Una constitución herida

Arturo Alcalde Justiniani

L

o que pudo haber sido una fiesta cívica por el acto que dará vida a la constitución de la Ciudad de México, se tornó en una jornada de protesta por una sinrazón de origen: haber impedido a los habitantes de la Ciudad de México que fueran ellos y sólo ellos quienes eligieran libremente a los constituyentes que los representarán. ¿Por qué se impuso a los habitantes de la ciudad que 40 por ciento de sus legisladores, casi la mitad de los constituyentes, fueran designados por instancias ajenas a su voluntad?

La explicación inicial fue que en la Ciudad de México residen los poderes federales, lo cual obligaba a preservar ciertas normas que conciliaran los derechos de los habitantes de la ciudad con esa realidad política. El argumento resultaba injustificado por la simple razón de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preserva las prerrogativas de los poderes federales, y por su competencia, la nueva constitución está obligada a respetarla. En otras palabras, la constitución de la Ciudad de México está acotada en su ámbito y es inexistente el riesgo planteado.

Se afirmó, como segunda razón para justificar la intervención de entidades ajenas a la voluntad popular en este proceso, que los órganos legislativos tanto a nivel de la Cámara de Diputados como de Senadores, deberían contar con representantes para garantizar el entorno normativo de dichos poderes; este argumento pronto demostró su falsedad, ya que los que fueron nombrados por ambos órganos legislativos no mantuvieron su carácter de representantes de las cámaras de origen, sino que se integraron de inmediato a los grupos partidarios de los que forman parte. Así quedó asentado en el informe oficial del acto constitutivo al hacer el recuento de los constituyentes por partido, se les sumaron a cada uno los que fueron designados por las entidades legislativas.

¿Cuál es entonces la explicación? La respuesta es clara, fue un arreglo entre partidos para evitar a toda costa que Morena tuviera la mayoría en la Asamblea Constituyente, y la única vía para evitarlo fue asegurar una representación anticipada, lo que derivó en una sobrerrepresentación por encima de la voluntad ciudadana; esto es, lograron por un camino distinto, cargos que los votos no les darían, y así quedó demostrado: el PRI como resultado de las urnas obtuvo cinco diputados y ahora se le reconocen 15, y si se agregan los seis designados por Peña Nieto, resultan 21; el PAN obtuvo siete diputados por votación y ocho más logrados por la vía legislativa, le dan un total de 15; el PRD, que tuvo 19 electos, sube a 23, al sumársele cuatro designados por las cámaras, y queda en duda si los seis nombrados por el jefe de Gobierno se integran, como propone dicho partido, con lo que quedarían con 29 diputados. En cambio, Morena, que obtuvo la más alta votación –36.66 por ciento–, queda sólo con 22 diputados electos.

Un factor de inconformidad adicional que fue planteado en la sesión inicial por el constituyente Javier Quijano en un fundado alegato jurídico, es el hecho de que los diputados y senadores que fueron designados por sus cámaras contravienen el principio constitucional contenido en el artículo 125 que a la letra dice: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. En este caso, los legisladores designados continúan ocupando ambos cargos, lo que según Quijano actualiza unaimposibilidad absoluta e insuperable: no se pueden desempeñar al mismo tiempo dos cargos de la misma naturaleza material en diferentes cuerpos legislativos, que requieren y suponen, ambos, una dedicación cabal, integra y total.

Como muestra adicional de la incongruencia en la integración del constituyente, a los candidatos que fueron sujetos al escrutinio popular, se les impuso como condición no ser legislador federal o diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mientras a los designados por el legislativo federal se les impone una condición contraria; esto es, que sean senadores o diputados en el ejercicio de su cargo. Toda este desfiguro, para darle la vuelta a la voluntad popular y contar con un constituyente a modo.

Para remate, el presidente de la República, a última hora, se sacó de la manga en la designación de los seis constituyentes a un personaje retirado de la política a quien se recuerda como parte de las fuerzas diazordasistas y echeverristas, así como por su oposición a los movimientos sociales de la época, en particular, al movimiento estudiantil del 68; ni más ni menos que Augusto Gómez Villanueva. La maniobra buscó a toda costa impedir que Bernardo Bátiz, de Morena, ocupara la presidencia de la junta instaladora de la Asamblea Constituyente. Como era de esperarse, la protesta surgió, y los constituyentes Jaime Cárdenas y Consuelo Sánchez expresaron públicamente que dicha designación no representaba ni los valores ni la voluntad de los habitantes de la Ciudad de México.

Como anécdota para exhibir el entorno incluso físico de las instalaciones del constituyente, se agrega que en el acto inicial había tan sólo butacas asignadas para los diputados de PRI, PAN y PRD colocadas en la parte delantera del recinto; los demás, que se acomodaran como pudieran, ése fue el mensaje.