Víctor M. Toledo
E
n un acto sin precedente, el 9 de agosto de 1974, el presidente estadunidense Richard Nixon renunció a su cargo, tras dos años de una investigación periodística en que se develó una operación ilegal, orquestada por el presidente y varios colaboradores cercanos para realizar espionaje al Partido Demócrata. Al menos siete funcionarios o colaboradores fueron acusados y sentenciados por conspiración, robo, espionaje telefónico y violación de leyes federales. Este caso, conocido como Watergate, cimbró al mundo, pero también puso a prueba y fortaleció la democracia estadunidense. Dos periodistas del Washington Post, en nombre de la decencia ciudadana, lograron destituir al presidente de la mayor potencia del mundo. El ejemplo quedó grabado para siempre en el libro de la democracia.
Cuatro décadas después, el tiempo transcurre pero no pasa. El periodista Jorge Ramos, conductor estelar de Univisión, declaró públicamente la semana pasada en un acto de la revista Time en Nueva York, visto en todo el mundo, la necesidad de abrir una investigación independiente al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, señalado de ser responsable de diversos actos de corrupción, y especialmente del caso de la llamada Casa Blanca, que lo sitúa junto con su esposa en un aparente conflicto de intereses. Aderezando este hecho, pues Jorge Ramos fue galardonado como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo por aquella revista, el domingo antepasado el semanario Proceso reveló la existencia y describió con sumo detalle otra masacre, esta vez en Apatzingán, Michoacán. Este descubrimiento, que permaneció ausente como noticia relevante en todos los periódicos del país, se vino a situar junto con Tlatlaya y Ayotzinapa como parte de un nuevo triángulo de la ignominia. Tres hechos vergonzosos de violación suprema a los derechos humanos y de complicidad de los más altos dirigentes del país. Si los militares que asesinaron impunemente a 12 ciudadanos en Tlatlaya fueron vanagloriados en un discurso público por el actual gobernador del estado de México –y el procurador general de la República dio por cerrada la investigación de los muertos y desaparecidos durante los sucesos de Ayotzinapa–, quien fue el responsable aparente de la masacre de Apatzingan, Alfredo Castillo, e igualmente divulgó un escenario falso, fue recientemente respaldado y favorecido con un nuevo puesto por el mismísimo Presidente de México.
Pero además de los conflictos de intereses y la complicidad aparente con al menos tres masacres, existe un tercer suceso que ubica al Presidente de México en una situación vulnerable. La tercera línea para una posible revocación moral de mandato es mucho más grave y seria que las dos anteriores. Están aún pendientes de aclarar los orígenes de los fondos millonarios utilizados en 2012 por el actual Presidente y su partido. En el Sorianagate, monederos electrónicos por un total de 2 mil 294 millones fueron masivamente utilizados los dos días posteriores a las elecciones. En elMonexgate, el grupo financiero Monex emitió 100 mil monederos electrónicos que fueron utilizados por operadores del PRI por un total de 160 millones de pesos.
En cualquier país del mundo con una mínima democracia representativa, estas tres líneas de investigación sobre las autoridades deberían ser aceptadas como algo normal, y ejecutadas por las cámaras de representantes (diputados y senadores) y por el máximo órgano judicial (Suprema Corte de Justicia) y/o por los organismos defensores de los derechos humanos o sencillamente por ciudadanos independientes que se organizan. En contraparte, y aunque no exista en el país la revocación de mandato (impeachment), el Presidente y cualquier otro funcionario público deberían estar presentando sus renuncias como un acto elemental de congruencia y decoro.
En las semanas recientes, la sociedad civil ha imaginado iniciativas para lograr lo anterior. Este ha sido el caso de los ciudadanos y organizaciones que trabajan para promulgar una nueva Constitución, y más recientemente la iniciativa que artistas, políticos e intelectuales hicieron pública para incluir durante las votaciones del 7 de junio próximo una boleta extra en la que los ciudadanos expresen su demanda de que el titular del Ejecutivo renuncie (ver).
Mientras, la temperatura de la fuerza del sector más consciente, honesto e informado del país sigue en aumento. Una energía que se acumula y que tarde o temprano logrará que las aguas congeladas de la ignominia se conviertan en los ansiados vapores de la democracia.
Para Carmen Aristegui, con respeto y admiración
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