Salarios de hambre

Arturo Alcalde Justiniani

H

ace sólo un mes, el gobierno federal, por la vía de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, decretó un incremento de 3.9 por ciento a los salarios mínimos generales, que significa 2.43 pesos diarios. De nada sirvieron las promesas de campaña ni los compromisos de mejorar la calidad de vida de la población. Tampoco fueron tomadas en cuenta las insistentes recomendaciones de organismos y especialistas en la materia, que han venido planteando la importancia de mejorar el renglón salarial como un elemento clave para fortalecer el mercado interno y reducir los niveles de desigualdad y pobreza.

Al fijarse estas percepciones se repitió la vieja excusa de que no tienen carácter representativo frente al resto de los sueldos, que muy pocos trabajadores del país lo reciben y que sólo han servido para la fijación de multas o para lograr el cumplimiento de otras obligaciones. Los datos señalan lo contrario: la mitad de la población gana menos de dos y medio salarios mínimos, esto es, menos de 161.90 pesos diarios. Incluso, si tomamos como referente los mínimos profesionales, sus montos son francamente ridículos; el más alto, que corresponde a la categoría de reportero, es de 194 pesos al día; técnico de trabajo social, 106 pesos; un cajero, 83.70, y una recamarera de hotel gana 81.86.

La asignación del mínimo informa y determina en buena medida al resto de los sueldos y define el tope salarial oficial. Ello quedó demostrado con el incremento a las percepciones del personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que entró en vigor días antes al salario mínimo. Ambos quedaron en 3.9 por ciento.

El aumento en los salarios mínimos busca reflejarse en los llamados sueldos contractuales, producto de las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo. En otros países estos procesos de concertación constituyen una fuente de equilibrio y mejora en el sector de los trabajadores organizados, que permite vincularlos con los incrementos a la productividad en las distintas ramas de industria. En México son muy pocos los empleados que tienen auténticas negociaciones contractuales, porque es muy difícil contar con un sindicato democrático; lo común es que los salarios no se revisen, ya que los trabajadores están atrapados en los contratos colectivos de protección patronal. Por ello existe un vínculo entre el déficit de democracia sindical y los bajos salarios.

El promedio de incremento contractual reportado durante 2012, según datos aportados por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fue de 4.46 por ciento; este dato habría que tomarlo con pinzas, ya que existe la práctica de alterar la propia estadística oficial con el propósito de mantener la política de topes salariales; en el caso de algunas negociaciones que exceden este tope se les llega a omitir su registro para evitar que se altere la estadística deseable.

El dato real que vive y constata la gente todos los días es que con un salario mínimo apenas alcanza para adquirir cuatro litros de leche o cinco kilos de tortillas, y no es suficiente siquiera para comprar un kilo de carne de res. El incremento de precios que se confirma en los mercados donde la mayoría de la población compra sus productos nada tiene que ver con los datos oficiales. Se afirma que la inflación oficial en 2012 fue de 3.57 por ciento. Sin embargo, esta información contrasta con el hecho de que los alimentos crecieron en los últimos cuatro años arriba de 28 por ciento, y por lo que se refiere a la canasta básica, supera el 30. Por ello, cada vez hay más estudios que coinciden en que un sueldo suficiente para cubrir necesidades básicas debería ubicarse en el orden de ocho salarios mínimos.

En este entorno de contradicción y simulaciones, las revisiones salariales y contractuales –que se concentran básicamente en los dos primeros meses del año– son fuente de frustración y encono, molestia que se verá agravada semanas después, cuando a la mayoría de los trabajadores se les niegue la prestación del reparto de utilidades; buena parte de las empresas acuden al fraude de la subcontratación generalizada encubriéndose en la figura jurídica de empresas de servicios, que supuestamente subcontratan a la totalidad del personal y con ello eluden el pago de esta prestación. Está por verse en qué momento el gobierno hará valer la nueva Ley Federal del Trabajo, que prohíbe expresamente esta megasubcontratación. La obligación gubernamental será llevar a cabo por lo pronto inspecciones en las empresas que acuden a la subcontratación, para confirmar si respetan o no las nuevas disposiciones legales.

Resulta inexplicable que la política salarial y la democracia gremial, que actúan como factores complementarios, no hayan sido consideradas en el llamado Pacto por México. Por lo visto, continuará vigente la tesis de que primero hay que hacer crecer el pastel antes que repartirlo, razonamiento que ha prevalecido en las últimas décadas y que está atrapado en una visión de una política económica que apuesta todo a la exportación, la llegada de capitales no controlados, la explotación de recursos naturales y, desde luego, el sometimiento laboral y la restricción salarial. El producto de este modelo son precisamente los salarios de hambre que existen en México y que son motivo de vergüenza internacional.

Habría que aprender de otros países, como Brasil, que arrancaron sus campañas contra el hambre con una mejora salarial sustantiva, que permitió a los trabajadores cubrir un mínimo de necesidades básicas. Por lo visto, en México las cosas se ven diferentes por los que están arriba porque, sin duda, la realidad se vive y se ve muy diferente desde abajo