La ofensa del gobierno mexicano a la dignidad indígena

Magdalena Gómez

C

iertamente no es novedad el distanciamiento del Estado mexicano frente a la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas; ésta vez se mostró de manera ofensiva y directa en el espacio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 14 de marzo se efectuó la audiencia concedida a los pueblos rarámuri y ódami durante el 147 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, con sede en Washington. Asistieron representantes de las comunidades de Bakajípare, Huetosachi y Mogótavo, del municipio de Urique; Coloradas de la Virgen, Choreachi y Mala Noche, del municipio de Guadalupe y Calvo, de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, respaldados por las organizaciones Alianza Sierra Madre, Tierra Nativa, Cosyddhac, Centro de los derechos de la mujeres, Mujeres por México en Chihuahua y la diócesis de la Tarahumara. Además de contar con el respaldo de autoridades tradicionales de toda la sierra.

En dicha audiencia expusieron sus problemas de carácter territorial, de salud, educación, agua y alimentación, enmarcados en la violación al derecho a la consulta y el consentimiento previo respecto a los proyectos turísticos, concesiones forestales y mineras.

Entre los saldos del despojo anotaron que en los municipios de la sierra 90.6 por ciento de la población no cuenta con servicios de salud; 78.9 por ciento de las viviendas no tienen agua potable; 96.6 por ciento no tiene drenaje; 91.6 por ciento de las viviendas no cuentan con energía eléctrica; más de 70 por ciento de la población no sabe leer ni escribir y no dejaron de lado la disfunción de la educación: La escuela (pública y privada) no ayuda en casi nada la subsistencia del pueblo rarámuri. Toda persona egresada de cualquier escuela, cambia de manera de ser, de comportamiento, busca otros trabajos fuera de la comunidad, se hace más dependiente de la economía mestiza. Esto sucede porque los programas son ajenos, con maestros preparados fuera de la cultura; en la escuela se habla la lengua mestiza y la lengua indígena se desconoce. Temas que tienen que ver con la calidad de la educación, concepto ausente en la reforma administrativa y de acoso laboral recientemente aprobada.

Concluyeron con peticiones precisas, como la cancelación de permisos forestales, la suspensión de obras del fideicomiso Barrancas del Cobre y la instalación de mesas de trabajo de alto nivel, a fin de buscar atención resolutiva a las problemáticas.

El gobierno mexicano se hizo representar por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien dio la palabra a otro de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual, sin referencia alguna a los pueblos presentes en la audiencia y a la problemática y peticiones específicas, dio lectura a un larguísimo y retórico texto que hablaba del Pacto por México, la cruzada contra el hambre, sus programas de infraestructura, lo cual motivó la reacción de la representación de la CIDH, insistiendo en el esfuerzo de los peticionarios indígenas y la necesidad de recibir respuestas concretas. Se dio la palabra a la representante del gobierno del estado de Chihuahua, quien leyó una monografía indígena de la entidad, como las que hay en Internet y señaló que ya habían realizado una mesa de trabajo, a la cual asistieron algunas de las organizaciones presentes. La CIDH no omitió el desencanto frente a la desconsideración al esfuerzo de los representantes indígenas. Como sabemos, en ese periodo se realizaron otras audiencias sobre México; la relativa a Atenco tuvo por respuesta oficial que se concilien frente a las violaciones graves a los derechos de las mujeres, cuestión rechazada enfáticamente. Por lo menos los representantes oficiales se refirieron al tema planteado, si bien no de manera consecuente. En el caso de la audiencia de los pueblos rarámuris y ódami uno se pregunta qué llegarán a contar en sus comunidades de cara a la proeza de lograr trasladarse a la CIDH. ¿Cuál será el valor simbólico que pueden atribuir al decir su palabra en ese espacio? Cuando se realizó la Marcha del Color de la Tierra, en 2001, algunos rarámuris participaron acompañados del Ronco Robles (†) y al regresar informaron que ya supieron que pueblos indígenas “somos muchos, el subcomandante Marcos nos contó a todos en el Zócalo, también a nosotros”. Para uno de los pueblos que han permanecido más aislados, ése era un descubrimiento crucial, y algo de ese impacto se muestra en su reciente caminar por la justicia igual a la capital del país que ahora a la CIDH. Porque en esas audiencias también conocieron a indígenas de otros países y ya se dieron cuenta de que aún son más y que tienen problemas similares, porque ellos saben que su origen y sus territorios son ancestrales aun cuando los papeles no digan eso. Por lo pronto tenemos una estampa ciertamente indignante de los limitados alcances del retorno príista.