Por una constitución contemporánea

Gabriela Rodríguez

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oy la ciudadanía está abandonada. Las y los ciudadanos nos las arreglamos solos, porque las instituciones no nos protegen, no nos cuidan, no garantizan nuestras necesidades más elementales: vivienda, alimentación, educación, salud, trabajo, seguridad. El totalitarismo del siglo XXI ha desdibujado el ideal de los Estados-Nación como garantes de derechos, y deja al ciudadano para que se las arregle como pueda, entre intereses privados de políticos y empresarios (incluyendo a narcos) que concentran los recursos. El estilo mexicano agrega al totalitarismo mundial un alto grado de corrupción y cinismo.

La igualdad es sólo una palabra; como derecho, la igualdad significa que todas las personas sean libres y vivan dignamente: ¡Qué gran mentira! La mitad de nuestra gente está excluida y no hay movilidad social. Esta situación no debe llevarnos a olvidar la universalidad de los derechos ni a borrar la igualdad en los textos constitucionales. Por el contrario, una constitución creada en el siglo XXI tendría que ser un marco para cambiar las instituciones actuales, a fin de hacer valer el ejercicio de los derechos humanos, si no, ¿para qué escribir otra constitución?

Las 22 diputadas y diputados constitucionales de Morena queremos discutir diversas propuestas constitucionales –no sólo el proyecto del jefe de Gobierno–, a fin de responder a las expectativas de las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Ese proyecto es un insumo importante, pero no el único; reconocemos que participaron personas conocedoras de los temas, algunas bien intencionadas, pero el resultado es heterogéneo, abundan contradicciones entre lo que se ofrece como adelanto y lo que resulta de una redacción amañada; se reservan salidas falsas y evasivas a los temas fundamentales.

El proyecto del jefe de Gobierno no reivindica el reconocimiento de la soberanía de la ciudad y acepta el estatus inferior que nos ha conferido el poder revisor de la Constitución de la República como entidad federativa, el cual no alcanza el rango de estado. Veamos algunos aspectos: Aunque el proyecto oficial reconoce a los pueblos originarios, no contempla una autonomía auténtica a los que fundaron esta urbe, se olvida que es obligatorio consultarles, según se desprende del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Morena cuenta con una agenda constitucional que contempla que habrá que someter a referendo el texto constitucional que haya sido aprobado por la asamblea constituyente.

En materia de anticorrupción, el proyecto de Mancera repite el deficiente esquema aprobado recientemente en el Congreso federal, el cual burocratiza el combate a la corrupción en vez de democratizarlo; hay que romper el modelo vertical para contar con uno transversal y transparente, avanzar en la sanción y simplificación administrativa, además de obligar a funcionarios a ser austeros, a terminar con remuneraciones y privilegios. Morena apuesta por la instauración de un nuevo poder, el poder ciudadano anticorrupción, un cuarto poder fiscalizador como única manera de combatir efectivamente esta calamidad tan lacerante.

En materia de agua, un recurso estratégico, aunque la iniciativa del Ejecutivo prohíbe su privatización, no la garantiza como derecho humano; se recupera la vieja propuesta de Ramón Aguirre, al crear un ente público autónomo responsable de su gestión que deja abiertas las posibilidades para resolver el suministro por la vía de concesiones, autorizaciones, contratos, permisos y negocios. Otro asunto preocupante es que no se prohíbe la privatización del espacio público; recuperarlo para uso comunitario implica cerrar claramente el camino a concesiones privadas. Es necesario reglamentar situaciones en que las consultas a los habitantes de la ciudad tendrían resultados vinculantes respecto a cambios de uso de suelo y aprobación de megaproyectos. El cuanto al marco laboral, son grandes las deficiencias; tendrían que prohibirse la injerencia patronal en los procesos sindicales y el outsourcing, al menos a las y los trabajadores de la ciudad, entre otras consideraciones.

Frente al compromiso por los derechos sexuales y reproductivos, el grupo de Morena coincide con la iniciativa oficial: vamos por una maternidad segura y voluntaria, por sancionar cualquier tipo de discriminación por sexo, orientación, identidad de género o expresión de género. El texto oficial se queda corto en cuanto a la economía de los cuidados al expresar con vaguedad su definición y alcance; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres exige contar con un sistema público de cuidados para que en cada alcaldía se respalde a las familias, en especial se compense y capacite a cuidadoras, y también a cuidadores; hay que garantizar escuelas de tiempo completo y jornadas laborales más cortas y compactadas para favorecer el amplio desarrollo escolar, técnico y profesional de las mujeres jóvenes y su acceso a empleos con igualdad de salarios que los hombres, sin que ambos descuiden la atención de sus hijos menores ni familiares dependientes.

Ese espacio no permite explicar la amplia agenda constitucional de Morena, ahora cierro señalando que en el proyecto oficial no se comprende la renta básica como un derecho universal. Al focalizarlo en los más pobres desconoce que se trata del derecho a la existencia, de la construcción de otro tipo de ser humano. La renta básica es la apuesta más contemporánea para que todas las personas sean libres y vivan dignamente, superando limitaciones de las constituciones del siglo pasado.

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