Bernardo Bátiz V.
E
l tema de la privatización del agua se escucha de tiempo atrás. Hay grupos organizados para defenderla; pueblos y comunidades a lo largo del territorio nacional se preparan a evitar se las quiten; se discute sobre el tema desde hace ya 10 o 15 años y hay profetas apocalípticos que dicen que la próxima guerra mundial será por el agua.
La superficie de nuestro planeta está cubierta por 70 por ciento de agua y en el resto, la tierra firme y las islas, abunda también el agua, en este caso dulce, en ríos, lagos, lagunas sobre la superficie y en corrientes y veneros subterráneos.
Entre grupos pensantes atentos a lo que pasa despertó una gran inquietud la firma de 10 decretos emitidos por el Presidente de la República para levantar la veda respecto de las reservas de agua en las cuencas más importantes del país, en las que desde tiempo inmemorial había tal protección, útil para preservar vasos y corrientes de un uso indiscriminado o abusivo, que pudiera poner en riesgo la distribución equitativa del líquido y su preservación. El hecho de que el titular del Ejecutivo haya emitido estos decretos casi en secreto, sin la publicidad que acostumbra dar a sus actos públicos importantes y la casualidad de que la decisión coincidiera con los tiempos en los que el Campeonato Munial de Futbol en Rusia acapara la atención de todo México, precisamente cuando otros acontecimientos políticos captaban el interés de la opinión pública, despertó sospechas y no es para menos; la verdad es que como dice el dicho, quien con leche se quema hasta al jocoque le sopla. Al día siguiente de la
golizade uno cero al equipo de Alemania, empezaron a circular por las redes sociales alarmantes noticias y avisos advirtiendo que los famosos decretos son un primer paso para la privatización del agua.
Las autoridades han dicho que no es así, que se trata de una exageración y de ataques falsos; sin embargo, no explican con claridad de qué se trata, ni por que había veda antes ni por que se levanta ahora y la Comisión Nacional del Agua, por voz de su director, se atrevió a decir que no hay tal intento de privatización y que no es sino una argucia electoral de
ya saben quién.
La verdad es que las cosas no están muy claras y, por tanto, conviene recordar que tenemos una legislación constitucional federal y otra local en Ciudad de México, que garantizan el agua como un derecho humano. A ellas tenemos que acudir para empezar a entender de qué se trata este asunto y para ir pensando en herramientas de defensa, por si hay algo de cierto en los temores sobre la privatización. (Por lo pronto, lo importante e inminente es participar en el proceso electoral en favor de un cambio verdadero.)
La Constitución federal consagra en su artículo 27 lo que se llama el dominio eminente sobre tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional; el primer párrafo dice:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada; el párrafo tercero precisa que la Nación tiene siempre el derecho de imponer a esa propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, y precisa
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación y atender al mejoramiento de la vida de la población rural y urbana de México.
Por su parte, el artículo primero reconoce la universalidad de los derechos humanos y garantiza su protección; el cuarto consagra como derecho humano
el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. De estos preceptos de la ley de más alto rango en México se desprende la prohibición del uso del agua de tal forma que cause daños o limite el derecho humano a la misma, en especial a los pueblos y comunidades originarios. Lo que temen quienes se preocupan por defender el agua es que una buena parte de ella se entregue, como se ha hecho con otros bienes nacionales, a grandes empresas para negocios particulares, a pesar de que, materialmente, nos llega del cielo y se conserva en depósitos naturales o en presas construidas con dinero público o se desliza por ríos, arroyos y finalmente por canales y tuberías construidos también con recursos de todos los mexicanos. Por ello no sería justa la entrega del agua y de la estructura construida por el Estado mexicano a unos pocos para negocio y aumento de su patrimonio particular.
El agua no es una mercancía ni un insumo, es un derecho humano y un bien público, conviene recordar, por si acaso, a quienes pensaran privatizarla, lo que dijo con autoridad moral el rector de la Universidad Iberoamericana:
ya dejen de robar.
CDMX, 22 de junio de 2018.
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