Octavio Rodríguez Araujo
Si había duda de que con la guerra de Calderón se iba a criminalizar la protesta social y de que las fuerzas del orden” actuarían en contra de la población civil inconforme, dicha duda ya no existe. La protesta social es sofocada por esas “fuerzas del orden”, con muertos incluso.
El subsecretario de Seguridad del gobierno de Guerrero, general Ramón Arreola, declaró a este diario que la orden del gobernador era que se restableciera la paz en el lugar donde murieron dos estudiantes (para él “seudoestudiantes que están tapando el paso”) en la confluencia de la carretera federal y la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo.
Dos son los indicadores de la política represiva de las “fuerzas del orden”: el primero, que se trataba de “restablecer la paz”, porque como todo mundo sabe, permítaseme la ironía, una manifestación social de protesta que detenga el tráfico es romper la paz. El segundo, que los 800 manifestantes, según el general Arreola (otras fuentes dijeron que eran 300), fueron “seudoestudiantes”, es decir no estudiantes auténticos, y si no eran lo que decían ser entonces eran provocadores que había que someter; y si en el enfrentamiento murieron dos de éstos, pues son “daños colaterales” del restablecimiento de la paz. La orden era restablecer la paz y esto quiere decir reprimir y no sólo disuadir. Los intentos de diálogo con los manifestantes estuvieron totalmente ausentes.
El general Arreola dijo que su grupo de “fuerzas del orden” no llevaba armas de fuego. Pero las fotografías muestran policías armados, unos con un uniforme y otros sin éste. ¿A qué “fuerzas del orden” correspondían los armados? No lo sé. Que se haga una investigación. Lo que todos sabemos es que murieron dos, que hubo disparos incluso contra vehículos, que hubo heridos, que muchos tuvieron que huir, que otros fueron detenidos y hasta golpeados. En suma, que hubo represión violenta de una manifestación social con demandas sociales más que justificadas, y que entre las “fuerzas del orden” había policía federal y no sólo estatal (ambas armadas). También hubo soldados, aunque según las crónicas llegaron después.
No hay indicio alguno de que los manifestantes tuvieran armas de fuego. El hombre de camiseta a rayas verdes que disparó con arma larga (ignoro si era un “cuerno de chivo”), según los videos publicados, estaba del lado de los policías antimotines supuestamente desarmados, y era protegido por éstos. Ninguno de los policías que lo rodeaban en la esquina del puente y la autopista hizo algo contra el hombre de rayas que disparaba hacia los manifestantes. Era, obviamente, uno de ellos, vestido de civil. Había otros más, supuestamente policías ministeriales, también con armas largas.
El procurador de Guerrero, en entrevista con Carmen Aristegui, dijo que cuando llegaron los policías armados los dos jóvenes ya estaban muertos. ¿En qué quedamos? Si fueron asesinados antes de que llegaran los policías armados, ¿quién los mató? ¿Los propios manifestantes? ¿El hombre de camiseta a rayas verdes? ¿El chamuco? Alguien miente, y sospecho que es el procurador estatal, Alberto López Rosas. Uno de los estudiantes muertos, el de camiseta blanca, iba corriendo seguido por otros de su grupo hacia donde estaban los policías armados vestidos de azul oscuro. Ahí quedó. No sé si era Jorge Alexis Herrera Pino o Gabriel Echeverría de Jesús. Tal vez este último. El otro vestía una camiseta negra, el segundo en caer.
Los sucesos de Chilpancingo no son aislados, aunque así lo parezcan. Son parte de la escalada de violencia que vive el país y de la intolerancia gubernamental, tanto de los poderes locales como de los federales. Alguien del gobierno de Guerrero dijo que la manifestación era atípica, porque fue en un día de asueto, y que de lo que se trataba era de desestabilizar el estado. Calderón dice más o menos lo mismo y hasta ha lanzado la peligrosísima hipótesis de que podría no haber condiciones para que las próximas elecciones se desarrollen en orden y en paz.
Cuando se asesina a activistas sociales, además de civiles involucrados o no con el crimen organizado, el estado de derecho y la seguridad que debiera garantizar el gobierno quedan entre grandes y significativas interrogantes. Lo más grave es que Calderón no sólo no quiera aceptar su responsabilidad en esta escalada de violencia, sino que insista en mantenerla hasta el último día de su mandato. ¿Para posponer las elecciones si sus candidatos no tienen asegurado el triunfo? ¿Para ganar el Guinness por número de muertos en un país sin guerra oficialmente declarada y reconocida? ¿Para “de paso” exterminar la disidencia y la oposición social provocada por sus políticas antisociales? Difícil saberlo.
Lo que sí sabemos es que los mexicanos vivimos atemorizados, incluso para salir a la calle. Y el miedo, como bien lo saben los especialistas, es una manera eficaz para controlar a la población, para garantizar una estabilidad ficticia pero conveniente a la gente del poder. Las lecciones del miedo inducido están a la vista y no es el miedo de finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. En aquel entonces el miedo era a perder el empleo, a no conseguir trabajo, a no tener oportunidades para vivir con un cierto decoro. Ahora, además de las mismas razones de hace 30 años, está el miedo a perder la vida o los pocos o muchos bienes que cada quien tenga. Y así como el miedo de hace 30 años paralizó e individualizó a amplias capas de población, ahora a casi todo el país. No es la estabilidad lo que está en riesgo, es México, y a los gobernantes no parece importarles. El gobierno ha olvidado las necesidades de la sociedad, se ha vuelto deliberadamente insensible a éstas, y cuando la población se las recuerda es reprimida.
PD con Rayuela: “¿Creerá el gobernador Aguirre que cesando a cuatro funcionarios da carpetazo al doble asesinato en Guerrero?”
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