Gabriela Rodríguez
E
s de celebrar que el lunes pasado la nueva administración instaló en pleno el Consejo Nacional de Población (Conapo); llevaba 15 años sin hacerlo. Una instancia que se fundó hace casi 40 años, en 1974, para
adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población; realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población; disminuir la mortalidad; influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica; promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural, y promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional(Ley General de Población). Desde entonces el Conapo tiene a su cargo la planeación demográfica del país y se integra por un conjunto de secretarías de Estado y de instituciones gubernamentales encabezadas por el secretario de Gobernación, a fin de articular planes de los distintos sectores. Un papel que ha perdido fuerza en los últimos años y que esperamos fortalecerá el Conapo actual.
Dentro de los grandes objetivos que México se planteó, el mejor logrado fue el enfocado en regular y estabilizar el crecimiento de la población. Fueron extraordinarios los logros en reducir los niveles de fecundidad: la tasa de crecimiento se redujo de 3.6 a 1 por ciento anual, las mujeres pasaron de tener seis hijos a dos en promedio, dejaron de nacer casi 50 millones. En vez de ser 151 millones proyectados para el año 2000, se censaron 97 millones en ese año; será 50 años después, en 2050, cuando alcancemos la cifra proyectada para el anterior cambio de siglo. La esperanza de vida al nacer llegó a 76 años y la tasa de mortalidad infantil se redujo a 12 por mil (Manuel Ordorica,
Los diferenciales sociodemográficos en la definición de políticas públicas en el México de hoy, Coyuntura Demográfica, número 1, noviembre de 2011).
Otros objetivos siguen siendo retos para la política de población: deja mucho que desear la integración de la mujer al desarrollo. Son mujeres jóvenes la mayoría de las excluidas del trabajo remunerado y de la educación media superior: 43 por ciento del total de jóvenes entre 15 y 29 años de edad no estudian ni trabajan, frente a 13 por ciento de hombres de ese grupo de edad (Carla Pederzini V, “De ninis, quehaceres y búsquedas”, Coyuntura Demográfica, número 1, noviembre de 2011). En el ámbito público las mujeres alcanzamos un tercio en los congresos y sólo 8 por ciento de las presidencias municipales. Qué decir de los grupos indígenas: nuestra población originaria es la más pobre y desigual entre los pobres. El porcentaje de analfabetas indias es 20 por ciento mayor al del sexo masculino y la mortalidad materna es tres veces mayor que las demás. A estas alturas del siglo hay comunidades donde persiste el matrimonio forzado y la venta de niñas. Hace falta mejorar la calidad en la prestación de servicios educativos y de salud. La educación sexual no ha superado la visión biomédica de los años 70. La perspectiva de género, los derechos de la diversidad sexual y los derechos reproductivos, aunque están en los libros de texto, no han transformado la cultura institucional ni la vida diaria de las aulas escolares. En este país la distribución de la población no pasó de ser un buen deseo del Conapo de los años 70: la dispersión y concentración de la población no se encamina hacia el equilibrio, los flujos de migración interna e internacional tienen que seguir siendo parte de la agenda demográfica, el embarazo y la maternidad temprana son expresión de la recuperación de lo religioso en la política y de la falta de oportunidades de desarrollo. Tener una vida sexual sin hijos y dentro del noviazgo, así como el acceso al aborto seguro, es un lujo de clase. El envejecimiento de la población y la calidad de vida que merecen quienes pronto serán mayoría son un desafío que el sistema económico actual no tiene resuelto. El incremento de los homicidios y de la mortalidad por violencia es el tema emergente que habría que articular en las políticas de población.
Los desafíos exigen redefinir y volver a dar prioridad presupuestal al Conapo, con estrategias enfocadas en la superación de las desigualdades sociales y regionales, aterrizando en el ámbito estatal y municipal. Es necesario lograr transparencia y rendición de cuentas que superen los altísimos índices de corrupción, sin lo cual todas las políticas se convierten en letra muerta. El Conapo de los años 70 no se sometió a la voluntad de los jerarcas eclesiales cuando los anticonceptivos eran enérgicamente condenados por el Vaticano, y en eso estriba parte del éxito en la reducción de la fecundidad. Hoy se tendría que confirmar el carácter laico de la política de población y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como cumplir con los acuerdos firmados recientemente por el Conapo en el Consenso de Montevideo, que entre otros temas se comprometió a:
asegurar, en los casos en que el aborto es legal, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados e instar a los estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
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