Bernardo Bátiz V.
H
ay una nueva crítica al gobierno; los rastreadores de ataques idearon algo que les pareció novedoso; se quejan de un Presidente con demasiado poder e insisten en que disfruta de muchos mecanismos de mando y autoridad que requieren un límite, un contrapeso y para ello convocaron a un grupo de personas más o menos conocidas, para que tuvieran visos de fuerza y sostuvieran a la débil oposición al gobierno. La convocatoria fue para ponerle al Presidente un freno, un contrapeso a sus poderes y para que sus facultades y potestades tengan límites y equilibrios.
La idea no es nueva, Aristóteles tocó el tema en La política. En el siglo XVIII los ingleses encontraron fórmulas para contrarrestar a su rey e impedirle que fuera un monarca absoluto, hasta le cortaron la cabeza. Pero fue Montesquieu, en El espíritu de las leyes, quien redondeó la teoría y afinó los conceptos; los poderes deben dividirse para evitar que se abuse de ellos, la división es en tres partes, el Legislativo que hace las leyes, el Ejecutivo que las aplica y el Judicial que las interpreta y resuelve las controversias.
Son tres potestades, según escribió el noble francés, que no deben recaer en una sola persona o en una sola corporación, pues, de ser así, el poder concentrado avanza inevitablemente al abuso; su ejercicio legítimo se convierte en un riesgo y luego atenta contra la libertad de todos; Montesquieu elabora su teoría de la división de poderes, como un equilibrio en favor de la libertad.
Para preservar los derechos de los súbditos, se separan las potestades y se confieren a personas o cuerpos colegiados separados; el poder se divide de tal modo que quien hace las leyes no juzga, el que juzga no administra y quien administra no legisla.
Así se asegura de que no haya abuso y de que se respeta la libertad. El poder absoluto se convierte en arbitrario, en opresor. Tres poderes se equilibran entre sí; esa ha sido la tradición en el Estado moderno. En el México de hoy, a partir del 1° de diciembre de 2018, una persona, el primer mandatario, acaparó demasiado poder, ganó ampliamente la Presidencia y cuenta en el Congreso, según sus críticos, con
sus legisladores, con mayoría relativa en ambas cámaras; la conclusión que sacan estos críticos es que si una persona tiene el Poder Ejecutivo directamente y un apoyo abierto del Legislativo es indispensable buscarle otros límites, acotarlo mediante otros mecanismos.
El Presidente dijo en su discurso de toma de posesión que no será un superpoder, que respetará las facultades tanto del Congreso como de los jueces y así lo ha hecho; lo que falta es que esos dos poderes asuman la parte de soberanía que les corresponde, que se tomen en serio y actúen en consecuencia. Ellos, diputados, senadores y jueces, son los que tienen la encomienda constitucional de equilibrar al Ejecutivo, de ejercer sus facultades con libertad y autonomía.
En 1789 la asamblea francesa, la histórica asamblea, votó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y en el artículo 16 nos legó una hermosa y precisa fórmula que debemos recordar:
La sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene constitución.
Quienes hablan hoy de la necesidad de contrapesos, los
contrapesistas, no debieran alterarse tanto; existen los otros dos poderes, tienen legitimidad y responsabilidad constitucional, son los pesos y contrapesos del Ejecutivo, equilibradores y controladores para limitar posibles abusos; sólo necesitan asumir sus potestades, no esperar la indicación, el guiño, la línea. El contrapeso no puede estar en manos de un sector de la población, sean ricos y poderosos o pobres, sean patrones o trabajadores.
Los llamados grupos intermedios, con innumerables fines específicos y distintas formas de organización, deben perseguir sus propios objetivos, opinar si así lo desean, pero ni todos juntos como corporaciones con intereses particulares, ni por separado, sean poderes fácticos o sociedad civil, tienen la función de gobernar ni de acotar al gobierno, que es a lo que, al menos algunos de ellos, la
sociedad civilasí llamada, pretenden. No tienen facultades constitucionales ni calificaciones para asumir esa función.
Cuanto más son defensores de sus propios intereses y de su clase social, no persiguen el bien común, sino un bien particular o sectorial; que opinen, que disfruten del régimen de libertad, pero ellos no son el contrapeso del Ejecutivo, deben serlo los jueces de todos los niveles, en especial los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados y la de Senadores.
No creo que el Presidente vaya a abusar de su poder, es hombre de palabra; pero si tuviera la tentación, corresponde a los poderes constitucionales acotarlo y si éstos no cumplen esa función, al pueblo en su conjunto, asumiendo su soberanía, toca corregir lo que esté mal, no a los poderes del dinero.
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