Amenazas y libertad de expresión

Octavio Rodríguez Araujo

Ahora que la suprema corte de justicia de la nación (así con minúsculas) ha dictaminado que la libertad de expresión está por encima de las afectaciones al honor y a la reputación de las personas y empresas periodísticas (La Jornada), haré uso de mi libertad de expresión para decir que Calderón me está amenazando en mi calidad de firmante de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra y de algunos de sus empleados (García Luna, Galván y Saynez) y El Chapo Guzmán, entre otros. La denuncia no es contra el gobierno de la República, pues en estos casos no tienen cabida en la CPI, sino contra personas con responsabilidad pública y atribuciones de mando sobre policías, soldados y marinos que han asesinado, desaparecido y atropellado a muchos mexicanos, violando sus derechos constitucionales y también sus derechos como seres humanos.

Ningún presidente de la República, en 44 años de escribir en periódicos, me había amenazado por lo que firmo. No sé cómo Calderon cumplirá su amenaza, pues los delitos contra el honor fueron eliminados del Código Penal Federal. Ya no son delitos los golpes y otras violencias físicas simples, injurias, difamación y calumnias. Si el principal inquilino de Los Pinos recurre al Código Civil Federal (artículo 1916), en el mejor de los casos podría acusarme, junto a otras 23 mil personas (y las que se agreguen), por daño moral, ya que podría argumentar (con el apoyo de un sicólogo de reconocida solvencia) que con la denuncia mencionada hemos menoscabado su integridad síquica (la física no ha sido tocada). Sin embargo, deberá tomar en cuenta que el Código Civil dice que se trata de un ilícito si tal posible afectación es ilegítima, pero no es el caso pues hemos recurrido a una corte penal reconocida y avalada por el Estado mexicano. Que con dicha denuncia hayamos afectado la integridad síquica de Calderón, a juzgar por su reacción, no es nuestra culpa. Personalmente siempre he pensado que quien se arriesga a jugar el papel de presidente de un país tiene la piel dura y sabe que se expone a ser criticado.

¿En qué consiste la amenaza de Calderón? Las imputaciones en la denuncia son, para él, infundadas e improcedentes, verdaderas calumnias y acusaciones temerarias (es su opinión, y hasta podríamos decir que es respetable), pero luego viene la amenaza: “por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros nacionales e internacionales”. Proceder legalmente contra los 23 mil firmantes. Esta es la amenaza.

Lo que hemos pedido es una investigación y todavía falta que la denuncia sea aceptada por la CPI. Personalmente espero que sí sea procedente y que se hagan las averiguaciones pertinentes. Alguien tiene que ser responsable por los crímenes que la “guerra” de Calderón ha provocado, por la tortura, por las violaciones al artículo 16 constitucional y otros relacionados con las garantías individuales. Muchos somos los que hemos opinado sobre estos temas, tanto en las páginas de este diario como en las de otros medios. El pueblo mexicano conoce mejor que nadie los excesos cometidos por las autoridades en contra de inocentes e incluso de presuntos culpables. Miles de inocentes han perdido la vida en operativos y acciones de policías, militares y marinos, y hay claros testimonios de ello, así como de violaciones a mujeres por parte de los mismos. Hemos visto también fotografías y videos de tratos inhumanos y de tortura a presuntos hampones, y hasta de asesinatos en lugar de los juicios legales que ordenan nuestras leyes. Una cosa es que sean delincuentes de la peor ralea y otra que se les trate como perros rabiosos acorralados. Todo mundo merece un juicio justo y, desde luego, la demostración de sus culpas.

La scjn (así con minúsculas) sentó precedente en el litigio de La Jornada contra Letras Libres que, como bien señala el editorial de este diario del martes pasado, abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista dirigida por el ultraderechista y mentiroso Enrique Krauze (sobre el calificativo “mentiroso”, me baso en el libro de Manuel López Gallo, Las grandes mentiras de Krauze, Ediciones El Caballito, 1997). Aun así, los abajofirmantes de la denuncia ante la CPI no estamos formulando calumnias ni mucho menos difamando a nadie. Los hechos y los datos asentados en el expediente respectivo han sido ampliamente documentados.

Es mi opinión, señor Calderón, que su reacción a nuestra denuncia, encabezada por el joven y brillante abogado Sandoval, ha sido desmedida y más propia de una personalidad autoritaria que de un demócrata apegado a derecho. Modestamente le sugiero que no lleve el asunto ante la scjn (así con minúsculas) porque ésta está obligada a contestarle que por encima de las que usted llama “imputaciones falsas y calumniosas” está la libertad de expresión. Esta es la paradoja del litigio entre nuestro diario y la revista Letras Libres: La Jornada ganó perdiendo y usted y sus empleados García Luna, Galván, Saynez, etcétera, quedaron desprotegidos jurídicamente para actuar en nuestra contra. Nadie sabe para quién trabaja.

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