El retorno del General Salvador Cienfuegos a México confirma una vez más la enorme fortaleza de la política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los Estados Unidos buscaba utilizar la detención del ex-Secretario de la Defensa Nacional para presionar al gobierno mexicano con el fin de someterlo al mando de Washington. Pero le salió el tiro por la culata al procurador estadunidense William Barr.
No podemos ser ingenuos. El espionaje de las autoridades estadunidenses en contra de Cienfuegos, desde 2013, jamás fue con el propósito de luchar en contra de la corrupción o combatir al narcotráfico. Estos dos asuntos les tiene sin cuidado a los Estados Unidos siempre y cuando haya obediencia ciega de parte de los gobiernos extranjeros a Washington.
El propósito del espionaje era contar con información privilegiada sobre las actividades del Estado mexicano con el fin de poder chantajear e imponer la voluntad del Pentágono a la Ciudad de México. Tal y como ha sido revelado por Edward Snowden, el gobierno de los Estados Unidos suele intervenir ilegalmente las comunicaciones privilegiadas de los altos mandos de gobiernos aliados, y en particular de México, con el fin de fortalecer su posición estratégica en la diplomacia internacional.
Las autoridades estadunidenses pudieron haber actuado en contra del General durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, deteniéndolo in flagrante. Pero no era necesario ya que el gobierno anterior era siempre servil a todas las órdenes de Washington. Y la amplia información de inteligencia disponible a Barr le hubiera permitido actuar ahora en contra de otros altos funcionarios del sexenio anterior. Pero se determinó que sólo la detención de Cienfuegos en particular generaría el impacto esperado frente al gobierno actual.
En suma, la detención de Cienfuegos al aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles el pasado 15 de octubre, en camino a Disneylandia en compañía de su familia, no fue una acción a favor de la rendición de cuentas sino un acto de intimidación hacia el gobierno mexicano. El propósito fue dar un golpe en la mesa para intentar obligar a López Obrador a retornar a la situación imperante durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto en que las agencias de seguridad de los Estados Unidos tenían control sobre la estrategia de seguridad pública en México así como acceso irrestricto al territorio y las instituciones mexicanos.
Recordemos que el sistema de procuración de justicia de los Estados Unidos cuenta con una enorme discrecionalidad. No son las pruebas sino las decisiones estratégicas de los fiscales las que determinen si se avanza o no en un caso determinado. Al norte del Río Bravo, la ley se negocia constantemente y el Estado de derecho siempre está subordinado a las consideraciones políticas.
Quince días antes de la detención de Cienfuegos se había intentado presionar a López Obrador por medio de la filtración de información extraoficial sobre el caso, tal y como lo informó el mismo Presidente Mexicano en la conferencia de prensa del 16 de octubre. Pero al ver que no surtió efecto esta primera comunicación, enviada de manera indirecta al estilo de los mensajes de la mafia, el Procurador Estadounidense intentó dar una muestra de fuerza con la detención pública del General.
Pero fracasó este torpe intento de amedrentar al Estado mexicano. En lugar de responder con señales de rendición y sometimiento, el gobierno de López Obrador emitió inmediatamente una nota diplomática en reclamo por la evidente violación de los acuerdos binacionales de colaboración en materia de seguridad pública. Y en pláticas posteriores el Canciller Marcelo Ebrard dejó perfectamente claro que habría represalias si no se rectificara la situación.
“¿Qué va a ocurrir? Hay dos caminos, o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos países o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque quién lo puso en duda. ¿Nosotros? No,” declaró públicamente nuestro Secretario de Relaciones Exteriores.
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