martes, 24 de julio de 2018

Negocios y empresas

Boeing y el avión presidencial
Miguel Pineda
I
ndependientemente de la posición de López Obrador en relación con el avión presidencial, el proceso de adquisición de la aeronave ha estado lleno de ­irregularidades.
El avión lo encargó Felipe Calderón con el objetivo de sustituir al anterior, debido a que tenía muchos años de operación. Estaba consciente de que no lo utilizaría porque la entrega tardaría alrededor de cinco años.
Se suponía que el avión sería nuevo. Sin embargo, por presiones de Peña Nieto, se adelantó la entrega; pero resulta que el avión que se compró no era nuevo ni el publicitado Boeing 787-9, sino un 787-8, que era más barato. Además, era uno de los seis que se utilizaron de prueba en condiciones extremas para comprobar que el modelo funcionara adecuadamente y así poderlo certificar. Al compararlo con un equipo nuevo de Airbus de condiciones semejantes, el Boeing era más barato por el uso que ya tenía.
Meade, todavía como ti­tular de Hacienda, también justificó la compra sin licitación porque Aeroméxico tenía un negocio con Boeing de casi 100 aeronaves: lo que permite anclar la negociación para que los términos y condiciones, en su caso, sean exactamente las mismas que las de esa aeronave, señaló el funcionario.
En estas condiciones el aparato que adquirió la Presidencia era usado, tenía seis años de operación (se construyó en 2009) y lo compró el gobierno a un sobreprecio, dado el uso de la aeronave y a que le tuvieron que cambiar la configuración para cliente VIP. El costo total reconfigurado fue superior a 239 millones de dólares. Además, se le cambió el registro de serie para venderlo como avión privado.
Otro problema es que la partida con que se adquirió la nave no provino de la Presidencia de la República ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de un crédito de Banobras, institución que supuestamente está orientada al desarrollo de obras para el beneficio de la comunidad y no para comprarle aviones al presidente.
Personalmente creo que cualquier presidente de México en esta era globalizada debe contar con una aeronave para realizar sus funciones. Sin embargo, el citado avión representó un derroche de recursos y no cumplió con las normas mínimas de transparencia en su adquisición.

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