a 69.84 puntos en comparación con la última medición de 2016, que fue de 67.42. Los estados que aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad son: Aguascalientes (7.48 puntos), Tlaxcala (7.37), Nayarit (6.65), Puebla (6.4), Chiapas (5.68), Guanajuato (5.66), Tamaulipas (5.49) y Coahuila (4.95).
Y las 10 entidades con los índices más altos de impunidad son estado de México (80.06), Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33), Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).
El estado de México (tierra natal de Peña Nieto) es la entidad con el índice más alto de impunidad, con un puntaje de 80.06. Se registran 202 mil 205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país, y únicamente hay mil 209 sentenciados en primera instancia. Solamente 0.59 por ciento de carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de éstas por los agentes del Ministerio Público.
Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presente el problema más grave en el país. El estado de México enfrenta además conflictos estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos, no cuenta con suficientes jueces y magistrados, al tiempo que se redujo su estado de fuerza policial.
Por si fuera poco, México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 contra 16 por cada 100 mil habitantes y corrupción e impunidad van de la mano.
Las rebanadas del pastel
Con esa tétrica realidad se iniciará el nuevo gobierno. Entonces, ¿amnistía?
Twitter: @cafevega
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