Nada que festejar
Gloria Muñoz Ramírez
M
ientras en el Zócalo capitalino quedaron adentro quienes por necesidad económica recibieron entre 500 y mil 200 pesos para vitorear al Presidente en la fiesta de la Independencia, afuera de las vallas miles de personas expresaron su hartazgo. Más afuera, sin nada que festejar, en los pueblos, barrios y naciones indígenas se consuma la entrega del país a las empresas nacionales y extranjeras. Más de 50 millones de hectáreas de territorio nacional –una cuarta parte de la superficie de la nación– han sido concesionadas a las trasnacionales mineras en años pasados. La nueva Colonia es incluso más devastadora de la que supuestamente se independizó este país hace 206 años. El oro y la plata siguen siendo el principal botín para nacionales y extranjeros.
Ahora, a diferencia de hace más de dos siglos, se simulan consultas en los pueblos para oficializar el despojo con la
aprobación ciudadana. Como ejemplo está el proyecto hidroeléctrico que encabeza el Grupo Ferro Minero de México (Minera Autlán) en la Sierra Negra de Puebla, donde la empresa –denuncia el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ)– simula una consulta que no incluye a todos,
que ha sido negada por las comunidades y que está fuera de los procesos y tiempos estipulados en convenios internacionales para los derechos de las comunidades indígenas.
A partir de que la población empezó a organizarse y a informarse sobre las implicaciones que traerá el proyecto a su territorio, la minera aceleró el proceso
comprando a gente por 800 pesos o con despensas, advirtió Esparza. La represión a los oponentes, añade, es otra de las constantes.
Desde febrero de este año empezaron a correr los rumores en las comunidades indígenas de la Sierra Negra de Puebla sobre las pretensiones de construir una hidroeléctrica que traería
fuentes de trabajo y beneficios para la población, hasta que en junio las autoridades de Tlacotepec de Benito Juárez lo confirmaron: se construiría una presa para generar la energía suficiente para que las minas de oro y acero, propiedad de José Antonio Rivero Larreo, siguieran operando.
Este megaproyecto es sólo uno de los cientos que se imponen en todo el territorio nacional, tal como documenta el informe México: empresas y derechos humanos,que realizó la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU que visitó México en agosto, en el que se identificaron
patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por el Estado y por las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros.
Por eso, 206 años después, las comunidades indígenas siguen teniendo la palabra.
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