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Argentina: detener el atraco

Repsol y el asalto a la nación

“Modernizar” y “capitalizar”

Carlos Fernández-Vega

Imagen de archivo de la plataforma marítima semisumergible Ocean Guardian, que realiza perforaciones en alta mar a unos 150 kilómetros de las Islas Malvinas. Desde 2010 Gran Bretaña comenzó la exploración de crudo y gas en aguas del Atlántico sur, reclamadas por Argentina Foto Reuters

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está a punto de revertir una de las acciones más onerosas y oprobiosas en contra del pueblo de aquella nación, emprendida dos décadas atrás por el inefable Carlos Saúl Menem, el personaje que cedió” (léase regaló), entre tantas otras cosas, el control estratégico y el usufructo de los hidrocarburos del Estado a la trasnacional española Repsol. La mandataria regresará a su dueño original lo que nunca se debió “desincorporar” (eufemismo tecnócrata por privatizar), con lo que comenzará a detener 20 años de saqueo.

Mientras en México los prianistas insisten en recorrer la fallida senda de la privatización petrolera (Chepina y Peña Nieto ya adelantaron su oferta de “modernizar” y “capitalizar” –léase privatizar– Petróleos Mexicanos), en Argentina vienen de regreso para enmendar la desastrosa acción de Menem. Como publicó La Jornada en su edición dominical, “la petrolera argentina YPF, con capital mayoritario de la española Repsol –en la que Pemex tiene una participación accionaria minoritaria– enfrenta una inminente intervención o nacionalización del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo la acusación de provocar una caída en las reservas en la producción de hidrocarburos por falta de inversión y por destinar entre 80 y 90 por ciento de sus utilidades a ser repartidas entre sus socios y no a la recapitalización de la empresa, según las autoridades. YPF alentó la intervención del (gerente) rey Juan Carlos, quien el primero de marzo cabildeó con la presidenta argentina en favor de la petrolera, además de que la empresa ha interpuesto demandas contra al menos un gobierno provincial por haberle retirado concesiones. Fuentes oficiales aseguraron en Argentina al diario Página 12 que ‘no hay marcha atrás’ en cuanto a que el gobierno tomará el control de la firma. Argentina ha realizado millonarias importaciones de hidrocarburos, que ponen en riesgo las cuentas fiscales y los programas sociales, según el gobierno”.

Pues bien, allá por el arranque de los 90, en Argentina todo comenzó con el pretexto de “modernizar” y “capitalizar” las empresas del Estado, es decir, el inicio de una devastadora acción privatizadora. El entonces presidente Carlos Saúl Menem fue el principal competidor latinoamericano de Carlos Salinas de Gortari en eso de desmantelar el aparato productivo del Estado. Los mexicanos saben y padecen el resultado privatizador (de CSG a Calderón), pero a los argentinos nada mejor les ha ido. Allá dan vuelta en U, pero aquí insisten. ¿Cómo fue que el Estado argentino “cedió” sus hidrocarburos a una trasnacional española? La Cepal documentó el proceso, no sin concluir que la compra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina por parte de Repsol “fue una gigantesca operación de concentración de poder cuasi monopólico no sólo en esa nación, sino a nivel regional”.

De acuerdo con el organismo especializado, el proceso de venta de YPF quiso sustentarse en el pretexto de la “modernización” y “capitalización” de la empresa, para lo cual se quemaron varias etapas hasta concretar la plena propiedad para Repsol. En julio de 1993 Carlos Saúl Menem (inquilino de la Casa Rosada de 1989 a 1999) autorizó la venta de 43.5 por ciento del paquete accionario por 3 mil 40 millones de dólares en efectivo y mil 271 millones en títulos de deuda pública, aunque “en esta operación el gobierno de aquel país asumió una deuda de la empresa por aproximadamente mil 800 millones de dólares”. En esa primera venta, el pastel accionario quedó repartido así: gobierno, 20 por ciento más una “acción de oro”; estados provinciales, 12 por ciento; personal de YPF, 10 por ciento; sistema previsional, 12 por ciento, y sector privado, 46 por ciento.

De 1993 a 1998 la estructura de la tenencia accionaria se transformó, debido a que los jubilados, los trabajadores de la empresa y los gobiernos provinciales vendieron poco a poco sus acciones motivados tanto por los mejores precios de las acciones en el mercado bursátil como por la urgencia de liquidez. “Estas necesidades se originaron habida cuenta del contexto recesivo de la economía argentina y las dificultades de hallar empleo con posterioridad al segundo semestre de 1994, cuando los ingresos por privatizaciones comenzaron a mermar y los efectos del Plan de Convertibilidad (de la moneda) sobre el nivel de actividad empezó a ser visible”.

Para 1998 el reparto del pastel accionario de YPF quedó así: gobierno, 20 por ciento, más “acción de oro”; estados provinciales, 4.7; personal de YPF, 0.4, y sector privado, 74.9 por ciento (los fondos privados extranjeros, de Estados Unidos mayoritariamente, 63.1 por ciento; los inversionistas argentinos, 11.8 por ciento). A mediados de 1999 comienza la venta a Repsol. El gobierno argentino enajenó a esa trasnacional 14.99 por ciento de las acciones, por alrededor de 2 mil millones de dólares, y la española (una petrolera sin petróleo en su país de origen) ofrece comprar todas las acciones. Como regalo de despedida de mandato, Menem da prioridad a Repsol y establece que si aparecieran otros postores por YPF deberían pagar 25 por ciento adicional, con respecto a lo ofrecido por Repsol, la cual termina por adquirir 83.24 por ciento de la paraestatal en oferta. Así, el gobierno argentino se quedó con su “acción de oro”, el personal de YPF con 0.4 (aunque tuvo que litigarlo en tribunales), el resto del sector privado con 1.37, y Repsol, con 98.23 por ciento.

Repsol recuperó rápidamente el gasto por la compra de YPF, no hizo mayores inversiones y sus utilidades crecieron como la espuma, la mayoría de ellas depositadas en su país de origen, España. Por su parte, el gobierno argentino sólo vio cómo se desplomaban sus ingresos fiscales y se consumían las reservas de hidrocarburos. Como apunta la Cepal, “las reformas favorecieron más –absoluta y relativamente– al sector privado que al Estado. Los productores privados de petróleo se vieron especialmente beneficiados por la posibilidad de aumentar significativamente la explotación de crudo a costo muy bajo, sobre la base de reservas descubiertas previamente (con recursos públicos), con costos marginales inferiores al promedio por tratarse de áreas centrales de gran productividad, recibiendo a cambio elevados precios internacionales tanto para el crudo vendido en el mercado interno como para el exportado. Además, la exploración se redujo sustancialmente, y sólo exprimieron los pozos existentes.”

Las rebanadas del pastel

Allá dan marcha atrás, pero aquí insisten en vender el dulce con el viejo pretexto de “modernizar” y “capitalizar”. Y, desde luego, Repsol no es ajena a la campaña, en todos los sentidos del término.

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