Luis Hernández Navarro
E
ste lunes 19 de septiembre, los maestros de Chiapas regresaron a clases y levantaron el campamento instalado en Tuxtla Gutiérrez. Sin dar tregua, estuvieron en paro y en plantón 124 días.
No se fueron con las manos vacías. Arrancaron a las autoridades federales un pacto político verbal, sin minuta, en el que se establece que la reforma educativa (evaluaciones de promoción y permanencia) no se aplicará en la entidad en lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto y el del gobernador Manuel Velasco Coello.
Los trabajadores de la educación de Chiapas eran el último contingente de la CNTE en mantener la huelga nacional iniciada el 15 de mayo para abrogar la reforma educativa. Días antes, Oaxaca, Guerrero y Michoacán habían retornado a las aulas.
La decisión de replegarse organizadamente no fue de los dirigentes del movimiento, sino producto de una consulta entre más de 55 mil maestros. De acuerdo con las actas escrutadas, votaron en favor de regresar a clases 266 asambleas delegacionales y de centro de trabajo y se opusieron 191. En 169 más no hubo actas. El levantamiento del paro fue decidido por los maestros de banquillo, no por sus líderes. El conteo fue público, no secreto, y estuvo a cargo de una comisión de profesores de base.
El acuerdo de los docentes fue avalado por el Comité Estatal Democrático de Padres de Familia. Según Elizabeth Hernández, representante de los padres, el movimiento magisterial y popular obtuvo en estas jornadas de lucha un importante triunfo. Lejos de ser una claudicación, el repliegue es un receso temporal que les va a permitir elaborar nuevas estrategias de lucha contra la reforma educativa y contra las reformas estructurales.
El pacto político acordado por el movimiento con el gobierno federal y estatal consta de 11 puntos. El primero es el congelamiento de la reforma educativa en la entidad. El segundo es el reconocimiento de la bilateralidad en las comisiones mixtas SEP-SNTE en Chiapas, es decir, de los ascensos, cambios, promociones, contrataciones y permutas de todos los niveles.
Entre los puntos acordados está también el pago de salarios adeudados, tanto con fondos del gobierno estatal como con recursos del Fone. Asimismo, la limpieza de los procesos judiciales en curso (órdenes de aprehensión, actas administrativas, carpetas de investigación, registros de atención…) en contra de trabajadores de la educación, padres de familia y movimientos sociales, como resultado de su participación en las movilizaciones contra la reforma educativa.
El acuerdo fue tomado originalmente en una reunión efectuada en la Ciudad de México el 31 de agosto. Sin embargo, días después fue desconocido públicamente por su principal artífice federal, el aún subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, y por el de Educación Pública, Aurelio Nuño.
Los maestros de Chiapas respondieron al desmentido oficial manteniendo el paro y ocupando el palacio de gobierno y la Cámara de diputados local. Este movimiento tan grande –dijeron en conferencia de prensa– no se hizo para irse sin nada. Para ellos, el ofrecimiento de Luis Enrique Miranda no era una iniciativa formulada a título individual sino un compromiso institucional.
Días después, ya como secretario de Sedesol, Luis Enrique Miranda viajó a Tuxtla Gutiérrez a ratificar su oferta inicial. La tarde del 12 de septiembre, en el hangar del gobierno del estado en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, se efectuó una nueva reunión con miembros del gabinete de la entidad, Miranda Nava y representantes magisteriales. Allí estuvieron el gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Educación de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos. Por parte del movimiento estuvo presente una comisión de alrededor de 80 personas, representantes magisteriales, estudiantiles y de padres de familia.
Durante el encuentro, los funcionarios gubernamentales sostuvieron, sin minuta de por medio, su compromiso político de 11 puntos. Los maestros ofrecieron llevarlo nuevamente a consulta. En la madrugada del 13 de septiembre, la asamblea estatal de la sección 7 acordó realizar una ronda de asambleas delegacionales para darle una salida política a la lucha.
El mismo día 13, las diferencias sobre el futuro del movimiento afloraron acaloradamente al interior. Una minoría de maestros, apoyada por algunos padres de familia, sostuvo que era necesario mantener el paro indefinido y exigió anular las actas de consulta. Según ellos, el repliegue táctico era una traición de los líderes. Finalmente, hicieron abortar la asamblea estatal. A pesar de ello, la auscultación siguió adelante, y la mayoría de los maestros de base acordaron el regreso a clases.
El repliegue del magisterio chiapaneco no implica desmovilización.
No estamos dejando tirada ninguna responsabilidad del accionar. Es vigente que vamos a seguir haciendo manifestaciones, advirtió Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la sección 7. Añadió:
No se determina que vamos a estar encerrados en las aulas y ya no regresar a las calles. Hay que ir a hacer asambleas con todas las instancias correspondientes, padres de familia, organizaciones, población. Hemos entendido que la mal llamada reforma educativa no va caer sólo con el accionar del movimiento. Las reformas estructurales tienen que caer con base en una presión total del pueblo, pero del pueblo organizado. Tenemos que hablar de un estallido social y conjuntar los esfuerzos.
Al hacer su balance personal del movimiento en su muro de Facebook, una profesora escribió:
Los maestros chiapanecos hemos marcado historia y esa historia podré contársela a mis hijos. Efectivamente, durante estos 124 días de paro los docentes chiapanecos dieron al país entero una de las más brillantes lecciones de dignidad cívica en la historia reciente. Sus hijos sabrán estar orgullosos de ellos y de ellas.
Twitter: @lhan55
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