El acusador acusado y culpable

Víctor Flores Olea

C

on su altanería proverbial, recordamos que Estados Unidos somete año con año a una serie de países (unos 200 anualmente), que el propio EU considera dignos de ser evaluados por sus prácticas respetuosas o no en materia de derechos humanos, buscando se realice en cada rincón del planeta el reconocimiento de la igualdad y dignidad de todo ser viviente en material de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos tendría la más amplia libertad para señalar entonces a aquellos países que se aparten del cumplimiento estricto de las normas universales de los derechos humanos, y que por lo mismo serían merecedores a represalias económicas o al aislamiento internacional, es decir, a la segregación de la comunidad internacional.

Lo que resulta una paradoja sorpresiva, aunque no tan inesperada, es que ahora, este martes 9 de diciembre, un Comité Especial del Partido Demócrata en el Congreso de EU ha dirigido un abundante informe de casi 6 mil páginas al propio Congreso en que describe con lujo de detalles las infernales torturas que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aplicó a cientos, si no es que a miles, de prisioneros en sus mazmorras, por supuesto en la más agresiva violación de los derechos humanos que se pueda imaginar. El habitual acusador de convierte así en el principal de los acusados. Vale la pena recordar, incluso, que en el actual informe del Partido Demócrata se olvida una de las principales conclusiones que los mismos demócratas habían enviado al Congreso desde 1989, diciendo que las técnicas inhumanas físicas o sicológicas (que ha aplicado la CIA, a lo largo de los años) son contraproducentes porque no originan inteligencia nueva y probablemente originan falsas respuestas.

Los miembros demócratas del Senado que participaron en los estudios del programa post-septiembre 11 concluyeron con una idéntica apreciación: “Las torturas como el ‘ahogamiento’, la desnudez, el calor o el frío extremos producen muy probre información de valor para prevenir el terrorismo”. Valdría la pena señalar, según la apreciación del New York Times, que no obstante la opinión de especialistas calificados de la propia CIA, de que las torturas aplicadas producían muy pobres resultados, los altos mandos de la compañía siguieron repitiendo ante el Congreso y ante los periodistas de Estados Unidos y del mundo que sus técnicas producían brillantes resultados.

En la práctica, el conjunto de las torturas practicadas por las que resultan claras responsabilidades, según el informe de los congresistas demócratas sobre la CIA, es que su personal se precipitó en múltiples ocasiones a detener a personas, para ejecutar su programa secreto de prisioneros, considerando a personas simplemente sospechosas de algún vínculo con Al Qaeda. Hasta septiembre de 2011 se supone que el gobierno de Estados Unidos condenaba oficialmente a las detenciones secretas como violatorias de los derechos humanos básicos. Lo mismo ocurrió con la tortura. En su prisa por evitar otro ataque terrorista de dimensiones como el de las Torres Gemelas, los agentes de la CIA pusieron absolutamente de lado tales principios.

Sin embargo, abogados dedicados a las cuestiones de derechos humanos calculan que, de hecho, fueron detenidas equivocadamente muchas más de las 26 personas (que consigna el comité demócrata que elaboró el informe). De hecho, un directivo de Amnistía Internacional afirma que un considerable número de personas fue sometido a injustos sufrimientos por arbitrariedad de personal de la CIA que actuaba con una prepotencia ilimitada. Por ejemplo, reporta el New York Times, Laid Saidi, un argelino confundido con un afgano, fue detenido en Afganistán durante 16 meses, se le sometió a incontables baños helados y a 66 horas de sueño de pie, antes de ser liberado porque la CIA encontró después que no era la persona que creía tener en sus manos. Los detenidos frecuentemente permanecían en custodia durante meses, antes de que la CIA concluyera que no encajaban en los estándares del documento firmado por Bush.

Empleados de la CIA y militares, lo mismo que contratantes privados, detenían ilegalmente, torturaban y abusaban de prisioneros, algunos peligrosos, pero también de otros que jamás debieron ser detenidos. Ninguno debió lidiar con semejantes procedimientos ilegales y evidentemente vergonzosos. Los carceleros y los torturadores evidentemente recibían órdenes que descendían desde el presidente George W. Bush; del vicepresidente Dick Cheney; del jefe de la CIA en aquellos años, George Tenet, y del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, entre otros. ( New York Times, 13/12/14).

La insistencia y el crédito por esta denuncia ya conocida parcialmente, pero que ahora sale a la luz, se debe en buena medida a la senadora demócrata Dianne Feinstein (de California, que preside el Comité de Inteligencia del Senado) que a decir verdad, no siempre ha estado del lado de la clara defensa de los derechos humanos y del pueblo, pero que, en este caso, desplegó una admirable energía en la investigación de los abusos, detenciones ilegales y torturas de los prisioneros de la CIA, esforzándose igualmente hasta lo indecible para hacer público el informe, no obstante la oposición de buena parte de congresistas, incluso demócratas, y de la propia Casa Blanca. Después de esta exhibición de arbitrariedades, abusos y violaciones a los derechos humanos, muchas veces a escala masiva, resultaría grotesco que Estados Unidos siguiera ostentándose como el paladín defensor de estos derechos, aunque por el cinismo que lo ha caracterizado tantas veces en su historia no debiera sorprendernos que vuelva a las mentiras impúdicas y siga sosteniendo, como ha hecho ahora, que esas torturas, ilegalidades y abusos se llevaron a cabo para salvar otras vidas estadunidenses, además sosteniendo que tales órdenes provenientes del presidente de Estados Unidos, por ese simple hecho, dejaban de ser ilegales y se inscribían sin más en el orden civilizatorio del mundo contemporáneo. Esto último sí con visos de verdad para demostrar una vez más hasta qué punto la civilización contemporánea se encuentra corrompida y falsificada por los poderosos y ricos de este mundo.

La corrupción, la falsificación y la mentira de las autoridades gubernamentales, podemos concluir en México en estos desdichados tiempos, no son de la exclusividad de nuestro país sino también parte constitutiva de otros gobiernos, aun de aquellos que se ostentan mentirosamente como plenamente respetuosos del derecho, como nuestro vecino del norte.