Octavio Rodríguez Araujo
L
a Chimoltrufia y la otra campaña vuelven a las carteleras (véanse ambas noticias en El Universal, 15/10/16). La primera sin Chespirito, porque falleció en 2014; la segunda sin Marcos, porque ahora se llama Galeano y ocupa un segundo plano, pese a que dijo que iba a desaparecer (no puede hacerlo porque le gana el protagonismo: se acostumbró tanto a los reflectores que ahora no puede vivir sin ellos).
El EZLN, junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI), se propuso hace unos días otra campaña reloaded, pero esta vez con candidata propia, tal vez con la intención de competir contra Margarita Zavala (si gana la postulación del PAN) y no sólo contra López Obrador, como en 2006. ¿Competir? Bueno, es una forma de hablar.
Como los organizadores de esta
otra campaña bissaben que no pueden ganar, entre otras razones porque los indígenas son minoría en el país, han aclarado de entrada que
nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos. Lo hacen –quiero interpretar de buena fe– para mover conciencias y para que exista en México una campaña anticapitalista, pues ciertamente no hay ni habrá otra semejante entre los partidos existentes y registrados (ninguno de ellos es anticapitalista ni pretende serlo).
No son originales, pues una campaña así ya se hizo en el pasado con Rosario Ibarra como candidata presidencial, la primera mujer en México para ese cargo. En 1982 fue propuesta por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT/trotskista) y en 1988 volvió a competir por el mismo partido. En ambos momentos su candidatura fue testimonial: 1.76 por ciento de la votación total en 1982 y un supuesto 0.42 por ciento en las fraudulentas elecciones de 1988. El PRT perdió su registro tiempo después y, hasta la fecha, es una organización política con relativa presencia en algunos movimientos sociales. La idea de dicha candidatura era semejante a la propuesta ahora por el EZLN-CNI, si la descifro correctamente: mover conciencias y levantar una iniciativa también anticapitalista. Mi percepción de esos intentos, basada en datos objetivos, es que fracasaron: movieron muy pocas conciencias y a muy pocos ciudadanos les interesó la propuesta anticapitalista (en la segunda elección de Rosario, aceptando como válidos los inciertos datos, no lograron siquiera 90 mil votos de un padrón electoral de 38 millones).
Vale decir que, a diferencia de la primera edición de la otra campaña en 2006, la que se propone ahora no va explícitamente contra López Obrador para favorecer al PAN. En esta ocasión más bien aspira a detener u obligar a rectificar casi 30 agravios que han sufrido o están sufriendo los pueblos originarios de México. Algunos de los agravios que citan son ciertos y otros exagerados por sus afanes de ir contra el desarrollo del país que, en su visión anarco-ilichiana del desarrollo/antidesarrollo, debería dejar de crecer y de mantener la industrialización que sólo benefician a unos cuantos.
Si bien esto último es cierto y comprobable por la concentración del ingreso cada vez más inaceptable éticamente, uno esperaría que la aspiración de una organización que se dice anticapitalista proponga la socialización de la economía, es decir, la apropiación colectiva de empresas y capitales para lograr menor pobreza y desigualdad. Pero no. Se quedan con una declaración anticapitalista pero reducida a reivindicar como valores nacionales principalmente los de la población indígena, siendo que ésta, aunque sea muy importante, no rebasa 12 por ciento del total de habitantes del país y dista mucho de estar unida a pesar de la existencia del CNI. Uno de los grandes méritos de la Primera Declaración de la Selva Lacandona (1993) era la lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Es decir, demandas compartibles por cientos de millones de habitantes del planeta. Pero luego, por quién sabe qué razones, se volcaron a lo indígena y mucha gente que no se identificaba con ese perfil se hizo a un lado.
Tampoco hay originalidad en esta ocasión, pues se dijo más o menos lo mismo cuando se convocó a la formación del fracasado Frente Zapatista de Liberación Nacional en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona (enero de 1996). Esto es, una organización no partidista de la llamada sociedad civil, de todos aquellos que no quieran el poder ni desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Pero en el frente había una diferencia muy importante con la convocatoria de ahora: incluía a todos siempre y cuando no militaran en los partidos políticos (que fue un error) y no, en primer lugar, a las comunidades indígenas de todo el país. En sus propias palabras: un frente con una
candidata independiente que contienda en nombre del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral de 2018 para la Presidencia de este país. ¿Y los no indígenas? Se deja a interpretaciones ambiguas, ya que lo importante es
nombrar un concejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI.
Me temo que se les acabó la imaginación. Mejor pensar que tienen un gran sentido del humor, pues para registrar su candidatura, según el consejero electoral Ruiz Saldaña, se requieren más de 800 mil firmas, entre otros requisitos nada fáciles de cumplir. Y, en caso de lograr el registro de su candidata, ¿aceptarán el financiamiento público a que tendrían derecho? Y si no la registran, ¿para qué proponerla? ¿Para obtener resultados semejantes a los de la otra campaña en 2006, es decir, insignificantes?
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