Rabian

Pedro Miguel

E

l Partido del Pacto por México (PPM) ha reaccionado con un inocultable berrinche a la inauguración de las ocho escuelas de educación superior financiadas por Morena. Desde octubre del año pasado el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, había descalificado esos planteles sin tener la menor idea de sus planes de estudios, plantilla docente e instalaciones: las describió como un engaño para los jóvenes de México (http://is.gd/pfwsPa). Tras la inauguración de las escuelas, la dependencia que encabeza Nuño, y que gestiona un sistema educativo en ruinas, saqueado por la voracidad de los funcionarios y minimizado por la determinación de crearle oportunidades de negocio a los empresarios de la enseñanza privada (http://is.gd/a2ln3J), armó un alboroto porque las escuelas profesionales aún no cuentan con el registro de validez oficial de estudios (http://is.gd/byjWGq). Y es inevitable preguntarse qué espera la SEP para otorgar ese registro (que de cualquier manera no garantiza educación de calidad, ni mucho menos,http://is.gd/RdD9ac) a los planteles que ya lo solicitaron, habida cuenta que cumplen con todos los requisitos para obtenerlo.

Miguel Ángel Mancera, ahora abiertamente entregado al peñato, no dudó en azuzar a la SEP en contra de las escuelas universitarias (http://is.gd/du1P50). Dos días después llamó a crear un frente común (con gobernadores priístas y sin los planteles financiados por Morena, claro) para abatir el número de jóvenes rechazados por las instituciones públicas de educación superior del centro del país (150 mil). El perredista Mauricio Toledo tampoco dudó en lanzarse en contra de los nuevos establecimientos, a los que describió como un acto inmoral y con posibles consecuencias fraudulentas(http://is.gd/NkkYV1) y presentó un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la Contraloría General capitalina hurgue en ellos en busca de la menor irregularidad. Por supuesto, la mayoría del PPM en la Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo de inmediato. Hasta el rector de la UNAM, Enrique Graue, se unió al linchamiento (http://is.gd/ZOs6p7), opinando que las escuelas profesionales no deben operar sin previo registro de la SEP , acaso sin pensar en el enorme favor que dichos planteles le hacen a la máxima casa de estudios al aliviarle la presión social de las decenas de miles de jóvenes que son rechazados por ella mediante un examen de admisión que no está diseñado para aceptar a los mejores sino para descartar al 90 por ciento de los aspirantes.

La semana pasada la diputada local priísta Cynthia López Castro se apersonó junto con sus guaruras en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, recién inaugurada, se puso a intimidar a los alumnos que ingresaban al plantel y armó un escándalo. El energúmeno fue rápidamente neutralizado por el director de la escuela, Netzaí Sandoval, quien la invitó a pasar, le enseñó el local y le expuso los planes de estudio (http://is.gd/Kpolwl). La legisladora se aplacó en forma momentánea, acto seguido fue a Twitter a decir que el plantel es ilegal (http://is.gd/ZDJLIz).

Otra priísta, la diputada federal Carmen Salinas, fue más directa: las escuelas, dijo, son fábricas de huevones (http://is.gd/vgHk43).

La unanimidad del régimen y sus personeros en contra de las escuelas universitarias financiadas por Morena y sus representantes populares sugiere la existencia de una orden oficial de ataque procedente de Los Pinos. Más allá de eso, el ensañamiento, la desmesura y los desfiguros hablan de la profundidad y la gravedad del golpe experimentado por el PPM con la fundación de los ocho planteles. Para empezar, tales escuelas constituyen un abierto desafío al designio gubernamental de reducir la enseñanza superior gratuita a su mínima expresión. No es un dato menor el hecho de que la semana pasada dos nuevas escuelas normales hayan abierto sus puertas, tras cuatro décadas de hostigamiento presupuestal, legislativo, policial y propagandístico en contra de esta clase de planteles. Por añadidura, los centros financiados por Morena, gratuitos, restarán alumnado a los negocios de paga –patito, esos sí– cuyo crecimiento descontrolado ha sido auspiciado desde el gobierno federal en diversos sexenios. Y el peor de los agravios: con la apertura de las nuevas escuelas se pone en evidencia la pudrición de una casta gobernante que se roba el dinero público (http://is.gd/BSWci9) que debiera servir en primer lugar para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y bienestar. Es lógico que rabien los exponentes de la cleptocracia.

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