Javier Flores
L
o primero que habría que decir es que la designación de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez como titular de una nueva Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciudad de México (CDMX), anunciada el domingo por la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha producido en muchas personas, entre las que me incluyo, gran alegría. Es un nombramiento que amerita una celebración por tratarse de una mujer con gran conocimiento del medio educativo (especialmente en el nivel superior). Fue directora de la Facultad de Ciencias y actualmente es integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pudo haber sido la primera mujer en dirigir la máxima casa de estudios, de no ser por la polarización inducida durante el proceso más reciente para elegir rector(a). Es además conocedora como pocas no sólo de la comunidad científica del país, de la que forma parte, sino de la estructura del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de México, al haber sido la primera mujer en presidir la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en la que, como en todos los cargos en los que se ha desempeñado, realizó una gran labor.
Su nombramiento se da en el contexto de una decisión política compleja consistente en la fusión de dos secretarías: la de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la de Educación. La primera venía experimentando una evolución interesante como organismo relativamente autónomo, pues había pasado de ser instituto a secretaría. Podría discutirse si en su corta vida esta dependencia desempeñó un papel relevante en el desarrollo científico de la capital (hay que considerar que siempre operó con recursos muy limitados), pero la restructuración anunciada implica un cambio radical en el modelo para impulsar la ciencia en esta entidad.
Imaginemos por un momento tres modelos en la administración pública de la ciencia y la tecnología. El primero con organismos dotados de autonomía respecto de otras instancias de gobierno; el segundo en el que éstos se vinculan o son absorbidos por la política económica, y, finalmente, con mayor relación o integrados al sector educativo. En el primer caso, el organismo autónomo tendría la capacidad de definir una política en varias direcciones, pero resulta evidente que en los dos últimos casos las actividades científicas, tecnológicas y de innovación (CTI) se orientarían principalmente a la vinculación con el sector industrial (comandadas, por ejemplo, por una Secretaría de Economía), o bien a enfrentar y resolver los retos educativos (a través de su relación o integración con una Secretaría de Educación). Así, la fusión de la Secretaría de Ciencia con la de Educación en CDMX, implica una definición política de primer orden.
Hay una pregunta que hoy cobra mucho sentido: ¿Qué esperan los mexicanos de la ciencia? Dentro del proyecto denominado Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que encabeza el doctor José Franco, realizó dos consultas a escala nacional, una en 2012-2013 que recogió 364 mil 803 votos, y la segunda en 2018, en la que participaron 175 mil 198 personas. El ejercicio consistía en pedir a los participantes que eligieran entre un conjunto de problemas, los retos que deberían ser enfrentados con el concurso de la ciencia. El primer lugar lo ocupó en ambos casos la educación, con un distancia importante frente a otros temas. De acuerdo con estos resultados, se podría decir que lo que la gente quiere es que la ciencia atienda los problemas educativos del país.
Sí, es cierto, hay muchas cosas que la ciencia puede hacer en la educación, por ejemplo, fortalecer los posgrados, ampliar la cobertura y la calidad en la educación media superior y en la licenciatura. Escalar los modelos exitosos de educación en matemáticas y ciencias creados por la AMC y la Sociedad Matemática Mexicana, desarrollar la educación a distancia con personal altamente calificado y métodos pedagógicos de vanguardia, así como ampliar el acceso a sistemas de cómputo (que paradójicamente no se podrán adquirir durante el primer año y entonces habrá que crearlos), entre muchos otros temas.
Estoy de acuerdo en la importancia crucial que tiene la educación para el desarrollo de México. Pero también cabría preguntarse si una política de ciencia no debe atender además otros aspectos necesarios para que el país pueda garantizar su futuro a largo plazo en el contexto global. En lo personal, preferiría un modelo que tuviera como base un organismo con real autonomía. Como quiera que sea, se trata de un experimento en una sola entidad que hay que seguir con atención. Habrá que ver cómo se diseña y los resultados que con el tiempo pueda reportar. También hay que desear a la doctora Rosaura Ruiz el mayor de los éxitos en su nueva encomienda.
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