Bernardo Bátiz V.
L
a aprobación de la Constitución para Ciudad de México llamó poco la atención al mundo de la política nacional, ocupado de otros tópicos de mas interés coyuntural. La Constitución capitalina desapareció en medio de las bravuconadas de Trump, los fraudes de los gobernadores y los acomodos en las cúpulas de los partidos; sin embargo, algunos académicos, algunos políticos se han ocupado de ella con interés. El jefe de Gobierno se asumió como una especie de padrino de esta Carta Magna capitalina, pero su actitud y su cautela al declarar contribuyeron a que la Constitución no ocupara columnas principales en los periódicos ni la atención de los habituales comentaristas de medios electrónicos.
A pesar de ello, la Constitución tiene importancia capital en la historia legislativa del país, constituye un quiebre, una corrección de rumbo. En efecto, durante los pasados cinco o seis lustros las principales piezas legislativas en México significaron un avance hacia la globalización capitalista y el neoliberalismo. La Constitución de Ciudad de México rompió esta constante y sin duda podemos decir que estamos ante un documento político y jurídico con un claro acento social, de defensa de los derechos humanos y de avanzada en aspectos torales.
Las grandes reformas con las que se inició el gobierno de Peña Nieto contaron con el apoyo expreso de los partidos más grandes del país en ese momento; Morena aun no había alcanzado su actual nivel y PRI, PAN y PRD se alinearon con el entonces flamante Presidente y votaron reformas constitucionales y leyes enfiladas siempre a consolidar un sistema económico neoliberal y un modelo de gobierno centralista, autoritario y pro empresarial.
Antes de Peña Nieto sufrimos la reforma judicial de 2008, que significó un desconocimiento de derechos fundamentales y la consolidación de la policía, de todas las policías, como factores de poder, con nuevas facultades encaminadas, más que a la seguridad, al control social de protestas y reclamos; esa reforma, llamada judicial, policiaca en realidad, encomendó a las policías la investigación de los delitos y abrió camino a las prácticas violatorias de derechos, como cateos, retenes, espionaje, detenciones preventivas y otras herramientas más de carácter policiaco y persecutorio.
Entonces, por la oposición popular, no le fue posible al gobierno y a los grandes intereses trasnacionales sacar adelante una reforma encaminada a poner en manos particulares el petróleo. Las adelitas fueron el grupo emblemático de la resistencia, que también se manifestó en foros, debates, consultas e innumerables artículos de prensa. Con el Pacto por México, la oposición domesticada no puso reparo alguno al plan impuesto desde fuera y se abrió la caja de Pandora. Se aprobaron las reformas en educación, trabajo, impuestos, finanzas públicas y energéticos, todo enfilado a dar facilidades a los grandes capitales y a privilegiar intereses particulares y negocios turbios.
No habíamos visto desde entonces más que leyes propicias al neoliberalismo; la Constitución de Ciudad de México aprobada el 5 de febrero de 2017 es algo distinto, constituye un claro quiebre frente a esa tendencia.
Ciertamente no es un documento perfecto, ni en todos y cada uno de sus capítulos y artículos podemos encontrar solo mandatos positivos y de avanzada; quedaron cosas pendientes, pero el rumbo señalado es significativo y abre camino para cambios en el sentido que señala la brújula de Ciudad de México, con ciudadanía alerta y participante.
Algunos ejemplos: la dignidad humana es el principio rector y sustento de los derechos; la capital garantiza los derechos de sus habitantes y de migrantes y visitantes; se declaró que en materia de derechos humanos se incorporan a la ley todos los reconocidos en los instrumentos internacionales; se aprobó el principio pro persona y la progresividad de los derechos; esto significa que en esta materia los cambios nunca serán hacia atrás, sino siempre para ampliar la lista.
Se garantizó el derecho a la protesta social y se prohibió su criminalización; a las policías se les ordena desde la ley suprema que el uso de la fuerza sea la última razón a esgrimir después de agotar los procedimientos disuasivos y conciliadores que estén a su alcance. El agua es un derecho; no podrá ser privatizada y su gestión estará a cargo del Estado y de ningún modo podrá ser sólo un insumo más en el mercado, el lucro con ella queda excluido. En materia laboral se prohíbe la simulación contractual, se aseguran los contratos colectivos y la defensa de grupos vulnerables.
Hay mucho más en derechos y justicia social; ciertamente no está todo, pero el quiebre histórico, la corrección del rumbo por el que va el país no puede soslayarse: la Constitución de Ciudad de México pone un freno al neoliberalismo, su nota distintiva es de avanzada y será una herramienta para la justicia social.
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