PGR: disculpa obligada: ¿justicia por muestreo?

Magdalena Gómez

E

ste día, por fin, la Procuraduría General de la República se disculpará, por orden judicial, ante las tres mujeres indígenas ñañús Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Están por cumplirse 11 años de la violenta incursión de policías federales contra locatarios del mercado de la comunidad de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Su motivo fue la búsqueda de mercancías piratas. En su momento se relataron las características del operativo, sin orden judicial y las negociaciones para el regreso de las mercancías sustraídas.

Lo que fue y sigue siendo inverosímil es que las tres indígenas fueron sujetas a proceso, sin pruebas y plagado de irregularidades, bajo la acusación de haber secuestrado a seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Dos años después de su detención ocurrida el 3 de agosto de 2006, ya en 2008, fueron sentenciadas, en procesos distintos, a 21 años de prisión y el pago de una multa. Este caso fue asumido por el Centro Pro de Derechos Humanos, a partir de la sentencia, el cual desplegó junto a la defensa jurídica una campaña de medios y ante otros organismos de derechos humanos. De manera destacada Amnistía Internacional asumió a Jacinta como presa de conciencia.

La PGR nunca mostró evidencias contundentes de su acusación; sin embargo, en una lógica corporativa, intentó defender a sus seis integrantes hasta que dentro de la apelación de la injusta sentencia, en septiembre de 2009, tuvo que formular conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta sin reconocer su inocencia, con lo cual obtuvo su libertad después de tres años de reclusión. Meses después, en abril de 2010, Alberta y Teresa fueron liberadas cuando, por unanimidad, la ministra y los cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron revocar la sentencia y declararlas inocentes.

Ya en libertad, con asesoría del Centro Pro, decidieron pelear por la reparación del daño, encontrando en la PGR la negativa para después lograr la nulidad de su decisión a través del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual determinó en resoluciones separadas, que servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular causando daños morales y materiales a Jacinta (después a Alberta y Teresa), por lo que le ordenó dar cabal cumplimiento a su fallo, en el sentido de pagar una indemnización, reconocer su inocencia y disculparse públicamente con ella. Aun así la PGR impugnó y retrasó dos años más, hasta que en mayo de 2016 le fue desechado su recurso y se actualizó su obligación de cumplir. Este es el muy resumido telón de fondo de la disculpa pública, que emitirá la PGR.

Es importante señalar que, como indican sus defensores, es ciertamente inédito el hecho en el ámbito interno, ya que otros casos han sido ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no se puede dejar de señalar que existe un patrón de actuación policial que se vio reflejado en este caso: ¿cuántos hombres y mujeres sin recursos de defensa adecuada están en las cárceles cumpliendo condenas injustas?, ¿cuántas indígenas tienen al alcance la posibilidad de la defensa? Hay daños irreparables, la injusta reclusión de estas mujeres Jacinta –tres años– y Alberta y Teresa –cuatro años– las ha marcado de por vida. Sería buen momento para que se hiciera un alto en el camino y las instancias de procuración de justicia, federal y estatales, tomaran medidas de fondo, estructurales, para reorientar su trabajo. Sueno utópica y lamentablemente mi propuesta lo es. Parece mentira que sea ese el tenor de la justicia que no puede aceptarse que sea sólo inédita y no cotidiana, como les gusta decir en esferas del gobierno federal, al fin que el discurso demagógico aguanta todo. Sólo ubiquemos otra decisión reciente de la PGR, en el caso Ayotzinapa, que también involucra la participación del Centro Pro en la defensa junto a otros organismos de derechos humanos.

El 9 de febrero pasado fueron informados de que el nivel de responsabilidad de Tomás Zerón es de falta administrativa y transfieren el caso a su anterior jefa, quien hoy es titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El mismo procurador que hoy hará una disculpa pública transfiere la investigación sobre la muy grave acusación resultante del trabajo del GIEI en torno a la probable alteración donde supuestamente fueron asesinados y quemados los estudiantes normalistas.

Por cierto, los seis policías presuntamente secuestrados por las tres mujeres indígenas ñañús ¿cometieron con su falsa acusación, en esa lógica, sólo faltas administrativas? Jacinta, Alberta y Teresa merecen una reivindicación de inocencia, por ella han luchado con la dignidad que no les quitó la injusta prisión. Me pregunto: ¿qué opinan en la comunidad de Santiago Mexquititlán? ¿Qué piensan las mujeres en el resto de comunidades indígenas?