EU-Latinoamérica: verdades reveladas

Peter Kornbluh *

C

uando el secretario de Estado John F. Kerry viajó a Chile, en octubre del año pasado, para asistir a una conferencia internacional sobre preservación de los océanos, llevaba algo que nada tenía que ver con la colaboración ambiental: un disco de computadora que contenía 282 documentos recién desclasificados sobre el papel del general Augusto Pinochet en un acto descarado de terrorismo internacional en Washington, que costó la vida al ex embajador chileno Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt, de 25 años de edad, hecho del que ayer se cumplieron 40 años. En un gesto diplomático sin paralelo, Kerry entregó personalmente el disco de documentos a la presidenta chilena Michelle Bachelet.

El mes pasado, cuando Kerry voló a Buenos Aires para unas pláticas comerciales, llevaba otro disco, esta vez cargado con mil 78 páginas de registros sobre la guerra sucia en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Kerry entregó esos documentos al presidente Mauricio Macri y prometió que habría más en el futuro.

Junto con los tradicionales instrumentos de gobierno, la administración Obama ha desarrollado una herramienta totalmente nueva: desclasificar viejos secretos de Estado para compartir con otros gobiernos y sus sociedades. El presidente Obama ha usado esta diplomacia desclasificada para reparar daños con otras naciones, promover la causa de los derechos humanos e incluso corregir la historia negra del apoyo de Washington a la represión en el extranjero. Los aliados lo agradecen y los historiadores están encantados. Y, dada la profundidad y alcance de los archivos estadunidenses de la guerra fría que permanecen secretos, la diplomacia desclasificada tiene el potencial de llegar mucho más lejos todavía.

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Pocas personas recuerdan que los primeros decretos de Obama como presidente llevaban la intención de fortalecer el acceso a la información y promover la transparencia y el gobierno abierto. Durante mucho tiempo ha habido demasiado secreto en esta ciudad, declaró el nuevo presidente el 21 de enero de 2009, su primer día en la Casa Blanca. Este gobierno no está de lado de quienes buscan retener información, sino en el de quienes quieren que se conozca: un objetivo admirable, pero que no siempre su gobierno ha procurado.

Entre quienes han buscado saber qué información sigue retenida en las bóvedas secretas de las agencias nacionales de seguridad de Estados Unidos están personas de países latinoamericanos como Brasil, Chile y Argentina, donde defensores de derechos humanos, abogados y jueces continúan luchando por llamar a cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por regímenes militares del pasado. Así como miles de víctimas fueron desaparecidas por esos gobiernos, las dictaduras militares se las ingeniaron para desaparecer la documentación de sus atrocidades. Sin embargo, vastas colecciones de evidencia se mantuvieron fuera de su destructivo alcance… en Estados Unidos. De hecho, el único resultado positivo del negro papel que a menudo desempeñó este país en las historias represivas de esas y otras naciones es la detallada huella en papel que ahora yace en las bóvedas de la CIA, la FBI y los departamentos de Estado y de Defensa.

La administración Clinton fue la primera en reconocer el valor político de esos registros secretos y en usar la autoridad ejecutiva del presidente para desclasificarlos. Luego que The Washington Post publicó una importante revelación sobre la aprobación del gobierno de Ronald Reagan a las masacres militares y operaciones de escuadrones de la muerte en El Salvador, el presidente Clinton ordenó la liberación de más de 15 mil documentos confidenciales, con lo que creó un nuevo archivo accesible al público de información relativa al papel de Estados Unidos en la infame guerra contrainsurgente en El Salvador. Luego que el New York Times puso al descubierto el apoyo de la CIA a un coronel guatemalteco que ordenó el asesinato de un estadunidense dueño de un hotel en Guatemala, así como la tortura y desaparición de un líder guerrillero que era esposo de otra ciudadana estadunidense, el gobierno de Clinton liberó varios miles de registros secretos más relativos a ese escándalo y a la contrainsurgencia respaldada por Estados Unidos en ese país.

A raíz de la detención del chileno Pinochet en Londres, en 1998, Clinton respondió a demandas de deudos de víctimas del dictador, de defensores de derechos humanos y del Congreso estadunidense y autorizó el Proyecto de Desclasificación de Chile(Chile Declassification Project), una revisión por múltiples agencias de gobierno, durante 18 meses, de documentos secretos estadunidenses fechados entre 1968 y 1991. Produjo alrededor de 23 mil registros nunca vistos sobre la represión durante el régimen de Pinochet, así como sobre la intervención encubierta de la CIA que lo ayudó a tomar el poder. Desclasificamos más documentos que cualquier otra administración, me dijo con orgullo Clinton años después.

La administración Bush no tuvo tanto celo en dar acceso a la información. El Departamento de Estado liberó más de 4 mil registros sobre la guerra sucia en Argentina, pero el proyecto se había iniciado en los meses finales de la presidencia de Clinton.

Mientras Clinton empleó su autoridad ejecutiva de desclasificación en respuesta a importantes escándalos y sucesos, el gobierno de Obama ha usado los registros desclasificados como un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Veamos el ejemplo de Brasil: en 2012, la Comisión Nacional de la Verdad de ese país, recién creada para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de 1964 a 1985, solicitó documentos relevantes a la Casa Blanca. Funcionarios del gobierno planeaban que Obama los entregara a la entonces presidenta Dilma Rousseff durante una cena de Estado en la Casa Blanca programada para octubre de 2013, pero, después de que la divulgación de los archivos de Edward Snowden mostró que la Agencia Nacional de Seguridad había grabado su teléfono celular, Rousseff canceló su visita a Washington.

En octubre de 2015 el gobierno de Estados Unidos entregó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, documentos desclasificados sobre el papel de Augusto Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier. Cartel de Salvador Allende, en imagen de archivoFoto Afp

Las relaciones entre los dos países fueron tensas hasta junio siguiente, cuando el vicepresidente Joe Biden viajó a Brasil para tratar de enmendar las cosas. Como oferta de paz entregó a Rosseff un disco de documentos desclasificados sobre la represión en Brasil. Espero que al dar pasos para llegar a términos con nuestro pasado, podamos encontrar una forma de enfocarnos en la inmensa promesa del futuro, dijo Biden a Rousseff, quien cuando era una joven izquierdista fue torturada y encarcelada por la dictadura militar de su país, en la década de 1970.

El gobierno de Obama también dio pasos dramáticos en el caso de Chile, nación que Washington ha tratado de cultivar como una aliada económica, ambiental y política en la región. A principios de 2015, la Casa Blanca accedió a una solicitud formal del gobierno de Bachelet –quien también fue víctima de abusos de derechos humanos durante la era militar– de registros aún secretos relativos al papel de Pinochet en el atentado con un autobomba que mató a Letelier y Moffitt en el centro de Washington. Bajo la dirección de David McKean (ahora embajador en Luxemburgo), la oficina de planeación de políticas del Departamento de Estado agilizó la desclasificación de cientos de registros detallados de ese acto de terrorismo internacional, a tiempo para que Kerry los llevara en persona a Santiago en octubre pasado.

Entre los documentos estaba un memorando secreto de 1987 titulado Pinochet y los asesinatos Letelier-Moffitt: implicaciones para la política de EU, del secretario de Estado George Schultz al presidente Ronald Reagan. En una revisión de inteligencia, la CIA había recabado evidencia convincente de que el presidente Pinochet en persona ordenó a su jefe de inteligencia cometer los asesinatos, informó Schultz al presidente.Es un ejemplo palmario del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, que es particularmente perturbador porque ocurrió en nuestra capital y porque en general se considera que su gobierno es amigo. La dura conclusión de la CIA sobre el papel de Pinochet en un acto salvaje de terrorismo internacional creó un escándalo en Chile y generó titulares de prensa en todo el mundo.

El impacto de este nuevo instrumento diplomático depende en parte de los que mantienen los secretos en la comunidad de inteligencia estadunidense. Como la CIA se preocupa más por proteger la naturaleza encubierta de sus operaciones que de la diplomacia y la exactitud de su registro histórico, la agencia no se ha mostrado ansiosa de cooperar con estos proyectos de desclasificación. Durante la desclasificación de Clinton sobre Chile, por ejemplo, la CIA reculó dos veces en su acuerdo de liberar sus registros sobre operaciones encubiertas contra el gobierno electo de Salvador Allende. Sólo después de que el consejero de seguridad nacional de Clinton, Sandy Berger, intercedió en persona con el director de la CIA George Tenet, la agencia cumplió por fin. Hay momentos en que la CIA no parece haber captado la directiva de Obama de que ninguna información puede permanecer clasificada por tiempo indefinido.

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Esa directiva será puesta a prueba por el proyecto especial de desclasificación de Obama sobre Argentina. Durante su viaje a ese país, en marzo pasado, Obama puso su sello presidencial sobre la práctica de diplomacia desclasificada. Poco antes de partir para Sudamérica, autorizó una importante revisión y desclasificación de cientos de registros de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa relativos a las incontables violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares argentinos entre 1976 y 1983. Creo que tenemos la responsabilidad de confrontar el pasado con honestidad y transparencia, declaró Obama durante una visita a activistas de derechos humanos y víctimas en Buenos Aires, el 24 de marzo, en el 40 aniversario del golpe militar que, con apoyo estadunidense, dio inicio a siete años de la represión más brutal jamás vista en la mitad sur del continente.

Si la comunidad de inteligencia coopera con este proyecto, la liberación promete aportar evidencia para juicios vigentes sobre derechos humanos en Argentina. Los documentos también pueden arrojar luz sobre la política estadunidense hacia el golpe y la represión que vino después. Su desclasificación proporcionará no sólo lahonestidad y transparencia que Obama propugna, sino un mínimo de expiación histórica por el apoyo que sus predecesores dieron a los militares argentinos en los días y meses posteriores al golpe.

Existen muchos otros países para los cuales una desclasificación especial de registros estadunidenses ayudaría a sanar las heridas de la historia y fomentar una alianza, entre ellos Laos y Japón, que Obama visitó en fecha reciente: los esfuerzos estadunidenses por reconstruir relaciones con Irán podrían también beneficiarse en forma similar. De hecho, en sus meses finales en el cargo, Obama enfrenta muchas oportunidades de expandir la práctica de diplomacia desclasificada. Una desclasificación especial de la guerra de contrainsurgencia en Colombia ayudaría a funcionarios de ese país a implementar el recién firmado acuerdo de paz entre el gobierno de Bogotá y los rebeldes de las FARC. El actual descongelamiento con Cuba se beneficiaría de un gesto de desclasificación relativo a conflictos claves de la guerra fría entre Washington y La Habana, como también las relaciones futuras entre México y Estados Unidos.

Los mismos chilenos están esperando otra ronda de documentos cuando la presidenta Bachelet visite el monumento a Letelier y Moffitt en Sheridan Circle esta semana, para conmemorar el asesinato cometido hace 40 años. El autor intelectual de ese crimen atroz ya no está vivo para ser juzgado en un tribunal, pero los registros desclasificados ayudarán a sustentar el juicio perdurable de la historia.

*Director de la sección sobre Chile de la organización National Security Archive. Publicado originalmente en The Washington Post.

Traducción: Jorge Anaya