Pedro Miguel
P
odría parecer paradójico que en uno de sus momentos de más acentuada debilidad política la Presidencia lance una ofensiva antipopular tan radical y generalizada como lo es el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 que el Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión. La reducción o desaparición de partidas destinadas a la educación, la salud, el apoyo al campo, la defensa de derechos humanos, la prevención de la violencia de género, la vivienda, la cultura, la ciencia, la investigación y los servicios públicos, culmina la descarada abdicación a las responsabilidades del Estado con respecto a otros tantos derechos consagrados en la Carta Magna. En contraste, las previsiones económicas del gobierno federal son escrupulosamente serviles para con los grandes capitales nacionales y extranjeros, los acreedores –que el año entrante se comerán más dinero que el destinado a la salud, el desarrollo social y la educación, universidades públicas incluidas– y el enjambre de concesionarios y contratistas que explotan los recursos naturales y se apropian de tierras sin dar a cambio al país más que empleos miserables y devastación ambiental.
Se entiende –porque así se ha demostrado de 1988 en adelante– que en el grupo gobernante no hay interés alguno en proteger o beneficiar a los sectores mayoritarios de la población, pero llama la atención que un gobierno tan carcomido por la impopularidad, el desprestigio y el repudio como el actual se atreva a lanzar una propuesta de presupuesto desestabilizadora y generadora potencial de estallidos de descontento, es decir, que sea capaz de actuar en contra de sí mismo de manera tan manifiesta. Pero hay que recordar que así lo ha hecho con su desmanejo de la investigación por el crimen de Iguala, su incapacidad para al menos aparentar decencia en los escándalos de corrupción, su zarpazo criminal en contra de Nochixtlán y los cada vez más graves desfiguros presidenciales.
Una explicación a esta aparente paradoja es que los verdaderos amos del poder en México –es decir, las cúpulas empresariales y mediáticas, las corporaciones extranjeras, el Departamento de Estado y sabrá Dios qué instancias menos respetuosas del formalismo legal– le han quitado ya toda autonomía al actual gobierno, que no les interesa asegurarle una mínima gobernabilidad y que incluso estarían dispuestos a sacrificarlo en algún momento de su último tercio si ello puede ayudar en alguna medida a una recomposición política del régimen. Y de paso podrían contratar a un equipo menos inepto para que administre de aquí a 2018.
El peñato –parecen calcular los verdaderos poderosos– ya sirvió para lo que sirvió: implantar las reformas estructurales; ahora, que se desgaste hasta el colapso siempre y cuando la impunidad, la política neoliberal y las redes de corrupción permanezcan intactas; que los inconformes de ahora y los agraviados de siempre se encarguen de tumbar al presidente, que festejen su victoria y que el hombre se lleve consigo toda la impopularidad acumulada por la institucionalidad a lo largo de varios sexenios. ¿Y después? ¿Qué instancia popular será capaz de disputar al Congreso –dominado por el Pacto por México– la facultad de designar a la autoridad ejecutiva para los próximos dos años? ¿Qué organización o suma de organizaciones con presencia nacional podría arrebatar hoy en día el poder a la oligarquía político-económica-mediática?
La movilización popular ante la brutalidad del PEF es, desde luego, necesaria, como lo es el preservar, profundizar y extender el conjunto de los movimientos sociales, pero la presente no parece ser la hora propicia para la batalla final en contra del poder oligárquico. La descomposición imparable del gobierno –y es previsible que ese fenómeno no se detendrá en los próximos 26 meses– debiera ser vista como la oportunidad para fortalecer las expresiones de poder popular, las estructuras comunitarias y horizontales; trabajar, al mismo tiempo, en la construcción de un programa popular mínimo que sume experiencias y demandas, excluya o ponga entre paréntesis sectarismos y desavenencias (algunas, fundadas e históricas y otras, irrelevantes y frívolas) y asuma el carácter complementario de métodos de lucha; articular las resistencias desde abajo con el ejercicio de cargos ejecutivos y legislativos de representación popular; avanzar en alianzas electorales locales viables y fortalecer una organización capaz de asegurar y defender el triunfo de una plataforma de gobierno en los comicios de 2018.
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