La república corrupta

Pedro Miguel

T

odos tienen lo suyo. Es intolerable que durante los gobiernos de Fox y de Calderón se hayan otorgado concesiones y contratos corruptos a un puñado de empresarios del sector petrolero para enriquecimiento de propietarios y parientes políticos presidenciales. Más escandaloso es que Peña se haya encaramado a la Presidencia con recursos tan ilegales como la superación –en mil 300 por ciento– de los topes de gastos de campaña permitidos y que las instituciones electorales del país hayan decidido mirar hacia otro lado y declarar que el proceso de 2012 fue más o menos impoluto. Y es materia de indignación, también, que el gobierno del Distrito Federal haya gastado casi 27 mil millones de pesos en una obra pública que, básicamente, no sirve, como vino a enterarse la ciudadanía capitalina a poco más de un año de que la línea 12 del metro fue inaugurada.

En 1982 –hace 32 años– el régimen político ya manifestaba abiertos propósitos de redención ante las prácticas corruptas que lo caracterizaban: López Portillo aseguraba, en uno de sus informes, que las había combatido hasta el escándalo, y su sucesor designado, Miguel de la Madrid, entró a Los Pinos con la promesa de una renovación moral que jamás llegó a traducirse en acciones concretas significativas.

De entonces a la fecha Salinas se embolsó la mitad de la partida secreta asignada a la Presidencia –en eso coincidieron el propio De la Madrid, su colaborador Luis Téllez y su hermano Raúl, en una conversación telefónica filtrada a los medios–. Zedillo organizó el robo a la nación de 56 mil millones de dólares, vía el rescate bancario, y tras terminar su periodo se fue a trabajar para alguna de las corporaciones estadunidenses a las que había beneficiado con privatizaciones a precios de remate. Fox permitió toda suerte de moches para sí (acuérdense del Jeep rojo), para su esposa (inventora de una cosa llamada Vamos México, a la que el ingenio popular rebautizó Robamos México) y para los hijos de ésta. Calderón, siendo secretario de Energía, traficó contratos petroleros a favor de su extinto amigo Juan Camilo Mouriño, quien, no satisfecho con eso, se los otorgó a sí mismo desde una subsecretaría del sector. Por ejemplo.

En el régimen político ampliado –que incluye al PRI, al PAN, al PRD, al Verde y al Panal– la corrupción es un instrumento de ejercicio del poder y de perpetuación en él y, lógicamente, nadie quiere que desaparezca. La corrupción propia permite comprar fidelidades, financiar actividades extralegales, fortalecer proyectos y, por supuesto, obtener un bienestar sin medida para los líderes del partido. El conocimiento de la ajena aporta munición estratégica a fin de disuadir y, en casos extremos, destruir a un adversario, aunque esta última posibilidad sólo se presente por excepción.

De esta manera la casta gobernante y sus aliados y operadores empresariales construyen equilibrios, inventan consensos oficiales (como el del Pacto por México), detentan un poder sin límites ni contrapesos y preservan, en lo sustancial, la república corrupta a la que le deben todo. Desde luego, los mecanismos e instituciones de fiscalización y vigilancia forman parte de ese conglomerado de intereses y no operan por norma sino por excepción, cuando las partes en pugna no han logrado ponerse de acuerdo mediante la negociación y se ven orilladas a dirimir sus conflictos mediante escándalos que casi nunca llegan a tener consecuencias penales.

La república corrupta es un producto de la implantación del modelo neoliberal, en el cual, a contrapelo del discurso ideológico, el Estado adquiere una importancia económica fundamental como instrumento de depredación nacional, de remodelación social y moral y de concentración de la riqueza. El antiguo papel de las instituciones públicas de contención de los apetitos de rentabilidad para mantenerlos en los márgenes de la legalidad da paso al de motor de la utilidad máxima en los límites mismos de la ley e, irremediablemente, más allá de éstos.

El auge de la delincuencia como una nueva y horrorosa forma de relación social coincide, por eso, con la implantación del neoliberalismo en el país. Para el paradigma neoliberal el cártel delictivo es la expresión ideal de empresa y la corrupción estructural lo convierte en parte integrante, aunque inconfesable e inestable, de la institucionalidad.

En esta perspectiva, la aparente ineficiencia de los mecanismos de fiscalización permitió la comisión de negocios turbios en torno a Oceanográfica; la supuesta inoperancia de las instituciones electorales hizo posible que hace dos años la candidatura presidencial priísta gastara 13 veces más de lo permitido, y la incapacidad de las corporaciones policiales posibilitó que, durante más de una década, El Chapoactuara en completa libertad. Pero no: ninguna de estas tres situaciones es resultado de ineficacia, sino reflejo de la corrupción.

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