Astillero

 El país de los desaparecidos

 Protesta (también), en Naucalpan

 Eruviel y Osorio, en campaña

 Waters: ¿Dónde están?

Julio Hernández López

PERREDISTAS CLAMAN POR MÁS RECURSOS. En reunión con la dirigencia del PRD, encabezada por Alejandra Barrales, y con diputados federales, los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; Morelos, Graco Ramírez, y Tabasco, Arturo Núñez, plantearon que se impulse una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de incrementar de 20 a 25 por ciento las participaciones federales que reciben los estados Foto Francisco Olvera

E

ste lunes habrá una marcha en Naucalpan, estado de México, por la paz y contra la inseguridad pública. La manifestación tiene como referencia inmediata el secuestro y asesinato de una joven de 19 años, Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros. Pero hay, desde luego, una carga acumulada de persistentes agravios similares contra la población civil de esa entidad:¡Ni una mujer más! ¡Ni un joven más! ¡Ni un secuestro más! ¡Ni un robo más!, es el lema de la convocatoria, impulsada sobre todo por madres de familia, para la movilización. Esa angustia social se produce no sólo en Naucalpan, sino en todo el estado de México, donde los feminicidios son tan frecuentes. Y no sólo en el estado de México, sino en el país entero, el país de los desaparecidos.

Basta estar atento al transcurrir de los mensajes en los sitios populares de Internet para advertir la constante denuncia de ausencias personales forzadas, sobre todo de niños y mujeres jóvenes. Aunque sabido es que las autoridades policiacas suelensugerir a los afectados que no den publicidad a esos hechos para no generar reacciones adversas, posiblemente mortales, de los criminales rápidamente denunciados. Con frecuencia quienes atienden estos casos son, al mismo tiempo, informantes, cómplices o ejecutores de los secuestros que investigan. Además, el silenciamiento de los casos ayuda a no estropear las estadísticas oficiales amables, que los gobernantes luego presumen en declaraciones oficiales como muestra de que los crímenes van a la baja.

En el estado de México, mientras tanto, el gobernador Eruviel Ávila despliega un bombardeo mediático a cuenta de su reciente informe de labores, con frases de mercadotecnia política que pretenden convencer de que aquel infierno es un paraíso, y que él es un cumplido servidor público, como supuestamente lo fue su antecesor, Enrique Peña Nieto, al que Eruviel pretende también emular en ascenso electoral federal, considerándose con merecimientos para ser candidato presidencial del PRI, distante del círculo íntimo del peñismo, de tal manera que no compartiría el efecto de Rey Midas al revés que esparce EPN a sus tutelados electorales recientes. Pero, al mismo tiempo, no peleado frontalmente con ese grupito dominante en Los Pinos. De alguna manera, Ávila busca repetir la historia que le permitió colarse seis años atrás para ser un forzado candidato de conveniencia, con Peña sacrificando a la parentela con tal de no poner en riesgo la continuidad priísta en el estado de México, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012.

En el plano federal, el panorama es igualmente desalentador. Peña Nieto no puede con sus problemas inmediatos, mucho menos con la acumulación de expresiones delictivas en todo el país (basta pasar la mirada por los medios impresos y los portales electrónicos de la mayor parte de los estados para tener registro de los constantes hechos delictivos, cada vez más cruentos, cada vez más impunes). Y Miguel Ángel Osorio Chong ya anda en campaña apenas disfrazada, aprovechando las lagunas legales en los terrenos internéticos en cuanto a proselitismo adelantado. Su discurso, en las ocasiones propicias, ha adquirido características melosas, tonos románticos, una especie de República Amorosa en versión Bucareli. Pero, de resultados reales, nada, en esa Secretaría de Gobernación ya convertida en plataforma 2018.

Frente a la criminal desatención gubernamental y las desapariciones y los asesinatos como realidad cotidiana, han volado la imaginación y la palabra de Roger Waters, el recuerdo de Pink Floyd y el mensaje del cerdo volador que propala limpias verdades. Así dijo el músico inglés: La última vez que toqué aquí, en el Foro Sol, conocí a unas familias de los jóvenes desaparecidos de México. Sus lágrimas se hicieron mías, pero las lágrimas no traerán de vuelta a sus hijos. Señor Presidente: más de 28 mil hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato, desde el 2012. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel. Recuerde que toda vida humana es sagrada, no sólo la de sus amigos. Señor Presidente: la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres, sus políticas han fallado. La guerra no es la solución.

Aun cuando ha recibido poca atención mediática en México, es política e institucionalmente grave la consignación del caso de represión en San Salvador Atenco, en 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y varios de quienes le acompañaban en cargos importantes en aquella fecha están sujetos a proceso judicial en forma y con sustancia. Ayer, en la página de la Organización de Estados Americanos se difundió un comunicado oficial sobre la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la antes citada Corte, para continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.

Esto, señala el comunicado, incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, la CIDH recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso. ¡Hasta el próximo lunes!

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