Bernardo Bátiz V.
D
espués del primero de julio, pasados los días de euforia y reconocimiento del triunfo de Morena y su candidato presidencial, apenas se repusieron sus malquerientes, reiniciaron una campaña de crítica muy similar a la que habían sostenido antes de las elecciones. Haga lo que haga y diga lo que diga el candidato triunfador, para un grupo bien orquestado de comunicadores y repetidores de opiniones, todo estará mal y será motivo de ataques; con esta actitud, se extiende una cortina de humo ante las decisiones que se van tomando y se ponen en segundo término temas fundamentales para el país, opacados por discusiones superficiales.
Uno de estos temas es el de la soberanía. Desde el gobierno de Salinas se decía una y otra vez, que el concepto de soberanía tenía que ser revisado; entonces se iniciaba el proceso de la globalización y en el mundo prevalecía la reforma neoliberal que sujeta a todos a las leyes ciegas del mercado y hace a un lado mecanismos defensivos frente a las injusticias y grandes diferencias que ese sistema provoca. En México contábamos entonces con herramientas que permitían defendernos y ser ejemplo para el resto de los países latinoamericanos; no debemos olvidar que pertenecemos a esa familia de naciones y que a raíz de la independencia, a principios del siglo XIX, coincidían Bolívar en Sudamérica y Alamán en México en que el futuro sería halagüeño, si lográbamos la unión política y económica de nuestras naciones.
La Constitución reconoce en su artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo mexicano y en los artículos siguientes consagra decisiones soberanas de ese pueblo sobre la naturaleza de la nación mexicana, su forma de gobierno y la manera mediante la cual actúa como soberano; pero en ninguna parte del texto constitucional encontramos una definición de este principio clave en el derecho interno y en el internacional.
Simplemente para precisar conceptos, recuerdo que la soberanía tiene dos vertientes; hacia el interior es supremacía del poder soberano sobre cualquier otro poder, esto se traduce en afirmar la primacía del bien común sobre los bienes particulares; hacia el exterior la soberanía se manifiesta en la independencia nacional, ganada y defendida con tanto trabajo por nuestro Estado mexicano.
La historia de México, como país débil, es el relato de la construcción de una estructura de instituciones legales defensivas frente a las naciones poderosas, ambiciosas de las riquezas de nuestro territorio. Fenómeno muy parecido sucedía en todo Centro y Sudamérica; lamentablemente con la llegada de los gobiernos afiliados a la corriente globalizadora, olvidadizos de nuestra historia y poco preocupados por mantener el principio de soberanía, paulatinamente desmantelaron esas estructuras y contradiciéndose, por un lado exaltaban la necesidad de ser competitivos y por el otro cercenaban todas las herramientas con las que podríamos competir y defendernos en ese mar agitado en el cual el pez grande se come al chico.
La doctrina Estrada, precepto mexicano, es la defensa contra la injerencia de otros gobiernos en las decisiones políticas internas, pero dejó de ser la posición emblemática de la política exterior mexicana; se sustenta en los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención de gobiernos o fuerzas extrañas en las determinaciones internas. Un diplomático mexicano, Genaro Estrada, la definió y durante largos años, a pesar de errores internos, nos caracterizó como un país con dignidad y conciencia libre. Fue abandonada.
La cláusula Calvo por ley se insertaba en contratos en los que participaban extranjeros, pero dejó de ser obligatoria; era una renuncia a solicitar el apoyo de gobiernos extranjeros en asuntos internos y privados de quienes, no siendo ciudadanos mexicanos, pretendían obtener ganancias sin los riesgos inherentes; durante años fue una barrera que obligaba a los extranjeros que invertían en nuestro país a sujetarse a nuestras leyes. Esta cláusula bien pensada y de gran utilidad fue suprimida de contratos y escrituras y, a partir de esa decisión inexplicable, cada vez más negocios que se hacen en México, para su interpretación y cumplimiento, quedan sujetos a legislaciones extranjeras y presiones diplomáticas.
La prohibición a extranjeros para adquirir tierras en fronteras y litorales también fue suprimida y frecuentemente los mexicanos padecen discriminación en su propio territorio y los grandes inversionistas del exterior se reservan para sí las mejores playas de nuestros centros vacacionales y se hacen de territorio mexicano; con ello, se convierte nuestro país en una variante de colonia o protectorado.
Es tema prioritario que debe afrontar el nuevo gobierno a sabiendas de que en esto, cuenta con el apoyo popular. Desmantelar sin romper el estado de derecho las llamadas reformas estructurales, es algo esperado para recuperar la plenitud de la soberanía.
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