Bernardo Bátiz
E
l jefe de Gobierno del Distrito Federal, frente a las críticas que se le han hecho –abierta o veladamente– de que su gobierno en el espectro político dejó de ubicarse en la izquierda y se corrió hacia la derecha, aprovechó el escenario de una especie de corte de caja que presentó ante la opinión pública, al completar 100 días de su gobierno.
Qué bueno que atendió al reclamo, porque hace ocho meses los votantes a su favor lo hicimos tanto por sus cualidades personales y su trayectoria política, relativamente corta, como por los partidos definidos de izquierda que lo postularon y que estuvieron muy cerca de superar la compra de sufragios y de llevar a la presidencia de la República al candidato Andrés Manuel López Obrador.
Una definición aceptada de los términos escurridizos de izquierda y derecha es la de Alfio Mastropolo, quien dice que desde los Estados Generales, en 1789, se acepta que la izquierda representa a quienes pretenden un cambio en la situación económica y política de una sociedad, y la derecha a quienes se oponen a ese cambio o lo persiguen con más parsimonia.
La precisión que hace el doctor Mancera acerca de su posición política, aclarando que no interfiere su postura ideológica con sus responsabilidades institucionales era necesaria, pero no es suficiente. El movimiento se demuestra andando y es atendiendo a lo que se hace en la ciudad como se puede percibir cuál es la realidad de un gobierno frente a los requerimientos y dudas populares.
Hay inquietud de los capitalinos que han manifestado mayoritariamente su preferencia por gobiernos progresistas y populares sobre gobiernos conservadores cuando perciben conductas similares a las del resto de la
clase política, pero retorna la confianza y el reconocimiento, cuando con hechos se demuestra cuál es el camino escogido y qué valores se defienden. Habrá suspicacia si el gobierno defiende privilegios en negocios y cargos públicos, si permite ventajas y tolera impunidad.
En cambio, habrá aprobación, respeto y apoyo, más allá del aplauso fácil de un público ad hoc, cuando las acciones están motivadas por la equidad y por los principios democráticos y de justicia social.
En mi opinión, entre otras varias, hay dos acciones políticas que delinean la posición del gobierno citadino más allá de críticas y definiciones. En ambos casos se trata de la defensa de instituciones de avanzada a las que en fechas recientes se puso en tela de juicio, con obstáculos y pretensiones contrarias a su naturaleza de estructuras de avanzada. Me refiero a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y al Programa de adultos mayores. A la UACM se le puso en riesgo de perder su naturaleza de escuela moderna, basada en conceptos pedagógicos avanzados y contrarios a la pretendida reforma educativa, que busca en el fondo facilitar la privatización de la enseñanza y establecer mecanismos de control político sobre los maestros; salió adelante, en buena medida por la mediación respetuosa de la autonomía pero conciliadora y firme de las autoridades de la capital.
En el caso del Programa de adultos mayores se le pretendió suprimir la universalidad de las prestaciones, que es su característica principal, pero no sólo esa intentona quedó atrás, sino que a los servicios que presta, mediante la tarjeta de despensa, que es fundamental para la vida económica de la ciudad, se han añadido otros servicios para el sector social a su cuidado.
Hay un programa de testamentos, transporte gratuito, atención médica, una fiscalía especial para los adultos mayores y ahora el gobierno capitalino emprende para ellos un nuevo servicio denominado Turismo social que fue puesto en marcha con oportunidad y eficacia. Como repito, el movimiento se demuestra andando, y más allá de las palabras estas acciones definen si un gobierno es de izquierda o de derecha, de la gente o de los privilegiados.
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