Despojo en Coyotepec
Gloria Muñoz Ramírez
L
a batalla por el agua cobra vidas. Esta semana fue asesinado José Isabel Cervantes, nahua defensor del líquido en el municipio de Coyotepec, estado de México. Dieciocho puñaladas recibió el cuerpo que después fue arrojado a un pozo. El posible trasfondo del asesinato y del continuo hostigamiento a los pobladores de Coyotepec es el despojo de tres pozos de agua potable que se encuentran bajo su administración por usos y costumbres.
Asesinaron a uno de los habitantes con más arraigo en la comunidad, incluso era un puente de comunicación entre las diferentes posiciones y, ante todo, siempre defendió la autonomía del agua, informó Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en una entrevista con la reportera Carolina Bedoya.
Para quitar a la población de en medio y apropiarse del uso y disfrute de los pozos, el ayuntamiento de Coyotepec denunció una deuda histórica de al menos 26 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que la paraestatal interrumpió en octubre pasado el fluido a las bombas que extraen el agua de los pozos comunitarios. El servicio fue reconectado luego de meses de reclamos, pues un juez ordenó que, independientemente del adeudo, la empresa estaba incurriendo en una violación a los derechos humanos. José Isabel Cervantes, de 42 años, formó parte de la estructura organizativa de la administración del agua. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se refiere a él como
una persona muy tranquila, que no confrontaba a nadie; no era de los rostros más visibles en la defensa del agua, y por eso su asesinato causó mucha confusión. Es el tercer hombre que asesinan en estos tres años de lucha. La intención del gobierno municipal es quedarse con la administración del líquido para, dicen los pobladores, llevársela a los fraccionamientos vecinos.
El hostigamiento a los pobladores de Coyotepec, en especial a los del organizado barrio de Chatongo, de donde era originario José Isabel, se recrudeció desde el pasado 3 de febrero, con cuatro ataques protagonizados por más de 100 personas que, aseguran los habitantes, fueron contratadas por el alcalde Alfredo Anguiano para golpear a quienes obstaculizan la municipalización del agua. El Centro Zeferino Ladrillero documenta un ataque más, perpetrado el pasado 19 de enero contra Tomás Mezas García, presidente de la Administración de Agua Potable de Coyotepec, a quien golpearon y privaron de su libertad, exigiéndole firmar un documento de renuncia y la entrega de las oficinas que ocupan. El derecho al agua, a la autonomía y a la vida es lo que se está jugando en Coyotepec.
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