Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 21 de junio de 2018, p. 35
Jueves 21 de junio de 2018, p. 35
Diputados y senadores de Morena plantearon ante la Comisión Permanente que se revoquen los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto por los que se privatiza el agua. Plantearon que la decisión del jefe del Ejecutivo permite a trasnacionales energéticas el uso a su antojo del recurso.
El coordinador Manuel Bartlett y el vicecoordinador Luis Humberto Fernández advirtieron que de mantenerse esos decretos se abre la puerta a conflictos sociales, porque se beneficia a los privilegiados en detrimento de los más pobres.
En el punto de acuerdo que presentaron en la Permanente advierten que los decretos extinguen los derechos de aprovechamiento del agua de los núcleos agrarios que no renovaron a tiempo y hay 50 mil concesiones caducadas, principalmente de comunidades indígenas, ejidatarios y comuneros.
Los legisladores de PT-Morena señalan en su punto de acuerdo, que “todos los decretos publicados por el Ejecutivo contienen este lenguaje:
Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán reconocidas siempre que el título esté vigente.
En conferencia de prensa, Bartlett dijo que los decretos jurídicamente presentan muchas deficiencias:
a nivel constitucional no se fundamentan en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe la mercantilización de esos recursos; a nivel constitucional tampoco se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat.
A su vez, el senador Fernández dijo que levantar la veda significa que se elimina la limitación para explotar el agua en más de la mitad de las cuencas de México. “De un plumazo se quita la protección a las cuencas, lo que permitirá que se entreguen concesiones sobre las mismas. Estos decretos son un atajo y una trampa ante la imposibilidad de aprobar la ley Pichardo, entonces no encontraron más que el atajo de sacarlo por un decreto.
¿Cuál es la premura? El gran negocio que hay detrás de la explotación de las cuencas de agua.
Los priístas evadieron hablar del tema, sólo el senador Enrique Burgos afirmó que es un rumor.
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